Imagine que lleva 11 años trabajando en una empresa como programador de páginas web y que ha ido adquiriendo en paralelo una amplia capacidad como diseñador gráfico. De hecho, le motiva mucho más la perspectiva de trabajar como diseñador y ve un futuro profesional más atractivo por dicha vía.
De repente, su país entra en recesión y se empieza a producir una destrucción de empleo en todos los sectores. Su gobierno sale a la palestra y proclama que es hora de «cambiar el modelo productivo» hacia «actividades con un mayor valor añadido«. A usted esto le encaja con su visión personal: está harto de revisar código web día tras día y le gustaría dar cuanto antes el salto al diseño, para el cual tiene una propuesta a punto de concretarse en una empresa distinta a la actual.
Pero una cosa es que pueda estar de acuerdo con el mensaje que lanzan sus gobernantes y otra que los incentivos del sistema estén alineados para que dichos cambios sean posibles. Por lo pronto, propuestas como «reorientar la actividad productiva hacia sectores como las energías renovables o las nuevas tecnologías de la información» no parecen encajar ni con su formación ni con sus anhelos. Usted no tiene ni idea de cómo funciona un molino de viento o un panel solar y la experiencia más cercana que tiene con las tecnologías de la información, la programación web, le parece un campo excesivamente saturado, con demasiada competencia y futuro poco prometedor.
Quizás al gobierno le gustaría que todos los ciudadanos hablasen varios idiomas, manejasen a la perfección varias herramientas informáticas y tuvieran conocimientos de ingeniería. Pero ni esa es la realidad ni una ley puede cambiarla. Si no se tiene una ventaja comparativa en la producción de algún tipo de bien o servicio, es inútil entrar en un sector. España no puede convertirse de la noche a la mañana en un competidor en el mercado de los microchips ni tiene la fórmula mágica para hacer rentable la energía solar. De hecho, si fuese realmente competitivo en algún sector de los que ahora se aspira a entrar, la mayoría de personas con dicha capacidad ya estarían trabajando en ello: cada individuo es quien mejor conoce las actividades en las que puede dar lo mejor de sí mismo.
Pero, además, los incentivos del mercado laboral apuntan en dirección contraria al cambio. Si usted tiene un contrato indefinido y 11 años de experiencia en una empresa, cambiar de puesto de trabajo le supone renunciar a un derecho de indemnización adquirido; si su nueva empresa decide no contar con usted al poco tiempo de entrar, se quedará sin dicha cobertura. ¿Cual parece la decisión más razonable en tiempos de crisis? Aguardar a mejores tiempos. Es decir, la estructura de nuestro sistema laboral está construída para favorecer el inmobilismo, dificultando el cambio de estructura productiva justo en el momento en que es más necesario.
No es un problema sin solución. En la actualidad existen ya sistemas laborales que han superado este obstáculo al cambio. En Austria, las empresas depositan cada mes una cantidad en una cuenta de cotización de cada trabajador. Dicha aportación no es una carga adicional para la empresa, pues sustituye a la provisión equivalente para indemnizaciones por despido -cambia un gasto con incertidumbre por otro con certidumbre-. Si un trabajador es despedido, la indemnización procede de dicha cuenta. La ventaja frente al sistema español es que la cuenta de cotización pertenece al trabajador, no a la empresa. Si éste cambia de trabajo, lo cotizado permanece y la nueva empresa será la que pase a aportar a dicho fondo. Es decir, el derecho a la cobertura no desaparece con el cambio de trabajo, incentivando al trabajador a buscar la actividad y empresa que más se adapte a sus capacidades.
En resumen, resulta paradójico hablar de la necesidad de un cambio productivo cuando los incentivos del sistema están alineados en su contra. Ni el gobierno conoce mejor que sus ciudadanos aquello en lo que pueden ser competitivos ni la estructura del mercado laboral favorece los cambios; más bien lo contrario. Si realmente se desea un nuevo modelo productivo, sería necesario reformar el mercado laboral para incentivar el movimiento entre empresas. Y si se quiere mejorar la capacidad productiva de los ciudadanos, acometer ya una reforma profunda del sistema educativo, aún sabiendo que los resultados de dicha reforma tardarán años en materializarse.
