Por mi actividad diaria me tengo que desplazar unos 4.000 km mensuales por autopistas. Tengo bastante bien medido lo que supone esto en mi vida laboral y la repercusión que tiene en cuanto a tiempo, coste de oportunidad y costes que van a la cuenta de resultados. Y como lo tengo bien medido puedo hacer una primera evaluación de la medida que acaba de adoptar el gobierno central de reducir la velocidad máxima de los 120 a los 110 km/h en las autopistas. Veamos algunos datos.
Por carretera, mi coche me dice que, cuando voy en autopista a 120 km/h, mi consumo es de 6,2 litros cada 100 km. Esto hace que al recorrer 4.000 km al mes mi consumo en carburante (diésel) es de 248 litros. Vamos a suponer un precio de 1,3 €/litro, lo que convierte mi consumo de combustible en un gasto mensual de 322,4 €. Un tema importante para mí es que para recorrer esos 4.000 km al mes tengo que estar en mi coche la friolera de 33 horas y 20 minutos… ¡casi nada! Esa cantidad la tengo que “restar” de mi productividad, es decir, de los proyectos que logro, de los que ejecuto en un mes y de mi actividad profesional ordinaria que desarrollo. Los desplazamientos son una ineficiencia, costosa, que tenemos que soportar. Es un coste que merma la rentabilidad de lo que haces como profesional, al menos en mi caso como consultor en el ámbito de la empresa y la economía.
Ahora el gobierno limita la velocidad en 10 km/h en autopistas. Y esto tiene claras repercusiones, y los números así me lo indican. Hagamos caso al gobierno, reducir esa velocidad te va a permitir consumir un 11% menos de combustible (en el caso del diésel, del 15% en el caso de la gasolina). Eso suena bien, en mi caso supondría ahorrar unos 25 litros en un mes, que a 1,3 €/litro es una cantidad nada despreciable: 32,24 euros.
¿Y ya está? Pues no. Hay costes de los que aquí nadie habla y, sin embargo, son absolutamente cruciales. Ahora recorrer los 4.000 km al mes me va a llevar 3 horas más al mes. ¿cuánto valen 3 horas al mes?Ahí cada cual que ponga su hora, pero me temo que más de 10,74 €/h. Mientras yo estoy trabajando, sé que una hora en el coche es una hora que no estoy ejecutando proyectos, que no estoy haciendo labores comerciales o, simplemente, que no estoy en una playa tomando el sol. Una hora en el coche tiene un coste de oportunidad, tiene alternativas. Y, en mi caso, esas horas tienen un coste de oportunidad de 42 €/h, en ocasiones mucho más, pero vamos a suponer un momento «valle». Reducir 10 km/h la velocidad me generaría un coste neto adicional de 93,76 € al mes. Por lo tanto, estoy contribuyendo a la reducción de la factura energética a cambio de empeorar mis indicadores de productividad y mi ineficiencia.
Para no tomarme yo como único ejemplo, cojamos la remuneración bruta por asalariado en España, el último dato del Instituto Nacional de Estadística, que asciende a 22.400 €. Y supongamos una jornada de 40 horas a la semana durante 11 meses (uno de vacaciones), es decir, 1.760 horas al año. La remuneración por hora media es de 12,72 €. Por lo tanto, alguien que utilice un vehículo para trabajar, de forma intensa, el gobierno le acaba de imponer una merma de su productividad del 18,43% en cada hora perdida con motivo de la reducción de la velocidad máxima.
La conclusión fundamental es que se está sustituyendo un coste macroeconómico por una merma en la productividad de aquellas actividades que usen el coche.No obstante, llama la atención que en un sistema de precios que responde tan rápidamente a la subida del crudo, el gobierno no haya pensando en que sólo la subida de precios, gracias al coste de oportunidad, hará que los ciudadanos se piensen mucho más el uso del coche (buscando alternativas más baratas) y se adopten medidas individuales más “inteligentes” por parte de los usuarios adaptándose a sus circunstancias singulares: aquellas personas que valoren mucho su coste de oportunidad y pueden ir a 120 km pagarán una factura mayor de carburante, aquellos con coste de oportunidad menor irán más lentos o en medios más baratos y ecológicos. Tratar a todos por igual y no dejar que las personas nos adaptemos a la subida de precios tomando nuestras propias decisiones impone restricciones que normalmente no traen nada bueno al sistema, como podemos comprobar.
