Se han diseñado los incentivos para crear un mercado donde no existía. Las altas necesidades financieras para abordar los proyectos, una tecnología en constante cambio y evolución o la poca especialización -en definitiva, altos costes medios por unidad- hacían inviable el apoyo y el liderazgode la iniciativa privada. En cambio, se precisaba ese mercado. ¿De qué estamos hablando? Del mercado de las tecnologías limpias, de las energías renovables.
Un sector donde se diseñó un plan hasta 2010 y en donde se preveía una capacidad de instalación de unos 20.000 megavatios en energía eólica, por poner un ejemplo. Para eso se establecieron unos precios públicos por la energía generada (con una prima que permitiera afrontar los mayores costes) que hicieran viables los parques eólicos, las huertas solares o las plantas de biogás. Y ahora, con el nuevo diseño 2010-2020, las dudas sobre lo hecho y el dinero que cuesta a los ciudadanos empiezan a ser muy importantes.
Se crearon los incentivos y las empresas actuaron como tal. ¿Se creó una burbuja verde? ¿En qué otro negocio tienes asegurado que todo lo que produzcas se te va a comprar siempre a un precio determinado durante 15-20 años? En muy pocos, por lo que los bancos entraron a cofinanciar gran parte de estos negocios. El acceso al crédito en España y la apuesta por el sector de muchas compañías, grandes y pequeñas, han creado una verdadera industria. Con empresas líderes en investigación en energía renovable, que aparecen en los rankings mundiales y que ahora tienen capacidad para ir por el mundo ganando contratos y mejorando en tecnología.
Pero, mientras, crecen los megavatios instalados tanto en solar como en eólico. La prima que paga la energía producida proviene del dinero público, se traslada dinero de los ciudadanos a las empresas de las energías renovables, porque se les supone un impacto muy importante: (i) menor dependencia energética (la energía que mueve España se importa en un 90% a un precio dado, no se influye en el mismo), (ii) una clara reducción en las emisiones de CO2, y (iii) la creación de una industria nueva, con empresas nuevas, muy ligadas a nuevos desarrollos tecnológicos. La tecnología energética basada en recursos renovables se está desarrollando a un ritmo increíble, está arrancando todo un entramado de investigación en nuevos desarrollos. Se ha creado un sector donde antes había un desierto y se ha llevado a que el medio ambiente sea un negocio… pero con “la chequera” pública siempre detrás. Hay empresas que nacen, crecen y se desarrollan resolviendo problemas ambientales. Se ha conseguido incluir a las grandes eléctricas, que han empezado a sustituir tecnologías “clásicas” por otras más limpias.
De hecho hay una red de plataformas tecnológicas en energías renovables muy amplia y potente en Europa, donde se estudian las fronteras en investigación en todo ese campo. Y las empresas participan ahí, ven oportunidades en el mercado verde.
Pero todo esto ha sobrepasado las estimaciones del gobierno. Parece que hay proyectos en España para más de 50.000 megavatios. La industria crece de forma incansable. Y sólo en 2009 se pagaron primas por valor de 6.000 millones de euros (el doble que el año 2008). Ahora parece que llega el momento de cortar el grifo. Llega el momento de decir, “nosotros queríamos jugar a esto de las renovables, pero sólo jugar,…, ahora la cosa es seria”. Quieren cortar por lo sano, se habla de retirar concesiones y, por tanto, de limitar el crecimiento del sector.
En fotovoltaica ya se ha hecho, y muchas empresas lo han pasado mal. Suerte que han aprendido mucho en el camino y ahora son grandes proveedores de otros mercados mundiales como Grecia, Italia o Estados Unidos, donde el sector está en crecimiento.
No obstante, a mí sólo me quedan preguntas:
– ¿No teníamos claro que las empresas y las personas nos movemos por incentivos? Si es así, ¿Por qué nos extrañamos que se comportaran como tal? ¿O es que no se ha pensado en ello antes de diseñar el sistema tarifario?
– ¿Por qué es estratégico el carbón, con las sumas estratosféricas que recibe de dinero público, o las centrales de ciclo combinado, y no otras alternativas limpias?
– ¿Qué hay de malo en generar una burbuja verde? ¿Hasta dónde puede ser una apuesta real por el medio ambiente?
– ¿Por qué no se dice a los ciudadanos que la calidad ambiental cuesta?
– ¿Cómo es posible que no se cuestione la productividad del dinero público en, por ejemplo, la adquisición de vehículos, o por arreglar fachadas de campos de futbol y se mire con lupa un sector con unas características importantes: su cadena de valor es muy sofisticada e incluye desde empresas de ingeniería al metal, pasando por electrónica, transportes especiales, etc.?
– Se cuestionan 6.000 millones en energías renovables, pero no los 3.300 millones anuales hasta el 2012 del plan de vivienda que está “aguantando” de forma artificial un sector en caída libre y que necesita reinventarse.
::¿Existen posibilidades de controlar el sector sin cortar el presupuesto para nuevas inversiones? ¿Se podrían vincular en mayor medida las inversiones en renovables con desarrollo de proyectos de I+D o de traslación de rentas hacia el medio rural español, uno de los grandes beneficiarios potenciales de este tipo de actuaciones?
Una vez más, nos quedamos sin datos para evaluar el sentido económico y social para adoptar medidas de este tipo. Se precisan más datos y más debate. Quizás estaban mal diseñados los incentivos y los precios se han asegurado sin analizar si la rentabilidad era de mercado o era “una mega rentabilidad”. O quizás no era conveniente sesgar de forma tan notable hacia tecnologías aún muy emergentes como la fotovoltaica, que es donde menor productividad se obtiene por cada euro público invertido (en términos de generación de energía limpia). En fin, análisis económico verde parece que es lo que se precisa.
