Benito Arruñada es Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra y sus investigaciones se sitúan en la frontera de la Organización, la Economía y el Derecho. Ha publicado gran número de libros y de artículos científicos, y sus trabajos más recientes comparten una preocupación por las bases cognitivas e institucionales de los intercambios impersonales, lo que le ha llevado a estudiar materias tan diversas como la estructura de los sistemas morales, o la estandarización de los derechos de propiedad, temas estos sobre los que acaba de publicar un libro con la editorial de la Universidad de Chicago.
Sus trabajos aportan luz sobre asuntos de interés prioritario en nuestro país. España se encuentra en una disyuntiva histórica; ha de reinventarse y ello requiere ideas frescas pero contrastadas con solvencia. Hemos de escuchar a los expertos capaces de analizar la complejidad que nos rodea, y Benito Arruñada es uno de esos expertos.
:: Ya hace años afirmabas que España no padecía una crisis, sino tres: una económica, otra institucional y otra de valores. Empecemos por la última. ¿En qué consiste una crisis de valores?
Recuerda que, al principio, se negaba hasta que hubiera crisis económica. Por fortuna, hoy ya se empieza a reconocer la crisis institucional, que hasta hace poco era invisible para muchos economistas. Reconocer la crisis es un primer paso imprescindible para abordarla. Además, entender las instituciones y valores es necesario para acertar al elegir y aplicar las políticas económicas.
De las tres crisis, la más discutible y difícil de analizar es la crisis de valores. Pienso que en este terreno, ya nuestro punto de partida era malo porque algunos de nuestros valores tradicionales (en especial, nuestro apego a las relaciones personales en detrimento de soluciones impersonales, institucionales) casan mal con una sociedad moderna y desarrollada, pero me temo que en las últimas décadas hemos retrocedido, por dos motivos. Por un lado, hemos disfrutado de un bienestar y un crecimiento que no habíamos hecho gran cosa por conseguir; por otro, hemos gestionado mal la educación, y no sólo en lo técnico sino quizá aun peor en lo relativo a los valores.
:: ¿Dónde están las verdaderas raíces de esta crisis?
Primero, nuestro bienestar y crecimiento tenían bases endebles. Se basaban en el crédito y en una circunstancia afortunada: estar pegados al continente europeo, lo que nos permitió disfrutar dos shocks tan provechosos como la entrada en la Unión Europea y en el Euro. Ambos shocks no fueron fruto de nuestro esfuerzo, sino, en gran medida, de la fortuna o del trabajo de generaciones anteriores.
Y, segundo, los valores también se han visto dañados por una educación que hemos gestionado mal.
:: Empecemos por las bases del bienestar y crecimiento, ¿Cuál fue el fallo?
Que no hemos sabido aprovecharlos. Nos hemos endeudado para consumir o para acometer inversiones en gran medida inútiles. La inversión puramente privada ha ido bien, y gracias a aquella contamos con muchas empresas competitivas, pero las inversiones públicas, y también las privadas más condicionadas por lo público, han sido un desastre. Aún hoy, varias regiones siguen instaladas en el privilegio fiscal y la subvención, como el País Vasco o Asturias, y hemos hundido una cantidad ingente de recursos en inversiones ruinosas: por ejemplo, la mayor parte de la red de AVE, que no paga su mantenimiento; y, sobre todo, unas administraciones públicas sencillamente inviables, empezando por las universidades.
:: Y, respecto a los valores y la educación…
La educación la hemos gestionado mal: en vez de modernizar nuestros valores más anacrónicos, los hemos exacerbado. Hemos privilegiado el ocio sobre el esfuerzo; los derechos sobre los deberes; la libertad sin cortapisas sobre la libertad con responsabilidad. Hemos educado varias generaciones en la creencia inútil (incluso cuando cierta) de que el propio individuo es el menos responsable de su fracaso. Antes lo son los demás: los empresarios, los políticos, o abstracciones como el “sistema” o el “mercado”.
:: Eso suena a ¿moral? ¿religión?
Sospecho que hoy somos más “católicos” que nunca, muy claramente en el papel que juegan la responsabilidad personal y el perdón: a veces, da la impresión de que la única obligación de quien infringe las normas es pedir perdón, un acto con efectos casi sacramentales. No deja de ser paradójico, pues la política educativa ha sido liderada por una intelectualidad supuestamente laicista.
