Los retos del mercado laboral pueden circunscribirse a dos. A corto plazo, hay que acelerar la creación de empleo. A medio plazo, el mercado laboral deberá ser más estable y eliminar los nichos de inequidad derivados de la cronificación de la contratación temporal. No se puede olvidar tampoco la relativamente reducida tasa de participación femenina, que supone un lastre adicional para converger con el resto de Europa en todos los indicadores de empleo.
El gobierno ha respondido a estas cuestiones con una reforma que hace recaer sobre el trabajo el conjunto de los costes de la flexibilidad introducida. En su reforma, el gobierno conservador amplió los mecanismos de flexibilidad interna en el seno de las empresas para facilitar opciones de ajuste alternativas al despido, si bien ha dejado en último caso la responsabilidad de las decisiones en manos de la empresa. De este modo, si bien amplió el espacio de maniobra para la adaptabilidad de las empresas a las condiciones del mercado, lo hizo transfiriendo todo el poder a la empresa, permitiendo además la toma de decisiones unilaterales.
Asimismo, situó en primer lugar de jerarquía el convenio de empresa, allí donde el peso de los trabajadores es menor, fortaleciendo el carácter monopsonista del mercado de trabajo, es decir el poder de las compañías frente a los trabajadores a la hora de fijar las condiciones laborales. Pero, además, esta aproximación se combinó con una reducción notable de los costes de despido, tanto los económicos como los no económicos. De este modo, no sólo se fortaleció el poder de la empresa en la mesa de negociación ante potenciales disputas entre las partes, al facilitar los mecanismos de flexibilidad interna que pueden ser implementados en último término de manera unilateral por la empresa, sino que además la reducción de los costes de despido ha amplificado aún más la capacidad de presión de la empresa en las propias negociaciones, ante la creciente facilidad para implementar ajustes externos.
De este modo, la reforma del actual gobierno ha logrado un mercado laboral mucho más flexible pero a consta de hacer recaer todos los costes sobre el trabajo. En todo caso, la alternativa progresista no puede ser volver al pasado, sino estudiar la manera de diseñar un mercado obviamente flexible pero donde se garanticen unas condiciones laborales dignas para lo cual es vital una interlocución sindical potente.
En mi opinión, resulta necesaria arbitrar algún tipo de mecanismo para que los trabajadores que se incorporen al mercado laboral con un contrato temporal tengan algún futuro estable. Siguiendo la evolución de los últimos meses, podremos convenir que a medio plazo el porcentaje de trabajadores con contratos temporales será aún mayor que el máximo de la serie en el momento previo a la crisis. Así pues, la dualidad del mercado será aún más pronunciada con una generación de trabajadores sin apenas derechos. Además, aspirar a controlar la naturaleza temporal de tales contrataciones ser hará imposible.
Es vital forzar una canalización de la contratación temporal hacia la indefinida. En este sentido, Una Alternativa Progresista propone aunar todos los tipos de contrato temporal en uno sólo con costes de despido creciente que consolide plenamente con las condiciones de la contratación indefinida en un periodo dado. Este modelo podría habilitar un recargo en la cotización de la Seguridad Social en los contratos temporales que debería ir reduciéndose en el tiempo, contribuyendo interinamente al desarrollo de un «fondo austríaco». En todo caso, a corto plazo, los costes totales de este tipo de contratación no deberían elevarse para facilitar la recuperación del empleo.
Por otra parte, no se debería retornar a la negociación colectiva sectorial-provincial. Este sistema de negociación supone una barrera a la entrada, dificulta la reorientación permanente del modelo de crecimiento y no facilita la flexibilidad en el seno de las empresas, que, en todo caso, debe ser negociada y no impuesta. Ahora bien, si no es deseable retornar al modelo previo que contribuyó a las divergencias entre productividad y salarios, tampoco lo es el nuevo esquema de la negociación colectiva tras la última reforma.
Una opción a discutir pasaría por mantener el peso prioritario del convenio a nivel de empresa junto a un apoyo institucional para facilitar y respaldar la acción sindical en ese mismo nivel, con la existencia de un convenio nacional sectorial en todo caso como última referencia. La flexibilidad de los convenios de empresa es vital, pero también lo es garantizar la interlocución de trabajadores y empresas en la negociación a ese nivel. Así pues, sería necesario impulsar una revisión del marco regulatorio que facilitara la representación sindical, permitiendo unos procesos de negociación equilibrados entre las partes.
En otro campo de reformas, el país necesita una revisión de las políticas pasivas y activas de empleo. El seguro de desempleo debería caminar hacia un modelo con una mayor tasa de reposición en la prestación respecto al salario en los primeros meses y una senda decreciente continua en el tiempo. En todo caso, el modelo puede diseñarse para ser fiscalmente neutro. Además, habría que mejorar el componente redistribuidor del seguro de desempleo. En este sentido, sería razonable mejorar los períodos de protección y la generosidad del modelo para aquellos trabajadores desempleados en edades avanzadas, cuya reincorporación al mercado laboral fuera más compleja.
Por otra parte, las políticas activas necesitan revisar notablemente su financiación y su modelo de organización. Esta reforma continúa siendo una tarea pendiente en el modelo laboral español. El país debería hacer un esfuerzo presupuestario ingente para focalizar una mayor porción del presupuesto nacional en las políticas activas de empleo. Una posible línea de financiación debería proceder de la eliminación de la mayor parte de las bonificaciones a la contratación. Estas políticas no alteran en absoluto el nivel global de empleo, de modo que sólo sirven para influir en el perfil de la contratación pero en ningún caso la motivan. Estas bonificaciones han acabado siendo una subvención gratuita a las empresas.
En otro orden de cosas, sería necesario encuadrar la reforma de las políticas activas y pasivas de empleo en el marco de una apuesta europea para armonizar las regulaciones nacionales e impulsar una normativa comunitaria que facilite la movilidad de los trabajadores, al menos, en el seno de la eurozona.
Por último, sería necesario complementar estas políticas globales de empleo con una mirada de género que ayude a eliminar de una vez la dualidad que aún persiste en el mercado de trabajo y que supone un factor de inequidad pero también de eficiencia para el conjunto de la economía.
Resumen escrito por Jonás Fernández
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