En junio de 2013 escribí un breve texto titulado “incentivos del sistema universitario”. En él quise hacer una pequeña descripción de la universidad pública española, en comparación con otros países de la OCDE. Quise, también, razonar las consecuencias que genera un sistema de incentivos como el de la universidad española. Resumiendo las conclusiones a que llegaba entonces:

• Dado que el estudiante paga una fracción ínfima de los costes de su educación, la demanda (número de estudiantes) se dispara
• Igual que sucede en cualquier mercado cautivo, en el que la entrada de nuevos productores está restringida, los precios suben y la calidad del producto, la educación, baja.
• Igual que en otras muchas inversiones visibles y caras, como aeropuertos y AVEs, que finalmente se han demostrado ruinosas, la apertura de nuevos centros universitarios donde no hay suficiente población está movida por la rentabilidad política y no por una supuesta rentabilidad social.
• Igual que en cualquier organización sometida a los mismos incentivos, la calidad producida (la preparación y adecuación de los alumnos) baja.
• Igual que en cualquier otro negocio en el que el cliente es cautivo y los ingresos no dependen de él, la organización se olvida del cliente, dedicándose a sus propios intereses (ENDOGAMIA).

Llamadas de atención al pensamiento

A raíz de la publicidad sobre el contrato de Íñigo Errejón como investigador para la Universidad de Málaga, muchas reacciones se sucedieron. Me quedo, por moderada y desapasionada, con la de Juanma López-Zafra en su blog. Este caso me hizo recordar las ideas del post que mencionaba más arriba.

Por otro lado, una de las protestas más duraderas de la actual legislatura ha sido la de los profesionales del sector universitario contra los “recortes en educación”.

Todo junto me hizo preguntarme una vez más si las conclusiones a que llegué hace año y medio eran correctas, y en su caso si seguían siendo correctas.

El peso de lo público

Una de las situaciones más difíciles en cualquier organización es cuando se ve en la necesidad de reducirse. En cualquiera de los casos que nos encontremos, y más allá de los costes monetarios que suponga, la resistencia interna de cualquier organización a menguar es enorme, tremenda. Esa resistencia, que llega a hacer quebrar (desaparecer) la organización con consecuencias aún peores que las que se buscaban evitar, es la que me inspiró algunas reflexiones en esta casa (I, II y III) y sigue ocupando buena parte de mi trabajo profesional.

Esta resistencia a reducir su tamaño también se da en el sector público.

Entiendo que los trabajadores del sector público no han sido conscientes de que la sociedad de la que emergen y para la que trabajan se ha visto muy empobrecida desde 2007. Entiendo que no son conscientes de que el peso que suponen para la sociedad es ahora mucho más gravoso. Y que la exigencia de los trabajadores de lo público por la muy legítima aspiración a “mejorar su propia condición” ha de pasar necesariamente por la capacidad del conjunto del país por proporcionársela.

El coste por alumno

En “incentivos del sistema universitario” ya comparé el coste por alumno en la universidad pública española con otros países, pero quería ampliar ese repaso con datos sobre la evolución de dicho coste por alumno. Con la ayuda de Anderson Hidalgo llegué a los datos de Eurostat (centro de estadísticas de la Unión Europea) de los países de la Unión Europea (y otros como Suiza, EEUU, Japón,…) tanto del sector público como de la educación universitaria en su conjunto.

Los datos disponibles se reducen a la década 2002 a 2011, y efectivamente se ha producido una reducción en el gasto por alumno desde el máximo en 2008, cuando gastamos 10.872,60 euros por cada alumno universitario. ¿Pero es realmente algo tan dramático como nos han dicho?

A priori no lo parece.

El número de alumnos

Lo primero que me pregunté es el porqué de esa evolución. Recordaba que el número de alumnos de la universidad pública había caído durante la burbuja, y quizá su aumento después habría podido hacerse sentir en el presupuesto.

En el gasto total se ven tres periodos:

• El primero, de 2003 a 2006 donde el gasto crece casi un 40% (exactamente un 39,14%) mientras los alumnos disminuyen un 6,70%.
• El segundo, de 2006 a 2007 donde el gasto cae un 2,65% mientras los alumnos se reducen un 1,66%.
• El tercero, donde el número de alumnos sí crece, un 2,00% y el presupuesto aumenta casi un 18% (exactamente un 17,94%).

De nuevo no parece una situación dramática. Pareciera que el presupuesto podría haberse reducido sin mayor problema hasta 2007, aunque no lo hizo. Pareciera que el crecimiento del gasto sea más que suficiente para absorber el aumento de un 2% en el número de alumnos.

Salvo que los recursos estén terriblemente mal gestionados.

El entorno

Todo esto es ya revelador, pero ¿qué ha pasado en nuestro entorno? Ya que tenemos los datos, veamos qué nos indican.

Resulta que el caso español no es en absoluto extremo ni extraño a lo ocurrido en nuestro entorno.

Cierto es que, salvo Irlanda y Finlandia, sólo han aumentado más el gasto por alumno los países del antiguo orbe soviético (y no todos) y Turquía. Cierto es que, podríamos mirarnos en Suiza, Italia, los Países Bajos… o Estados Unidos, muy moderados en el crecimiento de estos costes. Cierto es que la situación de partida podría ser muy diferente entre ellos, y lo desconozco.

Unas pocas ideas

En todo caso, opino que las quejas y lamentos de los trabajadores de la universidad pública no están justificados. Creo que conviene repensemos nuestro sistema universitario y el coste de este que somos capaces de soportar.

Sigo pensando que convendría cambiar el sistema de incentivos de nuestra universidad pública. Por ejemplo, devolviendo la capacidad de elección a los ciudadanos y financiando las facultades según el número de alumnos que sean capaces de atraer. Y las que no lo logren… que cierren. Cuando una organización se enfrenta a esa posibilidad, se hace mucho más proclive a redimensionarse. A adecuarse a las necesidades de sus clientes.

Que en el fondo eso somos los ciudadanos. O mejor dicho deberíamos serlo.