El concepto de “incentivo”, que tanto repito en mis textos en esta casa, es en mi opinión el más poderoso en el estudio de la economía, su herramienta de análisis más calado.

Entendámoslo:

“Un incentivo es cualquier circunstancia o consecuencia probable que aumenta la propensión a actuar de una determinada manera”

Del concepto del incentivo llegamos a una ley básica del comportamiento humano: “las personas responden a los incentivos”. Cada ciencia humana (psicología, economía, etc.) la enuncia de una manera distinta (ningún comportamiento perdura si no se refuerza, los actores económicos responden a los incentivos), y todas las formulaciones son correctas. La ley es universal.

Costes inciertos

En la literatura de la gestión es una visión asumida desde hace casi cien años, que “el empresario tiene unos costes ciertos y unos ingresos inciertos que dependerán de que sus previsiones se cumplan o no”. Aunque no tan a menudo somos conscientes de que los costes también están sometidos a incertidumbre.

Bien sabemos que hay costes sometidos a riesgo, como por ejemplo el precio de nuestras materias primas. La innovación estadística, actuarial y financiera nos han ayudado a afrontar (cubrir) ese riesgo con diversos productos. Los mercados de futuros o los mercados de seguros son dos ejemplos  de ello.

Pero también encontramos costes sometidos a incertidumbre, costes cuya probabilidad de aparición es desconocida y no es posible cubrir su ocurrencia. El ejemplo típico son los costes derivados de la normativa (costes para conocerla y costes para cumplirla) y los costes derivados de la incertidumbre de régimen.

Toma de decisiones

Con estos dos puntos bien claros podemos entender fácilmente que los costes inciertos suponen también un incentivo para el comportamiento económico. Entendamos que no les hablo de UN coste incierto en concreto, UNA persona concreta y UNA ocasión concreta. Hablo de que aumenta la propensión a actuar de forma que lo evite o reduzca su influencia.

Sucede, además, que no hay manera calcular a priori el efecto de ese coste incierto. Se puede calcular el importe, el valor monetario, el impacto de ese coste en el caso de que suceda, pero NO la probabilidad de que ocurra. Dicho de otra manera, es imposible realizar un análisis cuantitativo del impacto de un coste incierto.

Que no se pueda demostrar matemáticamente no nos autoriza a ignorar sus efectos. Recordemos el error que supone realizar análisis cuantitativos tomando por homogéneos objetos de estudio que no lo son, como vimos en este post. Pues bien, el error recíproco es no realizar análisis de objetos de estudio homogéneos por no poder hacerlos desde una metodología cuantitativa.

“Sé que nos fascinan los números. Sé que nos molan las matemáticas. Que algo sólo sea operable lógicamente no lo hace falso, sólo abstracto”

SimónGRT

Vayamos a un caso: beneficios sociales

Imaginemos, y no nos costará mucho, que alguien contempla una relación contractual y que en esa relación contractual cree identificar una parte fuerte y una débil. Esa identificación se basará (según mi experiencia) en el tamaño relativo de las partes; se atribuirá fortaleza al contratante de mayor tamaño económico y debilidad al de menor tamaño. Así, una empresa será siempre más fuerte que un trabajador o un consumidor, y un contratante pobre será siempre más débil que uno rico.

Lo anterior es un error, puesto el poder de negociación de una parte depende de la existencia de opciones viables a ese acuerdo para la otra. Lo formularé de forma distinta: el poder de negociación de un agente económico depende de la escasez relativa de aquello que aporta al acuerdo. Su plasmación es el precio de la transacción una vez pactada.

Pero esta persona identifica mal el poder de negociación y, lo que es peor, aboga por crear legislación para intentar equilibrar ese poder de negociación incorrectamente identificado. Este es el segundo error.

El tercero es no ser consciente de que dicha legislación siempre (SIEMPRE) genera costes en el tráfico económico, y no ser consciente de que creando mayores costes se reduce la actividad económica.

Pensemos en cualquier normativa que introduce “beneficios sociales” a los miembros de un colectivo… adjudicando el coste a su contraparte (empleador) en el contrato. El resultado probable es, una vez más, que el empleador interiorice ese coste al contrato bien ofreciendo un precio (sueldo) inferior, bien reduciendo su contratación de personas de ese colectivo.

Porque la regla de decisión del empleador será el coste total subjetivo de ese pacto, no el sueldo neto y objetivamente observable.

En España, con muchos costes sometidos a incertidumbre adjudicados por ley al empleador, y sueldos (precios del acuerdo) que no pueden bajar a causa de los convenios colectivos, muchos trabajadores se ven expulsados del mercado laboral, especialmente los menos formados o productivos.

