Una de las grandes dificultades de la empresa es encontrar la forma de segmentar la demanda de su producto para discriminar el precio, cobrando a distintos grupos precios distintos según su disposición a pagar. La mayor parte de las veces esta discriminación se realiza a partir de proxies de capacidad adquisitiva, como la edad: en la media, un adulto tiene mayor capacidad adquisitiva que un adolescente. Y, si bien es cierto que la discriminación de precios es un mecanismo que utilizan las empresas para aumentar sus beneficios, también es cierto que beneficia a los grupos de menor capacidad adquisitiva.
La forma en que Renfe explotará la nueva linea de AVE Madrid – Valencia ignora tanto el objetivo empresarial (que la empresa sea más rentable) como el objetivo social (que los grupos de menor renta tengan acceso a servicios básicos a bajo precio), al sustituir todos los trenes Alaris, la antigua linea regular, por trenes de alta velocidad.
El AVE de ida y vuelta a Madrid rondará los 130 euros, frente a los 70 euros que en la actualidad cuesta el mismo billete en el Alaris. El ahorro en tiempo será de unas dos horas por trayecto, por lo que la ida y vuelta suponen un ahorro total de 4 horas. ¿Merece la pena pagar 60 euros por 4 horas? Supone pagar 15 euros por hora, una cantidad similar al salario medio por hora en España; habrá a quien le compense y a quien no, pero el hecho fundamental es que la alternativa de menor coste desaparece para el trayecto Madrid – Valencia. Y, si bien es cierto que existirá una tarifa web con descuentos, su disponibilidad es limitada o inexistente para las horas de mayor demanda (viernes y domingo por la tarde).
Así, Renfe desaprovecha una oportunidad para realizar discriminación de precios e incrementar sus beneficios, pues la infraestructura ya existe y solo tendría que poner en circulación trenes que ya posée. Y, además, impide que muchas personas que antes realizaban el trayecto por 70 euros puedan permitirselo ahora. Una doble oportunidad perdida.
La justificación de esta medida es difícil. Una alternativa plausible es sencillamente política: los responsables de la construcción de la linea del AVE necesitan eliminar su propia competencia para demostrar la viabilidad de la alta velocidad, aún en perjuicio de los ciudadanos. Otra posible dificultad sería la logística de las vías, aunque se antoja difícil una justificación para eliminar todos los viajes de la línea regular.
Y, paradójicamente, los beneficiarios podrían ser las empresas de autobuses, mucho más baratas (alrededor de 46 euros la idea y vuelta) o las areolineas, que ofrecen vuelos entre 40 y 90 euros.
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