Por primera vez en la historia moderna de España, el Gobierno decide bajar los salarios al sector público, dentro del paquete de medidas anunciadas para reducir el déficit público. Está claro que se trata de un movimiento clave para el recorte del déficit público. Sin embargo, la medida, por consistir un hito en la historia de la economía española, merece unas reflexiones:
1. Para este análisis debemos separar del concepto “sector público” a los miembros del gobierno, pues este último es responsable con sus actuaciones del rumbo de la economía, mientras los empleados del Estado realizan su labor de gestión del bien público independientemente de quién Gobierno. Así, en adelante, la mención al sector público será en referencia exclusiva a empleados del sector público.
2. Entre los desequilibrios más destacados de la economía española se encuentran el sector de la construcción sobre-dimensionado (apoyado por el sector financiero) o el excesivo apalancamiento privado de la economía, pero es difícil encontrar argumentos que apunten a la mayor parte del sector público como causa de la crisis.
3. El sector público realiza un trabajo destinado al bien común de la sociedad, por lo general mediante la corrección de fallos de mercado mediante la gestión o regulación pública de los mismos. Luego estamos gravando la labor de gestión de los bienes públicos, tales como sanidad, educación, seguridad o regulación legal y financiera. Precisamente, se trata del tipo de tareas que menos merecen ser gravadas en tiempos de crisis, pues son aquellas de las que toda la sociedad se puede beneficiar.
4. Poniendo en contexto la base imponible de la medida: el sector público supone alrededor del 11,6% de la población activa y del 14,3% de la población ocupada. Por otro lado, el sector de la construcción emplea al 9% de la población ocupada.
5. De los puntos 2 y 4, podemos pensar que lo más justo sería hacer soportar las pérdidas a aquellos que son parte de la causa del problema, el excesivo déficit. Ponderando un ejemplo, podríamos preguntarnos por qué no tomar medidas sobre el excesivo peso del sector de la construcción, ya que el tamaño de este segmento del empleo no es significativamente diferente al del sector público. Así se tomarían medidas con similar poder recaudatorio y corregiríamos incentivos o desequilibrios causantes de los problemas: limitaríamos el tamaño excesivo del sector de la construcción.
6. Midiendo el impacto social de la medida sobre el segmento de población objetivo: se pretende recortar un 15% el salario de los miembros del Gobierno y un 5% en media el salario del resto de empleados del sector público. Supongamos que la tasa de inflación a la que se revisa el salario es el 2% interanual. Ello equivale, en la media, a eliminar el poder adquisitivo ganado en algo menos de 2,5 años. Además, se congela el salario a partir de 2011. Si sumamos la tasa de inflación esperada que se puede llegar a descontar (dadas las medidas expansivas recientemente tomadas por el BCE/ZE/FMI), existe en una probabilidad significativa de una merma adicional importante en el poder adquisitivo de los empleados del sector público si la medida se prolonga varios años.
7. Sobre la progresividad de la medida. Se anuncia un tipo medio del 5% y uno máximo del 15%. El problema reside en los tamaños de los tramos que se gravan. El esfuerzo fiscal de los miembros del Gobierno es el triple que el de la media. Pero dado el bajo número de individuos en el tramo “miembros del Gobierno” y el elevado número de miembros en los tramos más bajos de las rentas salariales del sector público, hace pensar que sobre la renta media del sector público recaerá un recorte sensiblemente superior al 5%.
8. Existe un argumento que se esgrime con frecuencia respecto a la seguridad laboral del sector público: el hecho de pertenecer a la fuerza laboral del Estado otorga una opción financiera que asegura certeza sobre el puesto de trabajo. Con una tasa de paro elevada esta opción entra en valor y dicha prima estaría compensando una reducción del salario. Si aceptamos el símil de la existencia de dicha opción implícita en el puesto de trabajo público, la misma está regulada y cotizada bajo una cámara de compensación y liquidación central, realizándose catorce veces al año la liquidación del mark-to-market de la misma. Cuando se entra en el sector público, existe un esfuerzo previo que no se recompensa con el salario de entrada. En la media, los salarios para muchos rangos de responsabilidad, especialmente los más altos, son significativamente menores a los salarios equivalentes en el sector privado. Por ello, cuando se entra en el sector público se paga dicha prima por la certeza del puesto de trabajo, tanto por adelantado (esfuerzo académico, tiempo dedicado a la oposición y coste de oportunidad de no trabajar en sector privado mientras se oposita) como periódicamente (menor salario por dicha misma labor).
