Si hay una piedra angular en la construcción del poderío electoral de Podemos –o al menos en la intención de voto que reflejan las encuestas-, esta es sin duda la contraposición del pueblo a “la casta”. La casta es un concepto lo suficientemente flexible como para inspirar sin dificultad a numerosos públicos: puede satisfacer tanto a quienes creen que la transición fue un simple cambio de máscaras como a quienes defienden que nuestro sistema politico está corrupto hasta la médula y necesita una renovación integral. Las distintas formas de la corrupción son el eje central de la crítica, pero el erróneo análisis de las causas –los corruptos son siempre ellos y nunca nosotros- pueden suponer la pérdida de una oportunidad irrepetible para España, al ignorar el origen de la misma en la discrecionalidad en la toma de decisiones de nuestros poderes públicos.

La corrupción política que denuncia Podemos no se limita por supuesto a la acepción más delictiva del término, sino que engloba todos los comportamientos que, dentro de la legalidad, se sitúan en esa zona gris en la que no se conocen los motivos por los que un servidor público decide, por ejemplo, construir un aeropuerto en Castellón o una línea de AVE al Ferrol. Este es sin duda un aspecto positivo, ya que pone el punto de mira en un tipo de corrupción de baja intensidad que ha estado presente en nuestro sector público y que se ha alimentado de la escasa capacidad crítica del electorado a la hora de evaluar el impacto de proyectos sin respaldo racional posible. Dicho sea de paso, también será curioso observar la reacción del posible electorado de Podemos a la constatación de que líderes como Monedero o Errejón han transitado también, sin necesidad de haber cometido delito alguno, por dichas zonas grises de la ética.

Por un lado, la súbita preocupación por la corrupción de una parte del electorado es sin duda un aspecto positivo. Supone un paso más en un necesario cambio de mentalidad de nuestra cultura latina, una cultura en la que la frontera entre la corrupción y el muy loable “cuidar de los suyos” está muy difuminada, lo cual empuja a justificar en mayor medida las acciones de aquellos con los que simpatizamos siempre y cuando no sean sorprendidos en un acto de robo flagrante sin matiz alguno. Por otra parte, la preocupación por la corrupción seguirá siendo un asunto secundario para muchos otros españoles, que darán la mayoría simple sin mayor rubor a los actuales gobernantes de la Comunidad Valenciana o Andalucía -por poner dos ejemplos de distinto color-, a pesar de la aplastante evidencia acerca de la podredumbre institucional de ambas comunidades.

No obstante, España corre el peligro de perder una oportunidad única con el auge de esta preocupación, ya que el centro de la misma han sido los nombres concretos en vez de las causas. La sencilla propuesta de Podemos es que la corrupción es una cuestión de ética personal que se solucionará cambiando a los actuales gobernantes por otros más limpios -y, por un lado, no cabe duda de que numerosas instituciones necesitan un relevo y una limpieza institucional a fondo-. Pero el olvido de las causas últimas de la corrupción hacen de esta solución un parche que limpiaría temporalmente la corrupción hasta la inevitable aparición futura de nuevos casos en los nuevos gobernantes.

Atacando las causas: reglas frente a discrecionalidad 

La Administración de la Seguridad Social constituye un fantástico ejemplo a la hora entender las causas últimas de la corrupción. Se trata de una administración dependiente del Estado pero que controla algo más de un tercio del gasto público del sector público español, un enorme 13% del PIB. Sus competencias mayoritaras son las pensiones y las prestaciones de desempleo y gestiona su enorme presupuesto con una gran eficiencia, destinando solo un 3% del mismo a gastos corrientes y de personal.

Y, ¿por qué supone la Seguridad Social tan buen ejemplo a la hora de entender la corrupción política? Porque la amplísima mayoría de su gasto, pensiones y prestaciones de desempleo, está regido por reglas claras de aplicación general en el que hay un nulo espacio para la discrecionalidad política. Si consideramos su enorme presupuesto comparativo, la administración de la Seguridad Social ha estado prácticamente libre de escándalos de corrupción –una sencilla búsqueda arroja posibles irregularidades en la contratación de un proyecto informático, precisamente uno de los pocos ámbitos de discrecionalidad de los gestores de dicha administración-.

