En el post anterior se describía cómo el proceso de dejar de ser una pequeña empresa, el umbral de los 50 trabajadores, supone enormes aumentos en los costes de gestión y una bajada en la flexibilidad y velocidad de reacción de la empresa como consecuencia de un cambio en la aplicación de la normativa. Un problema, por cierto, no exclusivo de España: en Italia el umbral es de 15 trabajadores y en Francia también de 50).
Un problema adicional es que los incentivos a la contratación de trabajadores van desapareciendo conforme se crece. Un mercado de trabajo hiper-regulado como el nuestro incentiva fuertemente que las empresas sigan siendo pequeñas. Y es que la regulación del mercado de trabajo y la política impositiva (de la que hablaremos en breve) influyen terriblemente en el comportamiento de las empresas. Los incentivos fiscales a la contratación suelen tener, como normal general, su objetivo en la pequeña empresa.
Cuando se crece aumenta también el tipo de tributación en el Impuesto de Sociedades (sobre beneficios), disminuyen las deducciones y bonificaciones y desaparecen los incentivos fiscales.
Del mismo modo, los costes de la tramitación fiscal se multiplican. Dejar de ser una PYME de cara a la Agencia Tributaria (facturación de 6 millones de euros, que en la práctica supone ser una empresa mediana y no grande), supone liquidar mensualmente el IVA (en vez de trimestralmente) y pagos fraccionados trimestrales del impuesto de sociedades. Triplicar las liquidaciones y los trámites significa, por supuesto, triplicar el tiempo dedicado a ellas. Liquidar impuestos cada poco tiempo significa, por supuesto, contar con un fondo de maniobra mucho mayor (dinero en efectivo); recursos que hay que retirar de las inversiones productivas.
Respecto a las obligaciones mercantiles, en cuanto la empresa cumple dos de los tres criterios que le dejan de calificar como pyme (más de 50 trabajadores; cifra de negocios por encima de los 5,7 millones de euros y activos en balance por encima de 2,85 millones de euros), debe cumplir crecientes obligaciones de auditoría y cuentas anuales. De nuevo crecen los costes de administración y obligan a la contratación de servicios externos. Adicionalmente, la probabilidad de ser inspeccionado por la agencia tributaria aumenta con el tamaño. Un motivo (solo uno) es la existencia en la agencia tributaria de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas (UGGES), creadas en el año 1995 para hacer un seguimiento especializado a las empresas con facturación por encima de 1.000 millones de pesetas (este es un documento del tribunal de cuentas que describe las UGGES). Hay que recordar que ser objeto de una inspección supone una ingente cantidad de horas, una ingente cantidad de dinero dedicada a satisfacer las exigencias del inspector, los cuales no producen ingreso alguno, un coste que desincentiva de nuevo el crecimiento.
La burocracia administrativa penaliza igualmente el crecimiento, en una suerte de nueva eurosclerosis. Abrir una actividad, instalación, centro de trabajo, obra, cambio físico, traslado o cualquier modificación para crecer significa afrontar una miríada de permisos, informes, regulaciones y autorizaciones. A menudo supone satisfacer los requisitos de varias concejalías municipales, una diputación y todos o casi todos los departamentos del gobierno de la comunidad autónoma, además de la lógica legislación nacional. Ya sufrimos en torno a un millón de páginas de legislación económica en los Boletines Oficiales autonómicos, con más de 100.000 leyes vigentes. Los tribunales llegan incluso al punto de fallar aplicando decretos de la Guerra Civil (ver anterior post). A todo esto los economistas lo llamamos, descriptivamente, incertidumbre de régimen.
El empresario acaba con la sensación de ser “presunto culpable”, virtud a una inversión de la carga de la prueba (un ejemplo y otro, no relacionados directamente con la administración), en una suerte de prueba diabólica. De estar obligado a desembolsar ingentes cantidades de dinero antes de poder hacer nada mínimamente productivo.