Y no es que se haya construido una sociedad menos moralista. Al contrario. Se ha reescrito el código moral y se ha reescrito de una manera que hace al individuo menos productivo, menos libre y más infeliz. Basta pensar en la lógica aplicada a muchas decisiones jurídicas y legislativas, como las relativas a los embargos hipotecarios. Esas decisiones están influidas por criterios morales, como debe ser; pero crecientemente la moral que aplican es una moral primitiva, basada en las emociones más irreflexivas y superficiales del juez o de los votantes.
:: ¿Qué es necesario para cambiar en el medio plazo algunos rasgos distintivos de nuestra cultura, como la aversión al riesgo o al fracaso?
Dudo que haya un gran problema en cuanto a nuestras preferencias respecto al riesgo. Lo que hace falta es retribuirlo correctamente, y ello requiere asegurar unas reglas de juego equitativas y estables. No lo hacemos así cuando gravamos el éxito con tasas como las de nuestro IRPF, que suben muy rápido a niveles relativamente modestos de renta; o cuando condonamos el fracaso, rescatando todo tipo de agentes económicos que se han equivocado en sus decisiones, desde deudores hipotecarios a compradores de preferentes o concesionarias de autopistas. Ni mucho menos cuando tratamos al empleador como un explotador. Teniendo en cuenta que aquí nadie quiere ser empresario y mucho menos tener empleados, no deben ser muchas las rentas que pueden extraer los empleadores a sus empleados.
:: Samuelson afirmaba que no le importaba quién escribiese las leyes mientras a él le dejasen escribir los libros de economía…
Los libros de economía quizá sean importantes a largo plazo, pero su utilidad depende de su contenido y de quién y cómo los lea. Me temo que la economía ha ido a menos en ambos sentidos. La riqueza de las naciones fue libro de texto en las facultades de Derecho españolas durante la mayor parte del XIX, cuando sólo se estudiaba economía en derecho. Los fundadores del estado liberal lo habían estudiado, como se puede apreciar en los preámbulos de las leyes que aún hoy hacen posible la economía de mercado en España. Supongo que los fundadores del estado de bienestar habrán leído a Samuelson. Pero no sé en qué medida se nota o no. Quizá sólo hayan tomado de Samuelson y compañía lo que les interesaba; aunque, más allá de sus cautelas académicas, quizá también era lo que interesaba al propio Samuelson.
:: ¿Solo se pueden cambiar las instituciones con ciudadanos educados y sensibles a estos cambios?
La educación es esencial para el buen funcionamiento de la democracia; pero no la educación formal o académica, y menos la del tipo “Educación para la ciudadanía”. La educación valiosa es la que proporciona la propia experiencia en la financiación de la cosa pública. Importa, en especial, que el ciudadano pueda saber fácilmente qué impuestos paga. En este terreno, nuestro país es un modelo de ocultación de costes: los precios se publicitan con IVA, la mayor parte del impuesto sobre el trabajo se disfraza como “Seguridad Social a cargo de la empresa” y las retenciones del IRPF están calculadas para que a la mayoría de votantes les salga “a devolver”. Además, es en estas devoluciones en las únicas en las que la Administración demuestra celeridad.
Si queremos elevar la capacidad política de los ciudadanos, basta imaginar que fueran igual de conscientes de las finanzas públicas que de las de su comunidad de vecinos. ¿Hubieran tolerado, acaso, que ésta rescatara al vecino del ático porque se equivocó al invertir en Bankia, o al construir una autopista de peaje? De tolerarlo, ¿no hubieran exigido una mejor gestión del dinero? Sólo aspiro a que cuando decidamos construir otra línea de AVE o subvencionar otro parque temático seamos igual de sensatos que al decidir si pintamos o no los portales de nuestras viviendas.
:: A estas alturas existe consenso sobre la crisis institucional que has mencionado. La mayoría de las instituciones parecen haber sido capturadas por los partidos mayoritarios y prácticamente no hay “checks and balances”. ¿Tenemos alguna herramienta para actuar sobre este problema?
