¿Cuál debería ser el papel de las administraciones públicas en el fomento de la creación de actividades empresariales? El papel del estado en la dinamización de la economía en general, y en la creación de empresas en particular, aún es objeto de debate en círculos no solo académicos, sino también políticos.

Recientemente la economista italiana Mariana Mazzucato publicó un interesante trabajo denominado “El estado emprendedor”. Su tesis se centra en demostrar la relevancia del sector público en la economía, no sólo para afrontar los fallos de mercado, sino como un actor fundamental que puede liderar y marcar el camino para la generación de negocios, desarrollo e innovación. Con este fin describe el decisivo papel que tuvieron los fondos públicos en proyectos tan emblemáticos (y que no podríamos casi vivir sin ellos) como el desarrollo internet, parte de los componentes y tecnologías que tiene un iPhone o los buscadores como Google.

La economista asevera taxativamente que «Si se analizan los cambios tecnológicos importantes del último siglo, las inversiones realmente revolucionarias, de alto riesgo, mucha incertidumbre y de elevado capital, procedían todas de los estados.»

Como era de esperar, una parte de comunidad académica de orientación más liberal ortodoxa no dudó en atacar de tamaña aseveración con argumentos que tratan de refutar las tesis de la italiana. En ese sentido, aluden a que es empíricamente falso que en ausencia de inversión estatal la sociedad sea incapaz de innovar a ritmos tan rápidos como los actuales. Si bien la intervención del estado en el ámbito de política monetaria ha tenido consecuencias inmediatas y palpables en el devenir económico a lo largo de la historia, su intervención directa en proyectos específicos rara vez puede trascender de algunos ejemplos emblemáticos, y por tanto a duras penas se puede argumentar que acelere el ritmo del proceso innovador de una economía.

Otra de las máximas de esta visión de pensamiento es que la inversión pública en I+D+I supone un coste de oportunidad para la administración, al tener que sufragar proyectos de resultado incierto y centrado en unas áreas determinadas y no en otras. Esto implicaría que un flujo continuado de financiación pública genera incentivos perversos en los agentes que orientan sus miras a la búsqueda no sincera de fondos públicos.

En este sentido, la pregunta que siempre está en el aire es ¿una sociedad sería capaz de progresar, sus empresas e instituciones innovar y generar crecimiento económico en ausencia del apoyo público? Si estudias en profundidad el papel de las administraciones públicas en el devenir de una economía, se observa que éstas pueden facilitar o entorpecer el dinamismo de un territorio. Pero hay una gran distancia entre la palabra ‘influencia’ en la economía y que las administraciones públicas sean capaces de encabezar una revolución tecnológica por sí solas o revertir un ciclo macroeconómico.

Quizás la economista Italiana se excede al atribuir un peso excesivo a la administración en la dinamización económica. No obstante, en esencia,  (y que no siempre, por desgracia, consigue). También en el ámbito del emprendimiento o la dinamización empresarial.

Por ejemplo, voy a poner el caso que más conozco, el del País Vasco. Partiendo de las capacidades y competencias existentes (casi endógenas en el territorio), se han proyectado áreas de desarrollo transversales de largo plazo con el objetivo de facilitar el desarrollo emprendedor: fabricación avanzada, biociencias, energía y territorio. Se diseñaron y pusieron en marcha programas para financiar ciencia básica y ciencia aplicada, con dotaciones específicas para facilitar el desarrollo y comercialización de nuevos productos y servicios en empresas; programas para explorar y acceder a nuevos mercados con implantaciones fabriles o comerciales, o fondos específicos para mejorar los sistemas y prácticas de gestión en las organizaciones.

En lo que corresponde a la creación de nuevas empresas, se han ido consolidando y operando en modo red los Centros de Empresa e Innovación del País Vasco (también conocidos como BICs) cuya razón de ser es fomentar la creación de nuevos proyectos empresariales con programas orientados a dar soporte en distintas fases del proyecto emprendedor. La economista italiana insiste en la necesidad de generar un ecosistema público-privado cuyas interrelaciones permitan el nacimiento de un mayor número de actividades empresariales. Trabajar el sentido de la iniciativa desde etapas tempranas en el ámbito educativo y dar un impulso especial a la creación de fondos de inversión o banca participada por la administración para invertir y participar en negocios. Desde otro plano, crear una fiscalidad que facilite el nacimiento de actividades emprendedoras.

En definitiva, son muchos los ámbitos (no sólo presupuestarios) en los que se puede incidir desde el ámbito público a la hora de facilitar la creación, puesta en marcha y el posterior sostenimiento de las actividades empresariales. Entre la intervención máxima y la no intervención hay muchos grises, muchas cosas que se pueden hacer y que pueden generar un efecto diferencial en un territorio. Quizás es hora de evaluar bien todas estas políticas, con criterios objetivos, y crear los incentivos adecuados para lograr objetivos realmente importantes: crear riqueza y empleo.