Error alternativo. Los incentivos a la contratación y el despido de Bastiat

Supongamos ahora que la persona del ejemplo, tras su errada percepción del poder de negociación en el acuerdo, propone una solución diferente. Supongamos que propone instaurar “incentivos a la contratación”, rebajas de impuestos o directamente subvenciones a quienes contraten a esa parte débil. En este caso (recordemos a Bastiat), si se aplica a muchos contratos, el coste se traslada al conjunto de contribuyentes y, en menor medida, al resto de trabajadores.

Por un lado se trasladarán contrataciones a este colectivo, contrataciones que se iban a realizar igualmente, por el abaratamiento relativo de contratarles. Por otro lado recordemos que se estará destruyendo empleo mediante los impuestos necesarios para financiar estas medidas. Ocurre que estos dos efectos suponen lo que no llega a ocurrir –lo que no se ve –, y por tanto no son matematizables.

Hay un tercer efecto. El fin de la subvención o del incentivo a la contratación… están a menudo sometidos a incertidumbre. Es decir, que el empleador no sabe si/cuándo acabarán, y no puede repercutir esa incertidumbre al empleado (ajustando a la baja el sueldo cuando ocurra, si es que llega a ocurrir). Su comportamiento estratégico será evitar una contratación indefinida (aún más) o no responder al incentivo contratando preferentemente a estas personas.

“Hell is paved with good intentions.”

Samuel Johnson

No parece, en fin, que los destinatarios de los “incentivos a la contratación” vayan a salir beneficiados por su existencia, salvo a costa de otros trabajadores.

Haciendo zoom out

El estado, entendido como “una enorme compañía de seguros con ejército y policía” (Ezra Klein), puede perfectamente actuar como reductor de los costes sometidos a riesgo, aunque no todos. Estudiar qué costes sometidos a riesgo puede reducir, cuáles no, y qué incentivos genera cada intervención concreta sería objeto de una tesis doctoral… o de muchas.

Pero entiendo que yerra sistemáticamente al abordar los sometidos a incertidumbre. La intervención al uso consiste en asignar quién los sufraga… entre los agentes privados de cada contrato, no en “socializar a priori” esos costes.

Un apunte: Del mismo modo que podemos identificar mercados con demandas altamente inelásticas buscando qué productos están gravados con impuestos especiales, podremos identificar costes sometidos a incertidumbre buscando medidas legales que asignen riesgos a una de las partes del contrato.

¿Qué ocurriría si la ley no asignase del riesgo? En la interacción humana, siempre que la asignación sea explícita, el riesgo sometido a incertidumbre lo asume espontáneamente la parte para la que ese coste, una vez materializado, sería menos gravoso. Y el precio refleja esa asignación de costes. Lo anterior, por supuesto.

Cuando la ley asigna el riesgo, no necesariamente coincide con esa asignación espontánea y, además, no se puede saber quién lo habría asumido. Es decir, que o bien la ley en cuestión no tiene efectos, o bien genera costes (más allá de los derivados del conocimiento de la norma) e ineficiencias.

Entonces, ¿por qué se generan esas normativas? De nuevo, cuestión de incentivos. La toma real de decisiones políticas deriva esencialmente del mercado electoral. La decisión de intervenir se toma en base a la repercusión electoral, y no de las relaciones de poder de negociación de los actores. La política tiende a atribuirse la generación de los beneficios (exención del coste sometido a incertidumbre) repercutiendo dicho coste, no a través de los presupuestos públicos (socialización del coste) sino a la contraparte privada.

Después, y sólo después, entran los matices de negociación de los actores implicados. Aún diría más, el caso español recuerden el lobbismo castizo que tan bien ha sido descrito en esta casa.

El círculo vicioso

Recordemos esa persona que contemplaba una relación contractual, identificaba (erróneamente) una parte fuerte y otra débil. Muy probablemente reclame o apoye una normativa la que cierre dichas diferencias de fuerza, que entienden y sienten como terriblemente injustas. Recordemos que entienden que existe una discriminación que debería desaparecer.

En el caso en que logren integrar en la legislación medidas tendentes a compensar esas diferencias observadas, estarán generando un coste añadido a la contratación con los supuestos beneficiarios de las mismas. El resultado probable de un coste añadido (del encarecimiento artificial del producto o servicio objeto del acuerdo) es, por supuesto, bien la reducción del precio que se pactará (el sueldo, por ejemplo), bien del tamaño del mercado de esa actividad (más paro no deseado para los supuestos beneficiarios de la medida).

Si el nuevo coste generado está sometido a riesgo, podrá ser cubierto mediante instrumentos financieros (de nuevo, si la normativa no lo impide), y sus efectos serán limitados. Pero si el nuevo coste generado está además sometido a incertidumbre, los efectos serán más amplios y el perjuicio generado a los supuestos beneficiarios, mayor.

En este caso la nueva normativa no sólo no cumple sus objetivos, sino que el comportamiento de los agentes hace que la situación sea aún peor que antes a ojos de nuestro observador bienintencionado. Solicitará, en consecuencia, medidas aún más duras y contundentes en el mismo sentido que las anteriores. Medidas que entiende y siente todavía más acuciantes y necesarias ahora. Medidas que, muy probablemente generarán los mismos resultados indeseados.