Las reglas claras pueden crear desde luego situaciones injustas, ya que existen colectivos que, por particularidades en el cómputo de la base de cotización, reciben un trato injustificablemente peor que otros. Además, la situación personal y familiar de cada pensionsta es sin duda desigual. Pero, ¿acaso sería posible un sistema que evaluase cada situación individual, tratando con igualdad y justicia a todos los beneficiarios del sistema? Imagínese una Seguridad Social en la que, en lugar de reglas universales y sencillas, cada prestación hubiera de ser decidida y revisada por un comité, o sus reglas fijadas local y periódicamente por decisores políticos: no solo dejaría de ser una administración eficiente, sino que el clientelismo y la corrupción tendrían de nuevo cabida en una institución hasta ahora libre de las mismas.

Por obvio que resulte recordarlo, el requisito necesario de la corrupción es la discrecionalidad del poder político, es decir, la capacidad de un representante de decidir si un determinado gasto público se hará aquí o allí y quién recibirá dicho gasto. Nótese que este requisito afecta tanto a la corrupción pura y punible como a la de baja intensidad, esa zona gris en la que se mueven las subvenciones, las obras faraónicas o la regulación del sector eléctrico. El problema de la corrupción será mayor, por lo tanto, cuanto mayor sea el poder de decisión de los representantes y cuanto más sea difícil sea de monitorizar su actuación, como en el caso de las Corporaciones Locales en España, en el que ni siquiera los partidos han sido capaces de frenar los inmumerables casos de corrupción pese al daño electoral que suponen, o el de las cajas de ahorros, que las élites políticas locales manejaron a su antojo para financiar proyectos afines.

Tampoco debemos hacer demagogia respecto a este asunto: no toda la actuación del sector público puede ser definida con reglas claras y universales, ya que siempre será necesaria una cierta discrecionalidad a distintos niveles. Pero las propuestas contra la corrupción de todos los partidos –no solo las de Podemos- serían más creíbles si reconocieran esta realidad y apostaran por instituciones más basadas en las reglas en lugar del nominalismo. La experiencia internacional al respecto es amplia –sobre todo en las culturas anglosajona y escandinava-, y al menos debería estar ya claro qué caminos –como el de las cajas públicas- no se deberían volver a tomar. Uno de los ejemplos más sangrantes es el de las competencias de urbanismo, que, a pesar de estar en el origen de la crisis inmobiliaria y de corrupción en nuestro país, siguen inalteradas en manos de los ayutamientos. Los permisos públicos para abrir un negocio, los terrenos a urbanizar o el gasto público en formación de desempleados son ejemplos sencillos que se beneficiarían de un sistema basado en reglas y mucho menos dependientes de la decisión de un gestor público.

Si un partido político quiere dar una imagen seria respecto a la corrupción, debería reconocer esta realidad y proponer reformas institucionales que limiten la discrecionalidad política en el gasto público. Fiar su solución a un cambio de representantes es una terrible incoherencia y deshonestidad intelectual que ignora el origen último del fenómeno de la corrupción y sus raíces culturales: los seres humanos han tendido siempre a “cuidar de los suyos” con los recursos a su disposición, y las culturas latinas han sido tradicionalmente permisivas con este tipo de comportamientos.

Así como Ulises, consciente de su debilidad, pidió que lo ataran al mástil de su barco para no sucumbir a los cantos de las sirenas, España debería blindar sus instituciones contra la discrecionalidad política, en la medida de lo posible, apostando por un sistema basado en reglas universales, solución además compatible tanto con el liberalismo más extremo como con la existencia de un Estado de Bienestar enormemente generoso.

Artículo publicado previamente en la Revista Tiempo