La actual legislación sobre protección de la propiedad intelectual crea un equilibrio entre dos fenómenos, (i) los incentivos a la creación intelectual y (ii) los beneficios sociales derivados de su disfrute. Según la teoría económica tradicional, cuanto mayor el nivel de protección de la propiedad intelectual en un sector, mayor incentivo a la producción: asegurando la protección de una patente durante 50 años se incentiva más que asegurándola durante 5. Pero, dado el carácter no rival en el consumo de la producción intelectual, una menor protección -que se traduce en un menor precio- conlleva un beneficio social mayor: el precio de muchos medicamentos está muy por encima de su coste de producción, lo que excluye a parte de la humanidad de su consumo.
Las sociedades han elegido el nivel de protección que consideran óptimo teniendo en cuenta que al incentivar la creación limitan el beneficio social. Pero esta relación de compensación (trade-off) no es inamovible ni monótona ante cambios en otros factores. El crecimiento económico per cápita ha sido intenso en todo el mundo durante estos últimos 15 años (África inclusive), por lo que el tamaño de mercado, la capacidad adquisitiva agregada, ha crecido.
¿Cómo influye el tamaño de mercado en estos dos fenómenos? Cuanto mayor es el posible mercado de acceso, mayor es el incentivo a la investigación e innovación: para un mismo nivel de protección, más posibles futuros compradores existen. Por el contrario, su carácter de monopolio lo hace más indeseable cuanto mayor es el mercado, pues más bienestar del consumidor se pierde. El efecto neto sobre el nivel óptimo de protección es complejo. Michelle Boldrin, de la Universidad de St. Louis en Washington, y David Levine, de la Universidad de California – Los Angeles, han investigado este problema en profundidad. Su conclusión, tras estudiar la relación dinámica entre dichos fenómenos, es que el tamaño óptimo de protección ha de disminuir conforme la economía mundial crece.
Esta reflexión es de vital importancia ante la reciente propuesta de la Ley de Economía Sostenible, y es una problemática que los gobiernos occidentales han ignorado sistemáticamente. El desarrollo futuro de la innovación depende de ello y la decisión final debería alejarse de las habituales cesiones a los grupos de presión con intereses en el tema.
