Hace unos días cayó en mis manos el Plan de Saneamiento de un pequeño ayuntamiento. Ante la caída de los ingresos municipales y el deficitario resultado de los últimos dos años, el Alcalde proponía al Pleno reducir un 25% el coste del servicio de recogida de residuos, el 50% el coste del mantenimiento de Parques y Jardines, el 10% del coste del alumbrado público, el 30% de los gastos de festejos y las actividades culturales o 5% del servicio de limpieza.
Estas actuaciones exigían la modificación de algunos contratos y se traducían en no recoger un día de la semana la basura, disminuir alguna limpiadora, barrendero o jardinero. Ah! y apagar una de cada diez farolas del concejo. Aquí es donde hemos llegado.
Estas cuentas deberán permitir a muchos ayuntamientos enfrentar un futuro año electoral con limitación de endeudamiento, asumiendo una importante caída de la recaudación así como la devolución al Ministerio de Hacienda de los optimistas anticipos de la Participación en los Ingresos del Estado de los años 2008 y 2009. Todo en medio de las refinanciaciones y aplazamientos de las deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social o – sencillamente- de los gastos sin partida presupuestaria (las famosas facturas del cajón, hasta el siguiente ejercicio)
Muchos ayuntamientos que están afrontando graves dificultades financieras. Eso sí: los gastos corrientes se mantienen rígidos, salvo el recorte salarial del RD-Ley 8/2010. El caso más conocido está en Andalucía, donde el Ayuntamiento de Jerez sufre un gran conflicto laboral por permanente el retraso del pago de la nómina de sus 2.600 funcionarios y la amenaza de un ERE.
Acabada la financiación vía ladrillo, muchos Ayuntamientos están rastreando las transmisiones de suelo (por dación en pago o ejecución hipotecaria) a favor de las entidades financieras. Antes, los empresarios de edificación residencial no tenían capacidad financiera y, por lo tanto, los ayuntamientos no forzaban a los promotores a cumplir los plazos legales de ejecución. Pero tras el desembarco de la banca en el sector inmobiliario no hay razón para que las instituciones financieras no impulsen las promociones de viviendas que generen impuestos y, sobre todo, un aprovechamiento urbanístico destinado a las arcas locales (normalmente el 10% del total edificado). Nuestra legislación prevé consecuencias para el incumplimiento de esos plazos en terreno urbanizable y podría ser expropiado a precio rural.
Colapso
El Ayuntamiento de Palomares del Río, en Sevilla, de 6.000 habitantes, ha suspendido pagos pues sus ingresos cayeron más de un 90% por el pinchazo inmobiliario y su deuda superaba los 6 millones de euros. Barbate (Cádiz) debe 60 millones de euros y, a final del año pasado vio como era cortada la luz en la Casa de la Cultura. Huévar de Aljarafe (Sevilla) debe varios meses de nóminas; en San Roque (Cádiz), 63 encargadas de la limpieza de los colegios e instalaciones municipales se encerraron por los retrasos en el cobro de sus nóminas.
En Castilla y León, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, vaticina: “Estoy seguro de que veremos ayuntamientos en quiebra técnica en la Comunidad en el próximo año”. En la Comunidad de Madrid, su presidenta, Esperanza Aguirre, acaba de declarar que varios ayuntamientos, la mayoría de pequeño tamaño, están en una “situación límite”.
En Navarra, el informe de la Cámara de Comptos sobre el sector local-2007 concluye un empeoramiento de la situación financiera de los entes locales respecto al ejercicio 2006, dado que disminuyó el ahorro bruto, el remanente de tesorería para gastos generales y aumentó la deuda viva. Y eso que lo peor de la crisis estaba por llegar. En 2011 la situación será peliaguda: el modelo de financiación local va con dos años de retraso, y los ayuntamientos deberán devolver entonces, sin recurso al crédito, el dinero que el Ejecutivo central les transfirió de más en 2009.
Valencia, 2008
La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana acaba de entregar a las Corts, el Informe sobre la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente a 2008. Es el primer documento oficial sobre el agregado de los presupuestos municipales liquidados dentro el escenario de la crisis económica.
Había mucha curiosidad por conocer la tendencia real de los presupuestos locales y extrapolar la situación presentada al resto del Estado español. Por lo pronto, la prensa valenciana titula que los municipios quintuplicaron su necesidad de financiación hasta los 185,4 millones de euros. En 2006, en plena bonanza económica, los ayuntamientos valencianos cerraron el ejercicio con una sólida capacidad para financiarse: 356 millones de euros. En 2007, tras sufrir las primeras consecuencias del frenazo económico y la consiguiente falta de ingresos, ya necesitaban 32 millones de euros, con 156 municipios en déficit y 107 con la liquidación de tesorería negativa.
Ahora, se detecta un peligroso descenso del resultado presupuestario y del remanente de tesorería; mientras que el gasto por habitante y el endeudamiento por habitante han aumentado. Un terreno resbaladizo, aunque los optimistas dirán que se esperaba peor.
El Informe refleja el “empeoramiento” de la situación de los municipios. Así, el resultado presupuestario ajustado agregado ha descendido un 38% respecto al año anterior y un 52% respecto a 2006, hasta situarse en 188,97 millones de euros al cierre de 2008. Además, 179 municipios de los 499 (casi el 36%) tienen un resultado negativo.
El remanente de tesorería, que constituye una magnitud fundamental, ha disminuido un 9%, hasta 1.080,37 millones. Del total de municipios, 144 liquidaron sus cuentas con remanente de tesorería negativo para gastos generales.
El indicador de capacidad o necesidad de financiación ha multiplicado por 5,6 las necesidades financieras de los ayuntamientos. Así, en 2007 esta necesidad se valoraba en 32,56 millones de euros y ha pasado a 185,40 millones en 2008. Por último, el endeudamiento por habitante se ha situado en 504 euros en 2008, lo que supone un 5% más que el ejercicio anterior.
Antonio Arias Rodríguez. Síndico de Cuentas del Principado de Asturias.
