La realidad actual ha evidenciado un hecho que parece incontestable: estamos tratando de gestionar el mundo del siglo XXI con burocracias del siglo XIX. En un entorno político, económico e informativo que discurre en modo casi instantáneo, nuestras administraciones públicas siguen siendo enormes e ineficientes tortugas de las Galápagos, que reaccionan tarde y mal a los cambios externos, demorándose un tiempo precioso en interminables procesos deliberativos. Nuestro ámbito de actuación, cada vez más global, exigente e incierto, requiere estructuras administrativas más ligeras y flexibles, y lo requiere ya. Resistirse a los cambios que la realidad impone nos debilita y sitúa en desventaja. Tendríamos por tanto que tomar la iniciativa y adelantarnos a los acontecimientos. Partiendo de unas bases sólidas (las que sustentan nuestro Estado de Derecho), deberíamos aceptar que todo lo demás es susceptible de ser modificado. Todo.

Para construir esta “nueva administración”, nuestros responsables políticos, con el concurso de todos los agentes sociales, deberían seguir unas líneas estratégicas claras:

• Reconocer formalmente que el nuevo entorno demanda cambios estratégicos en nuestro modelo de Estado.
• Desarrollar un nuevo concepto operativo para las administraciones públicas, basado en dicho modelo renovado.
• Con los recursos presupuestarios disponibles, reorganizar las administraciones con un diseño mucho más integrado y eficiente, orientado a objetivos, evitando duplicidades y actividades superfluas.
• Utilizar los ahorros generados con la reorganización para sanear las cuentas públicas y reorientar las prioridades nacionales de inversión, que deben enfocarse hacia la educación, la investigación y el medio ambiente.

El conocimiento de los mecanismos que operan en este mundo veloz, exigente y multipolar, constituye el primer paso ineludible para diseñar el nuevo modelo administrativo. La falta de dicho conocimiento constituye una debilidad sistémica de primer orden, que se corrige con visión, trabajo y formación.

La capacidad competitiva de un país no puede basarse en la articulación de un gigantesco aparato público que consume los recursos ciudadanos de manera tan poco eficiente. Conseguir activar los medios humanos y materiales de la nación implica desarrollar mecanismos de decisión/acción política y de difusión de información sobre redes administrativas ágiles y coordinadas. Ello, a su vez, exige disponer de estructuras directivas integradas y de nuevas configuraciones organizativas, diseñadas adhoc para iniciativas concretas. La necesaria coordinación horizontal y la rapidez requeridas no pueden alcanzarse dentro una rígida estructura funcionarial, sobrecargada de procedimientos y de niveles jerárquicos

Además, los líderes políticos y mandos intermedios de la administración deben acortar los ciclos de decisión, así como aprender a pensar y actuar a corto plazo con información incompleta en el marco de una iniciativa pública o durante el transcurso de una crisis. Acumular informes, asesorías, notas de despacho e interminables horas de comités y grupos de trabajo no garantiza que los resultados vayan a ser mejores. Puede que sean consistentes, pero resultarán, en todo caso, tardíos y poco útiles. La solución pasa por disponer de pequeñas pero muy competentes unidades administrativas, suficientemente dotadas de recursos, tecnología e información. Como bien ha demostrado la iniciativa privada, un grupo reducido de personas muy bien preparadas, que dispongan de las herramientas adecuadas, puede conseguir mucho más que una masa de políticos y funcionarios afanosos con todo su aplastante poder burocrático. En consecuencia, hay que redefinir completamente las plantillas y perfiles del personal al servicio de las administraciones públicas. Y, sí, también, debemos cambiar las leyes, para reducir su número, extensión y evitar las incoherencias regulatorias.  

Quisiera insistir en el componente tecnológico. La interacción de las tecnologías de la información con nuevos paradigmas organizativos potencia la acción administrativa hacia territorios antes desconocidos. No obstante, tales desarrollos no pueden llevarse a cabo de forma indiscriminada en nombre de estar siempre “a la última”. La tecnología debe escogerse en base a lo que demanda (o demandará) el ciudadano a los poderes públicos, y atenerse exclusivamente a ello. Para todo lo demás ya tenemos a nuestras empresas.

La manera de cómo una nación utiliza sus recursos, tanto en épocas de bonanza como de crisis, dice mucho de la madurez y valía de sus instituciones. En este sentido, los poderes del Estado no son sino un reflejo de los ciudadanos que los sustentan, de su calidad individual y colectiva. Los retos del presente y del futuro exigen nuevas estructuras y procedimientos públicos, que reduzcan la incertidumbre, promuevan la confianza institucional y aseguren el imperio de la justicia, en su sentido más amplio.

Como dijo en su día Bill Gates, cuando llega la ola del cambio, “uno puede sumergirse para que nos pase por encima, tratar de mantenerse firme o, mejor todavía, surfear la ola”. En otras palabras, cuanto más rápido pueda un país asimilar las transformaciones de su entorno político, económico y social, tomar decisiones razonablemente buenas y sensatas al respecto, y actuar de forma decisiva, más competitivo será en el tablero geopolítico global.

El futuro demanda administraciones más pequeñas, operativas y eficientes, fuertemente apoyadas en la tecnología, que funcionen por objetivos y respondan públicamente por ellos. Hagámoslo posible.