España está experimentado una gran recesión perfectamente comparable a la de 1929; desde finales de 2007, nuestra economía se ha reducido un 2,7% y sufre una excepcional tasa de paro, superior al 26% (estas son las cifras oficiales, su exactitud y relevancia sería objeto de otro comentario).

En este contexto, casi cada semana salen a la luz nuevos casos de corrupción cuyos protagonistas, de todos los partidos que han alcanzado algún poder político, son reprobados por sus oponentes. Al tiempo, los presuntos comportamientos irregulares o corruptos son minimizados por los correligionarios del protagonista de cada caso.

Así, en la ciudadanía se ha extendido la idea de que la responsabilidad la tiene “el sistema”, que todos los políticos son corruptos, que incluso los políticos forman una “clase política”, una  “casta” diferenciada del común de los españoles, privilegiada y corrupta.

La reacción habitual de los políticos ante el conjunto de casos o investigaciones judiciales ha tenido dos variantes. La primera es el apoyo incondicional a los propios y ataque a los ajenos, hasta el punto de que la frase “poner la mano en el fuego” se ha convertido en un contenido habitual de los periódicos (y en motivo de chanzas como que la defensa de la sanidad pública está motivada principalmente por las unidades de quemados). La segunda, indirecta, es afirmar que el comportamiento de los políticos no es sino una muestra representativa de la sociedad española. De la cultura madre de Rinconete y Cortadillo, Pablos el Buscón, el Lazarillo de Tormes y en general del género de la picaresca.

No estoy en absoluto de acuerdo con esta interpretación. Entiendo que las élites políticas en España son el resultado de un proceso progresivo de autoselección.

¿Qué es la autoselección?

Los seres humanos elegimos según nuestras preferencias y convicciones. Pero también según los incentivos que recibimos. Este “incentivo” es probablemente el concepto más poderoso en el estudio de la economía. Un incentivo es cualquier circunstancia o consecuencia probable que aumenta la propensión a actuar de una determinada manera. Cuando esa elección incluye la permanencia o salida de un grupo, y se repite una y otra vez, las características de los componentes del grupo se van haciendo cada vez más homogéneas y, a su vez, más divergentes de la población de la que surgió ese grupo. Los toreros son, en general, valientes (afrontan el miedo), y los militares disciplinados, los comerciales extrovertidos, etc. De todos los que entran a formar parte del grupo, aquellos que reúnen las características más acordes con el esquema de incentivos que afrontan son los que permanecen con el transcurso del tiempo.

Esta idea no es nueva en el análisis económico de las organizaciones. La autoselección o modelo de Roy (como le llaman los economistas y enunciado por primera vez en 1951) está en la base del modelo de Salida, Voz y Lealtad de Albert Otto Hirschman, fallecido el pasado 11 de diciembre. Este modelo contempla las opciones del individuo cuando la organización a la que pertenece difiere del marco conceptual o de valores que previamente compartían. Y se reducen a tres: salir del grupo, expresar su discrepancia (con el riesgo de la exposición pública, la expulsión y el ostracismo), o callar y aceptar el nuevo marco de la organización (lealtad).

Sendos estudios sobre las actitudes, compromiso y expectativas de los jóvenes afiliados a organizaciones políticas en Europa (The Future of our Democracies, Bruter y Harrison, 2009) y en Chile  (Estudio de la élite política emergente. Vicente Espinoza y Sebastián Madrid, 2010) refuerzan el concepto de autoselección cuando analizan la salida de los jóvenes de las organizaciones políticas a las que previamente pertenecían. En concreto, y centrándome en el estudio Chileno, los motivos más poderosos por los que los jóvenes abandonarían la organización política a la que pertenecen son, y por este orden, los cambios en la doctrina política que guía el partido, la existencia de corrupción en las élites del mismo y la ineficacia de la militancia (no ser tenidos en cuenta o no lograr puestos de decisión).

Pero, ¿por qué se habría de dar una autoselección más intensa en España? De nuevo por el sistema de incentivos. Sin entrar en excesivo detalle, el conjunto de nuestra normativa legal, partiendo de la Constitución del 78, otorga un gran poder a la ejecutiva (cúpula de la estructura) de los partidos. Es ella la que decide las listas electorales (quiénes se presentan a las elecciones -cerradas-  y en qué orden se les nombra -bloqueadas-). Esta decisión de listas es aún más poderosa de lo que pudiera parecer porque las circunscripciones son provinciales (plurinominales), y el votante elige siglas, no nombres. De este modo la lealtad del candidato no es con los electores, sino con quien le puso en la lista (y lo suficientemente arriba como para ser nombrado).

De esas listas, tras las elecciones, surge el poder legislativo, y del legislativo surge el ejecutivo (el candidato a la presidencia del gobierno es siembre el cabeza de lista de la circunscripción más importante) y el judicial (su cúpula, el Consejo General del Poder Judicial, surge del legislativo y la fiscalía depende del ejecutivo). Recordemos la famosa expresión de un ex vicepresidente del gobierno: Montesquieu ha muerto. Esta es la estructura de incentivos que reciben nuestros políticos electos: todo poder designado en última instancia proviene del aparato del partido.

Decía antes que los que permanecen en el grupo son los más acordes a los incentivos que reciben. Que de las tres opciones del “disidente interno” son la salida (autoselección), la queja (voz, que le condenará al ostracismo interno, reforzando la autoselección) o la lealtad (aceptación).

La conclusión es, por supuesto, que nuestras élites políticas no son una muestra representativa de nuestra sociedad, sino una autoselección progresiva de aquiescentes y fieles al liderazgo. Siendo así, poco cambio y regeneración podemos esperar si no cambiamos el sistema de incentivos que reciben.