No creo que fuera de España exista sensación de crisis institucional. Al menos, no con la misma intensidad. Tampoco estoy del todo de acuerdo con el diagnóstico. Ciertamente, nuestro sistema de checks and balances no es perfecto, pero aparte de que ninguno lo es, la diferencia y el déficit esencial reside en la conducta de la ciudadanía: en sus comportamientos poco críticos, tipo rebaño. Todo sistema de checks and balances, por muy bien diseñado que esté, reposa al final en el ciudadano. Si éste no es capaz de castigar a su representante político cuando éste obra mal, los contrapesos no funcionan, por muy bien diseñados que estén. Tampoco basta con retocar los incentivos del los políticos, pasando, por ejemplo, de la elección proporcional a mayoritaria de los diputados.
:: ¿Eres pesimista u optimista a la hora de afrontar este reto?
Si fuera pesimista, tendería a pensar que el origen del problema reside en los valores, muy poco maleables a corto plazo. Siendo optimista, pienso que, sean cuales sean los valores, la conducta política de los ciudadanos se ve afectada sobre todo por la asimetría de información que padecen, que ésta es la que más determina el grado de competencia del mercado político.
En este sentido, me parece fundamental reducir la asimetría informativa, para aumentar la competencia y que empiecen a funcionar esos contrapesos. En otras palabras: dados nuestros valores, es imprescindible que nuestra fiscalidad sea más transparente.
:: Transparencia…ese gran reto, no sólo fiscal…
Hacer más transparentes los impuestos sería un primer paso, efectivamente, pero para aumentar la trasparencia hay otros muchos. Por ejemplo, ilegalizar la publicidad institucional que, por un lado, permite a los gobernantes hacer publicidad para propagar sus logros y esconder sus errores y, por otro, pone a la prensa en sus manos. La competencia en el “mercado de las ideas” del que forman parte los medios de comunicación es otro ingrediente necesario para una sociedad abierta. Suprimir los aparatos de propaganda cultural de los diversos gobiernos sería un ejercicio mínimo de higiene democrática. Acabaríamos así con la dependencia que existe entre los intelectuales y los presupuestos públicos.
:: Vivimos, quizás, en un momento en la historia de España donde las instituciones más importantes de nuestro Estado de Derecho están siendo cuestionadas. Corrupción, burocracia, falta de conexión con los ciudadanos. ¿Cuál es tu percepción sobre este asunto?
La crisis institucional se manifiesta claramente en la incapacidad desde la Constitución de 1978 de establecer una separación efectiva de poderes y poner en pie mecanismos de responsabilización y renovación de los representes políticos. Los gobernantes mienten, los ayuntamientos y regiones quiebran, y todos ellos derrochan un dinero que no tienen. Sin embargo, no sólo no se persigue a los responsables, sino que apenas se toman medidas para evitar que los fallos se repitan en el futuro.
:: ¿Tratamiento?
Sin separación de poderes, esa responsabilización es imposible. Pero la separación de poderes es escasa. El poder ejecutivo está en manos de partidos endogámicos y proclives a consensos antisociales; el poder legislativo es una mera agencia de colocación de los partidos; y, con honrosas excepciones, los órganos reguladores y, por ahora en menor medida, el poder judicial son apéndices de los partidos.
Partidos que, además, se gobiernan internamente como dictaduras, sin margen para la discusión ni la divergencia: en vez de una competencia productiva, de la que emerjan ideas y propuestas alternativas, se produce una competencia improductiva por el poder, por las prebendas que proporciona.
Además, resulta sería imprescindible independizar al poder judicial del ejecutivo, re-profesionalizando la judicatura, empezando por CGPJ y el Constitucional.
:: ¿Y la re-profesionalización de la Administración?
También es imprescindible, porque ha sufrido un crecimiento desmesurado a la vez que se politizaban sus cuadros directivos. Deberíamos invertir ambos procesos. Por un lado, fortalecer el núcleo central del Estado que produce bienes públicos en sentido estricto —judicatura, policía, ejército— y, por otro, podar a la Administración de órganos y servicios que o no deben existir (por ejemplo, los de promoción empresarial) o deben prestarse en régimen de provisión privada con grados diversos de financiación pública (sanidad, educación básica y superior). Además, no es sólo un problema de las autonomías, como a veces se cree: necesitamos reinventar toda la administración pública, reduciéndola de tamaño y haciendo que vuelva a ser eficaz en sus “competencias nucleares”.
