El acuerdo de capital de Basilea, desde su primera versión en 1988, ha permitido mantener una uniformidad internacional en la aplicación de principios para el cálculo del capital. Esto ha facilitado la comparación de solvencia entre entidades.
Ahora, con la crisis financiera global parece que la primera y segunda versión del citado acuerdo se quedan algo desactualizadas. Si bien esto es cierto, el paso que supuso los primeros intentos de armonización reguladora fueron un éxito internacional.
Gracias a estos trabajos se tuvo conciencia de la necesidad de tener un importe de capital reservado ante posibles eventos inesperados. Incluso con esta prudencia, las quiebras bancarias se han venido sucediendo a pesar de contar con entidades que se consideraban bien capitalizadas. Las normativas regulatorias de nada sirven si los controles internos y los trabajos de los supervisores no son efectivos y coordinados.
Las normas se crean para su cumplimiento, los excesos y falta de ortodoxia en la gestión suponen situaciones incontroladas que favorecen el caos.
La nueva normativa, Basilea III, ha venido acompañada de iniciativas que pretenden reforzar el seguimiento y supervisión interna y externa de las entidades. Además de la propuesta de una nueva versión del acuerdo de capital, se han empujado nuevos aspectos regulatorios tales como la creación de supervisores supranacionales orientados a regular los diferentes actores del sistema financiero. Esto se ha hecho tanto a nivel de la UE como al otro lado del atlántico. Mención expresa tiene la creación de un organismo que coordine la supervisión de la agencias calificadoras
La nueva versión de Basilea va a incrementar las necesidades de capital básico (core capital), requiriendo un mínimo de un 4,5% más un 2,5% adicional como colchón para hacer uso del mismo sólo en caso de crisis. Esto supondrá un incremento de las reservas y las acciones de las entidades. La necesidad de mayor seguridad supone un cambio de estrategia en la concepción del negocio. Esta puede tener consecuencias en el reparto de dividendos, un nuevo concepto de remuneración variable para los ejecutivos y una selección más óptima de los riesgos asumidos.
El efecto en la economía real puede conllevar una reducción de la concesión de préstamo a aquellos sectores menos saneados de la economía, los cuales en muchas ocasiones necesitan de las mayores ayudas.
Realmente, lo que implícitamente comporta este acuerdo es una selección natural del riesgo. El binomio rentabilidad riesgo debe asumir el mayor protagonismo.
Para un acceso a la financiación, las empresas y particulares deben estar dispuestos a facilitar datos suficientes para que las entidades financieras sean capaces de tener una visión completa de sus características. No sólo se evaluarán aspectos financieros o comportamentales, sino también aspectos cualitativos de difícil cuantificación que muchas veces serán claramente diferenciadores.
La información existente en las base de datos de la entidades, o en base de datos externas, será necesaria pero no suficiente para que las entidades tengan una visión global del riesgo asumido. Todo aspecto que pueda añadir valor y una visión clara de una gestión adecuada de una empresa o de una actividad ordenada de un particular, será bienvenido. Debido a ello, todos los participantes en el mercado financiero tienen que ser conscientes de que la información que se facilite va a favorecer el acceso al crédito.
Asimismo, con las nuevas exigencias de liquidez, una vez que éstas tengan una adecuada definición, las entidades financieras se van a ver obligadas a cambiar algunas de sus estructuras de balance, lo cual puede repercutir de forma decisiva en los productos de ahorro ofrecidos.
Con esta nueva medición del riesgo, las entidades financieras españolas se encuentran en una posición de cierta comodidad, debido a las exigencias de reservas y capital ya demandadas por el Banco de España.
Las cuentas de resultados del sistema financiero español encontrarán dificultades por la distribución del riesgo que actualmente tienen y por factores sistémicos más que por las nuevas exigencias regulatorias. Este conservadurismo de la normativa española, aunque ha restado competitividad en épocas pasadas, ha permitido por el momento soportar una desaceleración muy importante del ciclo e íntimamente vinculada al negocio inmobiliario.
El sistema financiero español se enfrenta a retos diferentes de la banca internacional, más relacionados con la diversificación de cartera o expansión internacional que con las nuevas exigencias de capital. Prueba de ello han sido los resultados de los test de stress. Si bien algunas entidades no han superado, ha permitido evaluar al grueso del sistema y enviar una imagen de fortaleza. Otros sistemas financieros europeos no han tenido la valentía de someter a evaluación a la mayoría de sus entidades. Es justo resaltar que, a pesar de la exposición al riesgo inmobiliario, el riesgo a productos estructurados es prácticamente nulo.
Para la adaptación completa a Basilea III quedan todavía algunos años y tanto las entidades financieras españolas como los clientes de las mismas, tienen una posición de partida superior al resto de sus competidores europeos. Es por ello que se debe continuar con el esfuerzo de una reordenación del sector, creando entidades más fuertes y solventes, clientes con menos aversión a facilitar información y estrategias tendentes a la diversificación e internacionalización.
Francisco Javier Muñoz Bermejo forma parte del Club de Gestión de Riesgos de España
