A finales de octubre del año pasado el INE publicaba los datos de la Encuesta de Estructura Salarial correspondiente al año 2010 (EES-2010). Esta encuesta presenta información sobre la distribución de los salarios en función de una serie de variables como sexo, ocupación, rama de actividad, antigüedad o tamaño de la empresa. La principal novedad en la EES-2010 es la incorporación de la información referente a los empleados públicos que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social (excluyendo, por tanto, los funcionarios adscritos a mutualidades).

De la nota de presa que difundía el INE sobre la EES-2010, lo que más repercusión tuvo en los medios de comunicación fueron las diferencias salariales entre el sector público y privado, resultando el salario medio en el sector público un 40% mayor que en el privado.  En particular, el salario medio anual de un trabajador del sector público fue de 29.811,67 euros en 2010, frente a los 21.231,02 euros de media del sector privado.

No pretendemos con esta nota explicar las diferencias salariales entre sector público y sector privado, tema que en sí mismo constituye un ámbito de estudio para los expertos en economía laboral. Sin embargo, sí nos gustaría poner sobre la mesa algunos matices para que las comparaciones se realicen de una manera más adecuada.

Porque de la lectura fácil de los datos parece extraerse la conclusión indiscutible de que los salarios en el sector público son claramente mayores que en el sector privado. Sin embargo, las comparaciones deben hacerse con cuidado, comparando “lo que sea comparable” y teniendo presente la distinta composición de estos dos grandes grupos y sus diferentes características, además de otras peculiaridades. Por ejemplo, en el ámbito de cobertura de la encuesta están excluidos los presidentes, miembros de consejos de administración y, en general, todo aquel personal cuya remuneración no sea principalmente en forma de salario, sino por comisiones o beneficios. Así, estarían fuera de la muestra la mayor parte de los altos cargos en empresas privadas, mientras que sí se incluirían los de las empresas públicas, infravalorando, por tanto, el salario medio en el sector privado.

Pero lo que es especialmente relevante, a nuestro juicio, es que los trabajadores del sector público y del sector privado son distintos en términos de nivel educativo,  ocupación desarrollada y antigüedad, al igual que son distintas las ramas de actividad de uno y otro sector o las características de los puestos de trabajo. Así, el 25,1% del personal del sector público tiene estudios de licenciatura o superiores y un 19% son diplomados, luego casi la mitad de sus trabajadores son universitarios, mientras que dicho porcentaje cae al 21,1% en el sector privado. Por tanto, parte de la disparidad está explicada por las diferencias en cualificación. El gráfico adjunto ilustra la dispar distribución de los trabajadores según nivel educativo en las dos grandes categorías sectoriales.

Por otro lado, en la nota de prensa del INE también se hacía referencia a las diferencias entre sectores. Éstas pueden estar motivadas tanto por una mayor representación de ocupaciones de baja cualificación en ellos como por una menor remuneración para cada ocupación (por ejemplo, porque las empresas de un determinado sector sean más pequeñas). El sector público no está representado en todos los sectores de actividad. En Administraciones Publicas y Defensa y la Seguridad Social obligatoria trabajan el 43,7% de los trabajadores del sector público, en Sanidad el 27,2%  y en Educación el 10,9%. En cambio, en el sector privado predominan Comercio y Hostelería,  con un 12,2% y un 9% de los trabajadores respectivamente. Precisamente la hostelería es la actividad que menor retribución media presenta. De esta forma, el salario medio en el sector privado también puede ser menor en la medida en que predominen sectores con bajos salarios.

En definitiva, si quisiéramos hacer una comparación más adecuada entre los salarios de los trabajadores de un sector y otro deberíamos seleccionar grupos lo más homogéneos posible (en el mismo sector, en la misma ocupación, con el mismo nivel de estudios, etc.). Por ejemplo, si comparamos los salarios de técnicos y profesionales en Educación y Sanidad, actividades con clara  representación en el sector público y también en el privado, nos encontramos con que las diferencias se reducen, o incluso cambian de signo, como se puede comprobar en el cuadro adjunto. (Las categorías que aparecen en el cuadro pertenecen a la Clasificación Nacional de Ocupaciones).

Además de los factores comentados, hay otra variable a tener en cuenta,  la antigüedad en el puesto, que es muy superior en el sector público: 12,7 años frente a 7,2 del sector privado (naturalmente, de media en ambos casos). Esta diferencia se traduce en un mayor salario para los trabajadores del sector público en la medida en que una proporción importante de los salarios en nuestro país viene determinada por los complementos de antigüedad. (Una aclaración: en el sector privado también hay complementos por antigüedad, si bien han perdido importancia en favor de otros sistemas de promoción económica.)

El lector habrá notado que en todo este análisis no hemos mencionado los posibles pagos “en negro” o “en B”. No queremos entrar en tan vidrioso tema, de tan nefasta actualidad por lo demás, y dejamos que cada cual extraiga sus propias conclusiones sobre cómo afectarían esas formas de retribución a la comparación entre salarios públicos y privados.

En definitiva, puede existir una diferencia salarial a favor de los trabajadores del sector público, pero la simple comparación entre las medias de los dos grupos puede ser bastante engañosa. Lo que hemos querido remarcar es que esa brecha salarial se explica en gran medida por cualificación, composición sectorial y antigüedad en el puesto. Para extraer conclusiones fidedignas de los datos habrá que comparar lo que sea comparable.

Sobre los autores:

Begoña Cueto

Ignacio del Rosal

Departamento de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo