Gran parte del debate sobre la independencia de Cataluña se ha centrado sobre un aspecto accesorio y contraproducente para la calidad del mismo: ¿sería la independencia económicamente positiva para Cataluña? Aunque un hecho así estaría sujeto a una gran incertidumbre, el debate no ofrece demasiadas dudas. Es cierto que Cataluña podría atravesar problemas iniciales de financiación, pero la realidad es que se trata de una comunidad con una renta per cápita superior a la española y con un sistema de educación superior envidiable y cercano a los estándares internacionales, por lo que la financiación llegaría con la estabilidad.

¿Tan importante sería el que Cataluña estuviese o no en la Unión Europea tras la secesión? En Europa conviven con éxito multitud de pequeños estados con distintos modelos de relación institucional con la Unión Europea y el Euro. Su sistema de pensiones sería posiblemente más sólido que el español –la “hucha” española de las pensiones no es tal, ya que solo daría para cubrir menos de 6 meses de prestación- y contaría con una población en un orden similar al de Dinamarca, Austria o Finlandia, tamaño más que suficiente para constituir una nación próspera. En definitiva, podría ajustar mejor sus instituciones a una población con preferencias más homogéneas y además se ahorraría una cierta transferencia fiscal al resto de España.

¿Quiere Cataluña la independencia porque sus instituciones serán más adecuadas a su realidad o quiere solo “soltar lastre” y dejar de transferir renta a las comunidades más pobres de España?

Así, el debate alrededor de las consecuencias económicas es tan absurdo como pobre es dicho argumento para pedir la secesión: lo mismo se podría afirmar de Navarra o del barrio de la Moraleja. Si existe debate y tensión es porque la Constitución Española no contiene, como es lógico, ningún mecanismo institucional que posibilite una secesión, ni estos movimientos cuentan con respaldo internacional -mientras no haya, claro está, represión violenta por parte del Estado-. ¿Por qué no recogen las constituciones nacionales un sencillo mecanismo para la autodeterminación? Porque en el corazón de todo debate sobre la secesión late una tensión natural entre dos dimensiones: (1) las diferencias culturales entre los pueblos que la conforman y (2) el igualitarismo inherente a nuestra sociedad.

(1) La necesidad de compartir leyes e instituciones con gente afín no requiere mucha explicación. Los estados son mucho más eficientes cuando legislan para grupos homogéneos y las instituciones funcionan mucho mejor cuando los ciudadanos comparten los mismos valores. De la misma forma en que solemos crear familias y círculos de amistad con las personas afines, no debería generar una fuerte oposición la idea de que una comunidad culturalmente muy distinta se independice. La cuestión es, por supuesto, ¿es Cataluña lo suficientemente distinta del resto de España?

(2) El igualitarismo es la piedra angular de todo estado moderno. Hasta el siglo XX, los estados proveían una cierta seguridad, justicia y defensa, pero las vicisitudes de la vida corrían individualmente a cargo de cada persona. Nacer en la más absoluta miseria, contraer una enfermedad crónica o la incapacidad laboral eran asuntos con los que cada persona lidiaba como podía. Si algo define al estado moderno es la cobertura de las necesidades más básicas y el aseguramiento de riesgos no asegurables como los mencionados. Y, como es lógico y sucede en todos los países modernos, quien más renta tiene, más aporta para la cobertura de todas estas necesidades básicas.

Así, la autodeterminación atenta directamente contra la esencia del estado moderno, al menos cuando el grupo que la solicita resulta tener una renta media superior a la del resto del país. Cuando la comunidad que solicita la independencia tiene una renta per cápita menor, suele haber pocos problemas –como el caso de la independencia de Eslovaquia o, sin ir más lejos, la indiferencia española ante la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968-. Pero cuando la región que solicita la independencia es más rica, nace entonces una natural suspicacia.

El “derecho a decidir” tiene dos dimensiones

La tensión entre estas dos dimensiones vacía de sentido la expresión “derecho a decidir”, ya que este derecho habría de estar condicionado a una fuerte especificidad cultural. Si el “derecho a decidir” fuese universal y no sujeto a ninguna condición, cualquier grupo de ciudadanos de renta alta podría “decidir” sobre su independencia y ahorrarse un considerable porcentaje de renta en impuestos -¿qué servicios públicos consume la Moraleja en relación a los impuestos que pagan sus habitantes?-.

La cuestión es, ¿cómo definimos el qué constituye una diferencia cultural suficiente como para solicitar la independencia? Observen el diagrama adjunto, ficticio pero ilustrativo:

El eje horizontal (“Menor renta” vs “Mayor renta”) representa la renta respecto a la media española, mientras el eje vertical (“Similitud cultural” vs “Diferencia cultural”) representa la lejanía cultural a la “cultura media de España”, entendida la cultura como el conjunto de costumbres y valores que definen a una sociedad.

En primer lugar, existe un fuerte problema de definición, ya que la “cultura media de España” es algo difícil de establecer o definir. ¿Existe más diferencia cultural entre Andalucía y “España” o entre Cataluña y “España”? Para salir del paso y continuar con el argumento, supongamos que “lo genuinamente español” es más o menos la forma de vida de las comunidades de la meseta. Así, la ciudad de Soria o el barrio de la Moraleja tendrían una similitud muy fuerte con lo que quiera que sea “lo Español”, mientras las comunidades geográficamente periféricas se parecerían menos al diferir en sus costumbres.

En el mencionado diagrama, ¿qué grupos de individuos tendrían “derecho a decidir”? Ciertamente, un movimiento independentista de la Moraleja sería percibido como algo profundamente egoísta, ya que su única motivación sería el pagar muchos menos impuestos, mientras que la misma petición por parte de Soria sería recibida con perplejidad, dada su dependencia de la caja única de las pensiones.Por otra parte, pocos se opusieron a una independencia total de Guinea Ecuatorial en 1968, dada su extrema lejanía cultural y a pesar de compartir un idioma.

Pero, ¿y Cataluña? ¿Cuál es la lejanía cultural real de Cataluña respecto a “lo español”? La dificultad de responder a esta pregunta alimenta la sospecha, desde otros puntos de España, de que el catalán independentista medio solo quiere dejar de contribuir a la solidaridad interterritorial. Y el continuo goteo de artículos e informes sobre este tema no hace sino alimentar dicha sospecha.

Esa es, por lo tanto, la tensión entre las dos dimensiones que conforman el problema. Una autodeterminación basada en una “mejora fiscal” difícilmente obtendrá simpatías internas o externas, pues la solidaridad interterritorial es una de las piezas clave de todo Estado moderno. Como es lógico, Cataluña aporta en términos netos más de lo que recibe, pero lo mismo sucede en Baleares y, en mayor medida, en Madrid. De haber alguna injusticia en nuestro sistema fiscal, ésta se encuentra principalmente en el privilegio de las comunidades forales, autónomas en la recaudación y gasto de impuestos pero con un saldo positivo en la única caja en común que comparten con el resto de España: la Seguridad Social.

La crisis ha acentuado el sentimiento independentista en Cataluña, aunque los motivos los comparte a buen seguro gran parte de la población española: todos aquellos que no participaron en la burbuja y el estallido de las cajas, los que no participaron en la corrupción rampante, los que desean menos recortes en educación y ciencia y los que anhelan en general una sociedad más meritocrática, basada en mayor medida en el esfuerzo y con un menor papel del “capitalismo de amiguetes”. Los ciudadanos de Cataluña, a pesar de que dentro de su frontera también se han cocido miserias equivalentes a las del resto de España, tienen una mayor facilidad geográfica para unirse ideológicamente en su petición y conjurar los errores de la crisis achacándoselos a España, pensando que, una vez soltado el lastre, las corruptelas y el despilfarro del pasado no volverán a repetirse gracias a la secesión.

En cambio, ciudadanos de Bilbao, Vallecas, Lugo o Almería comparten a buen seguro las mencionadas preocupaciones sobre corrupción, educación o ciencia sin que un nexo geográfico les permita articular una solución basada en la separación de dichos males. Su única opción de cambio está en las urnas y en la capacidad para afectar a las estructuras de los dos partidos con capacidad de ganar unas elecciones. O, como a menudo sucede, “votando con los pies”, es decir, emigrando a la búsqueda de oportunidades.

Éstas son las dimensiones básicas del problema, y difícilmente Cataluña logrará algo quejándose de que paga más impuestos que la media. Si su petición se basa en la regeneración de un tejido institucional decrépito, a buen seguro logrará recabar más apoyos, en la medida en que una salida de Cataluña podría ser el revulsivo que los españoles necesitan para acabar con la amplia serie de instituciones disfuncionales que lastran nuestra sociedad. Un camino difícil pero quizás alentador a medio plazo.

Artículo publicado en la revista Tiempo