9. El argumento anterior puede discutirse en contra argumentando que es necesario medir el trabajo en términos de “horas trabajadas”. A este respecto, debemos hacer un esfuerzo por entender que en el sector público, al igual que en el sector privado, existen diferentes clases de trabajos o escalas profesionales: un fuerte componente del sector público (jueces, policías, asesores económicos, financieros y legales) trabajan un número de horas muy por encima de la media. Además, la responsabilidad de los empleados públicos es en muchas ocasiones realmente elevada (gestores de fondos públicos, legisladores, médicos y un largo etcétera), algo que no se suele tener en cuenta al considerar la productividad del sector público.
10. Si aceptamos que el empleado del sector público debe pagar por la opción implícita de seguridad laboral, existe un fuerte sesgo en las medidas anunciadas. Si por el mero hecho de entrar al sector público se debe asumir responsabilidad sobre el desarrollo económico de toda la economía (déficit elevado, tasa de paro en máximos), entonces sería justo incluir alguna medida simétrica que premie a los empleados del sector público cuando la economía va bien. Una propuesta: remunerarlos con opciones de compra de bonos del tesoro. Esta medida tendría coste cero inicial -incluso se pueden dar opciones out-of-the-money y partir de una valoración positiva para el presupuesto público-. Y se compensaría así, con esta opción call comprada, la opción put vendida sobre el salario antes mencionada. Introducimos así simetría al sistema de remuneración pública y alineamos intereses. De este modo, si la economía va mal (umbral definido a partir de algún strike, como nivel de tasa de paro o de déficit), el empleado público recibe el valor de la prima de su put (certeza del puesto de trabajo) y lo compensa con una reducción nominal de su salario. Si la economía va bien (de nuevo, en referencia a un determinado strike sobre cierta variable económica), el empleado público recibe la prima positiva de su opción call (strike de compra de bonos del tesoro por debajo del precio de mercado, dado el buen estado de la economía del país) y eso le compensa no recibir bonificaciones salariales como sucede en el sector privado.
11. Es necesario valorar las medidas tomadas en su correcto conjunto. El miedo al contagio de la situación de Grecia a los gobiernos periféricos obliga a tomar medidas que convenzan al mercado sobre la sostenibilidad de nuestro déficit. Así, en coordinación con el FMI y la ZE, España ha adquirido un compromiso de disposición de fondos por importe de alrededor de EUR 6.000 millones mediante la participación española (cerca de un 10%) del paquete europeo de rescate a Grecia. Además, dentro de la segunda parte del programa de rescate, la ZE se compromete a constituir un vehículo de hasta EUR 440.000 millones. El cual se financiará tanto con capital de los países miembros como con la utilización de una garantía de los países miembros a la deuda que emita el vehículo. Por lo tanto, podemos estimar que un 10% de esta cantidad es de nuevo un compromiso que adquiere España, es decir, EUR 44.000 millones (ya sea parte en aval, parte en inyección de capital). A cambio de estos nuevos compromisos (total de EUR 50.000), el Gobierno comunica una reducción del déficit de EUR 15.000 millones. Los conceptos que engloban el rescate a Grecia entrarán en el apartado de “inversión” en las cuentas públicas, no como “gasto” directamente. Pero por si nos queda duda sobre la probabilidad de que esas “inversiones” conlleven un futuro gasto, basta leer el preciso post de Luis Garicano mencionando la valoración del FMI al respecto.
Los debates sobre equidad son siempre muy abiertos. Sólo nos queda ver cómo valora la sociedad el impacto de esta (y el resto) de medidas tomadas.