Las limitaciones financieras son el último gran limitador del crecimiento empresarial. Ya hemos visto que crecer supone disponer de una liquidez enorme, difícilmente compatible con la inversión productiva. Pero, además, financiar esa liquidez es muy difícil. La empresa española no logra financiarse salvo con crédito bancario, al contrario que en otros países desarrollados. Un crédito bancario que, además, resulta esquivo (entre un 16% y un 25% de tasa de rechazo). Esto se debe también al vertiginoso endeudamiento de las administraciones, que expulsa a las empresas del mercado de crédito (el efecto crowding out). Un desarrollo muy escaso de los mercados alternativos bursátiles, una emisión de bonos casi inexistente y la dependencia de la financiación a corto plazo por parte del sector bancario (que últimamente está centrado en sus propios problemas de capitalización y casi abocado a comprar deuda pública y financiar al SAREB) no son las únicas dificultades financieras; como se indicaba en el artículo de Sintetia “La financiación a empresas: la travesía en el desierto”.
Los retrasos en los pagos y el incumplimiento habitual de los límites en los plazos de pago que impone la ley, tanto por administraciones públicas como por clientes privados, son un coste financiero no explícito que frena cualquier crecimiento y desincentiva la búsqueda de nuevos clientes más alejados de la ubicación habitual.
Reacciones de la pyme española
Hemos repasado muchas circunstancias que desincentivan o directamente impiden que las pymes españolas dejen de serlo, que por tanto les dificultan o bloquean la posibilidad de crecer en productividad y ser más rentables. ¿Cómo se contemplan estos incentivos desde las empresas?
:: Para controlar los costes laborales, han de pagar “poco”, no medir ni gratificar el desempeño, y confiar la disciplina y el cumplimiento de las normas a la presión disciplinadora de los compañeros (hay estudios que confirman esta visión).
:: Los costes adicionales asociados al crecimiento no los soporta ninguna empresa que no sea un cuasi un monopolio local o una gran multinacional con beneficios y los recursos de un ministerio.
:: Es casi imposible pagar los abogados necesarios para establecerse en diversas autonomías.
:: Al tener un estado tan fraccionado (no descentralizado) y un negocio tan dependiente de los poderes públicos hay que adaptarse a esta red de stakeholders que favorecen la “proximidad” (en el lugar de nacimiento de la empresa). No es banal pisar la diputación, reunirse o comer con el consejero y llevarse bien con el partido de turno. Cada vez nos alejamos más del ejemplo a seguir (Finlandia, por ejemplo).
:: Trabajar en todo el territorio nacional supone condenarse a un 20% en gastos generales, con buena facturación, hasta que se alcanza un tamaño enorme.
:: Las administraciones, las regulaciones y la fiscalidad son el primer coste de cualquier empresa, producto y servicio. Y es la única partida de coste que sigue aumentando mientras pretende que las empresas se adapten y sean competitivas.
Esta visión se plasma así en las decisiones de la PYME: la empresa decide no crecer. Y, si lo hacen, se preparan terriblemente evitando otros costes importantes pero no imprescindibles, como las certificaciones de calidad. Además, si están cerca de los límites buscan aumentar su flexibilidad para poder reaccionar rápidamente si lo cruzan. Por ejemplo, durante la bonanza, las empresas por debajo de los 50 trabajadores son las que tenían mayor porcentaje de trabajadores con contrato temporal (Encuesta de Coyuntura Laboral).
¿Ejemplos concretos? El mayor fabricante de hardware que opera en España es una SL con administrador único: su transformación desde sociedad anónima coincidió con el anuncio de exigencias sobre la composición de su consejo de administración. La mayor cooperativa de España se divide, desde hace ya 40 años, cuando sus empleados, gama de productos o facturación superan ciertos parámetros. O pensemos en un sector que opera por necesidad a nivel nacional: logística y traspaquetería. Ni una sola empresa trabaja en toda España. Bajo el logo común hay siempre infinidad de pymes locales asociadas, coparticipadas, integradas, franquiciadas o revueltas.
Esta situación no es exclusivamente española, pero hemos logrado llevarla al extremo hasta casi convertirnos en campeones olímpicos de desincentivar el crecimiento de nuestras empresas. La desregulación, la unidad de mercado y la simplificación normativa y fiscal contribuirían a que en España se crease empleo y a que dejásemos de ser un país de pymes.