Es un típico caso de profecías autocumplidas, generadas por la incomprensión del “profeta” de la realidad que observa.

«valoro las políticas por sus consecuencias probables, no por sus intenciones declaradas»

SimónGRT

Imaginemos, y no nos costará mucho, que alguien contempla una relación contractual y que en esa relación contractual cree identificar una parte fuerte y una débil.

A menudo vemos cómo, al observar esas diferencias y entenderlas bien con un origen cultural, bien como inexplicables, personas sensibles y bienintencionadas reclaman que sea combatido o compensado.

¿Esto no lo estudia nadie?

Por supuesto que estos procesos y relaciones se estudian. Por supuesto que herramientas como los mercados de predicciones y el BigData nos sirven para aproximarnos a la valoración que damos a los costes de riesgos derivados de incertidumbre. Por supuesto que expertos como Nassim Taleb les prestan atención. Y mucha.

La dificultad aquí es que estos costes son finalmente una pequeña parte de los que hay que analizar para entender un sistema complejo. Vean por ejemplo esta reciente controversia en NadaEsGratis.

Por ejemplo, al tratar de analizar las diferencias de sueldos y retribuciones entre los miembros de un colectivo y la población general, llegamos a un punto en que no podemos modelizar matemáticamente una parte de lo observado: errores de medición, factores culturales, o la influencia de los costes sometidos a incertidumbre y adjudicados unívocamente a una de las partes.

Sucede que, al no ser posible un análisis matemático, o bien se desdeña la influencia de estos costes sometidos a incertidumbre (se asigna al ruido del modelo) o bien se asigna esa influencia a factores culturales.

Cierto error de medición es inevitable. Factores culturales existen e influyen, por supuesto. Pero existe la tentación de usar estos conceptos como cajón de sastre donde tirar todo lo que no cuadra en el modelo matemático. Todo lo que no es matematizable.

Veamos un ejemplo: las diferencias observadas en los sueldos entre hombres y mujeres, o discapacitados y población general. Hacer una burda y grosera comparación del sueldo promedio en ambos colectivos es, en mi opinión, mentir con números. Analizar las diferencias en la composición de los grupos que constituyan factores objetivos (área de la formación académica, nivel de formación, jornada, años de experiencia, años de carrera profesional, años de antigüedad en el puesto -son tres cosas distintas-, expectativa de que el trabajador permanezca en el mismo, disponibilidad, habilidades,…), nos dejará una parte (mucho menor) de dicha diferencia sin explicar.

Atribuir la diferencia en sueldos todavía no explicada a un sólo factor (la cultura, por ejemplo) es un error. A veces un error interesado. Adjudicar lo que no entendemos a “factores culturales” proporciona una coartada intelectual para la intervención; intervención  que desemboca a menudo en que aquello que no entendíamos tiene ahora una dimensión mayor.

¿Y cómo estimar la influencia de la “asignación forzosa de los costes sometidos a incertidumbre”? Recurriendo a un experimento natural. Los factores objetivos dejan la brecha salarial en un 5% en EEUU, de modo que habría que buscar dos estados con legislaciones diferentes y una cultura altamente homogénea. Un experimento natural similar al que comenté aquí sobre el gasto público y su contención.

En España, el gap salarial entre hombres y mujeres no explicable por factores objetivos es del 7-10%. De él, ¿cuánto se puede atribuir a factores culturales y cuánto a gestión de costes bajo incertidumbre? Sinceramente, no lo sé.

Coste de uso y no precio de compra

El anterior análisis también tiene utilidad en la empresa privada. Recordemos esta gran verdad:

“El coste de un producto no es su precio de compra, sino su precio de uso”

Richard Deming

El coste asociado al uso de nuestros productos a menudo tiene un componente de incertidumbre. Incertidumbre para el consumidor individual, que no sabe hasta qué punto se verá satisfecho con él. E incertidumbre para nosotros como oferentes que no podemos prever, estimar ni calcular, los costes subjetivos que supondrá el uso de nuestro producto para los usuarios.

Este hecho nos puede llevar a sobreestimar o infraestimar el tamaño del nicho al que nos dirigimos, la eficacia de nuestros esfuerzos por formar al usuario del producto, la capacidad de nuestra comunicación por generar más usuarios, más usos o más uso, etc.

Desde hace unos años tenemos a nuestro alcance un proxy al coste de uso de nuestros productos. La maravillosa posibilidad de escuchar en directo las conversaciones que tienen en Internet los usuarios, sobre nosotros y nuestros productos.

De nosotros depende aprovecharla.

P.D.: Mi profundo agradecimiento a Sebastián Puig y Lilian Fernández por su ayuda y consejo para redactar esta entrada… como tantas otras veces.