El gasto en prestaciones de desempleo en 2012 rondará finalmente los 31.000 millones de euros. Como a menudo resulta complicado hacerse una idea de la verdadera magnitud de este tipo de cifras, ofrecemos algunas referencias de comparación y una breve reflexión:
- 31.000 M€ es el 3% del PIB de España, y por lo tanto equivale a un 3% adicional de déficit público
- Equivale a casi la mitad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la denominada “hucha de las pensiones”), dotada con 68.000M€.
- Equivale al 60% del gasto total en educación pública en España (lo cual incluye primaria, secundaria y universitaria)
- Equivale a 2,6 millones de sueldos de 1.000 euros mensuales netos.
- Duplica el gasto total en I+D, tanto público como privado, realizado en España
La magnitud del gasto en prestaciones debería bastar para un replanteamiento serio de nuestro sistema de protección laboral en España. Aunque el siguiente argumento pueda resultar en cierto modo un poco caricaturesco, encierra también una pequeña parte de verdad: en una circunstancia como la actual, nuestro sistema de protección de desempleo consiste en pagar a la gente para que se quede en casa.
En una situación de normalidad, esto debería considerarse como arcaico, poco flexible y ruinoso. La prestación por desempleo cubre temporalmente las necesidades más básicas mientras quien se encuentra sin empleo encuentra un nuevo puesto de trabajo. Pero, ¿qué sucede en una situación de cambio de paradigma en la que muchos salarios, especialmente los menos cualificados, se desploman por la competencia externa o por la desaparición –para décadas- de la demanda, como es el caso de la construcción?
Imagina un trabajador con un contrato anterior a la crisis por el que cobraba 1.500 euros por un trabajo poco cualificado –la construcción podría ser un buen ejemplo-. Pierde su empleo y la prestación pública le permite cobrar durante dos años alrededor de 1.000 euros mensuales. En una circunstancia estable, volvería a buscar un trabajo con un salario similar al anterior –la diferencia en calidad de vida de vivir con 1.000 euros a vivir con 1.500 euros es ciertamente notable-.
Pero, ¿qué sucede si los salarios en su sector se han desplomado por debajo de los 1.000 euros? Ni siquiera es necesario suponer que los parados son oportunistas que prefieren cobrar una prestación de 1.000 euros en vez de trabajar por 900 euros. Más probable que eso es el hecho de que, cuando uno ha trabajado durante muchos años por 1.500 euros, piense que ese es el salario “justo” por la actividad que desempeña. De esta forma, si ve una oferta de trabajo por 900 euros, lo que el trabajador pensará no es “prefiero estar en casa por 1.000 euros”, sino “prefiero seguir buscando, ya que si antes me pagaban 1.500 es lógico que pueda encontrar otra vez algo así”. Y en muchos casos, el parado puede tener razón.
Una parte de nuestra crisis es transitoria y existen muchos trabajos de cualificación media o baja que sin duda perdurarán con salarios de ese nivel. Pero otra parte de nuestra crisis es estructural, ya que una gran parte de nuestra realidad productiva pasada se ha ido para no volver, y cada vez más sectores clásicos se encuentran con la competencia externa y caída de demanda interna, de forma que es probable que muchos salarios no recuperen ya nunca las cotas de protección que ofrece la prestación por desempleo.
El problema, por lo tanto, se encuentra en el enorme desincentivo a aceptar ofertas de trabajo por salarios muy inferiores y en la forma en que nuestra prestación desincentiva esto por completo. O, incluso peor, el desincentivo a formarte y adquirir nuevas capacidades con las que buscar alternativas laborales. ¿Cómo de importantes son estos desincentivos a la formación? Tenemos 5,8 millones de personas en paro y el 86% no se está formando en nada. ¿Cómo, y cuántos jóvenes están en esa situación? La friolera de 2 millones.
Una posible solución pasaría por aceptar la coexistencia de la prestación con los primeros meses de un nuevo trabajo, ya que siempre será preferible pagar una prestación a alguien mientras comienza de nuevo a trabajar, aunque sea por un salario muy inferior al anterior, a pagar una prestación a un trabajador para que se quede en casa. Aunque es cierto que este sistema se prestaría a algún tipo de oportunismo, lo cierto es que existe una forma parecida para quienes comienzan una actividad como autónomos (se les permite cobrar el resto de prestación a cargo de las futuras cotizaciones sociales).
Existen también otras formas de protección: como el tramo negativo sobre el IRPF, que tampoco desincentiva el trabajo, o la obligatoriedad de realizar ciertas labores públicas para limitar compaginación del cobro de la prestación con un trabajo en la economía sumergida. Pero necesitamos un revulsivo urgente para salir de esta situación: es absolutamente alarmante que el gasto en prestaciones por desempleo suponga ya el 3% de nuestro PIB. En muchos casos, estamos pagando un salario a muchos españoles para que permanezcan en casa en vez de aceptar un trabajo por un salario menor a su prestación o reiniciar su carrera profesional con formación de alta calidad.
