El reciente anuncio de (una nueva) desviación del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas para 2011, hasta el 8,9% del PIB, vuelve a recordarnos que la prima de riesgo que el Sector Público ha de asumir para financiarse no se relajará hasta que la situación estructural de nuestras cuentas mejore. El posterior gráfico muestra con claridad por qué los prestamistas llevan ya dos años (la crisis de deuda soberana comienza en mayo de 2010) desconfiando de España.

En 2007, las cuentas del conjunto de las Administraciones Públicas (que incluyen el Estado, la Seguridad Social, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales) se encontraban en (ficticio) equilibrio. La línea negra discontinua que parte de dicho último equilibrio presupuestario permite observar a golpe de vista que, de nuestro actual déficit, la mitad de la culpa la tiene el aumento de los gastos y la otra mitad la caída de los ingresos. Y la triste realidad es que la diferencia entre gastos e ingresos no financieros (calculo que sí incluye los intereses) es de unos 91.000 millones de euros. Y, si descontamos el pago de intereses (casi 26.000 millones en 2011), ello nos da un déficit primario de algo más de 65.000 millones.

Además, la forma en que normalmente se presenta nuestro déficit tiene un problema de perspectiva. ¿Cuánto suponen realmente esos 91.000 millones de euros anuales? Hablar del 8,9% del PIB esconde en cierto modo la magnitud del problema: el déficit anual de las cuentas públicas en relación a su presupuesto de ingresos, una forma más lógica de expresarlo, es aproximadamente del 24%. El Sector Público español ingresa unos 380.000 millones de euros pero gasta 91.000 millones más. Comparándolo con las cuentas de un trabajador, sería el equivalente a tener un salario de 1.500 euros y gastar cada mes 1.850 euros. ¿Qué banco estaría tranquilo financiando a un trabajador que cada mes cargase 350 euros más en su tarjeta?

Otra forma de poner en perspectiva el déficit es mediante su comparación con distintas funciones de gasto. Este ejercicio solo sirve para hacer evidente que los recortes habrán de ser, por necesidad, extremadamente dolorosos. Uno puede estar muy cabreado con una lista de despilfarros que empieza por la sobredosis de coches oficiales, sigue con las instalaciones deportivas municipales sobredimensionadas y acaba por los aeropuertos vacíos, pero, con todo lo abominable que haya sido la gestión de los recursos públicos durante el boom, lo cierto es que esos gastos hoy se encuentran ya enormemente reducidos al mínimo… y las cuentas anuales siguen sin cuadrar.

Para hacernos una idea de la magnitud del déficit actual (8,9% del PIB en 2011), y a falta de conocer las cuentas consolidadas por funciones, este es mayor que:

• El gasto público total en Sanidad en España (alrededor del 6,5% del PIB)
• El gasto público en Educación (ligeramente por debajo del 5% del PIB)
• Toda la inversión pública (algo menos del 3% del PIB en 2011)
• Los ingresos por IVA del conjunto del Sector Público (el 8,5% del PIB en 2011)

En otras palabras: si erradicásemos por completo tanto la educación como la inversión pública en España… ¡las Administraciones Públicas estarían aún en déficit! (ver aquí datos sobre la composición del gasto público en España durante la pasada década).

Los recortes en sueldos de funcionarios no pueden, además, dar gran resultado, algo fácil de explicar: puesto que la rebaja de sueldo opera sobre los tipos marginales del IRPF (los correspondientes al último tramo en que se encuentra tributando, entre el 28% y el 37% para la mayoría de empleados públicos) y de la Seguridad Social (alrededor del 35%), por cada 100 euros de recorte de sueldos públicos… se pierden unos 65 en impuestos y cotizaciones, para un magro ahorro de 35 euros.

¿Qué sabemos acerca de la evolución de las cuentas en lo que va de 2011? Para empezar, sabemos que estamos de nuevo en recesión y que ello tendrá un pésimo efecto sobre las cuentas públicas.  Por otra parte, y aunque esta información hay que interpretarla con grandes reservas por la volatilidad de los gastos e ingresos públicos a nivel de mes, el adelanto de las cuentas del Estado confirma las malas perspectivas: solo la Administración Central ha acumulado ya, en los tres primeros meses, una necesidad de financiación de 19.700 millones, ¡superior incluso a la del año 2009 y a la del resto de años de la crisis! Repetimos: este último dato hay que tomárselo “con una pizca de sal” debido a la fungibilidad del presupuesto público y las posibles consolidaciones con otras administraciones. Pero desde luego no apunta a nada bueno. El siguiente gráfico muestra las necesidades de financiación de los tres primeros meses del año desde 2009:

¿Hay solución para el Sector Público español?

Quizás la única buena noticia que nos ha traído este trimestre es que la recesión quizás no sea finalmente tan profunda como se preveía. El -0,3 anualizado del primer trimestre nos dejaría claramente por debajo del -1,7% estimado por la mayoría de organismos. Pero, fuera de dicho pobre consuelo y de la resistencia exportadora de nuestros sectores más competitivos, no se vislumbra el final del túnel. Cada nuevo recorte del gasto contrae el PIB (sea el multiplicador del 0,5 o sea del 1,5), cada subida de la prima incrementa el coste financiero de nuestra deuda y la inflación ni está ni se la espera. Y todo ello sin mencionar el posible rescate público de parte de nuestro sistema financiero.

Quizás los tempos de la comunicación política indican que las malas noticias es mejor darlas por fascículos, pero ya es un secreto a voces que España incumplirá flagrantemente sus objetivos de déficit para 2012, y posiblemente también en 2013. Tampoco es novedad que, a estas alturas, cualquier recuperación razonable parece pasar solo por el BCE, el cual, financiando todas las necesidades de gasto (sin grandes recortes adicionales), podría ayudar a poner fin a la espiral de caída de la actividad.

La alternativa a una intervención decidida por parte de Europa es un avance inexorable hacia el impago parcial de nuestra deuda (bien por quita voluntaria o bien por salida del Euro seguida de devaluación). Ahora bien, parece evidente que un evento de estas características no puede ser inminente, y tampoco ningún tipo de “corralito”. El motivo es sencillo: nuestro déficit primario (es decir, aquel que no incluye los intereses de la deuda) es de tal calibre que Europa no sería moralmente capaz de abandonar a España en semejante situación. Vistas en conjunto las actuaciones de política económica en nuestro país (y las distintas opiniones generadas), casi cabría pensar que el ejecutivo es consciente de esta situación y que lleva semanas siguiendo al pie de la letra un manual de Brinkmanship.