¿Os imaginais si para pedir una hipoteca tuviéramos que comprar nuestro propio análisis de solvencia? Lo llevaríamos a la sucursal del banco, quien invertiría en nosotros o no en función sólo de dicho análisis, porque la sucursal, imaginemos, no tiene mejor capacidad de análisis que esa. Pues bien, hasta la fecha, este es el caso en los mercados de capitales mayoristas.
Por esta razón, la solución que muchos proponen ahora es introducir más competencia en el sector de calificadores de riesgo. Una de las principales reclamaciones de los emisores e inversores europeos es una nueva agencia (pan)europea que haga competencia a las anglosajonas Moodys y S&P principalmente.
Los expertos Bo Becker y y Todd Milborn de Harvard y Washington University analizan este problema y la idoneidad de la solución planteada. Su conclusión es que la competencia empeorará la calidad de los rating…más todavía. Así lo explican en un reciente estudio publicado en el National Bureau for Economic Research.
Su estudio aprovecha la única evidencia empírica existente en el mercado. El impacto que sobre los ratings ha tenido la introducción de Fitch Ratings SAU en la década de los 90’s, como competidor de Moodys y S&P. El resultado muestra que a medida que Fitch ha ido ganando cuota de mercado, los ratings AAA otorgados por las agencias se incrementaron significativamente. No solo eso, sino que la capacidad predictiva de los ratings sobre las rentabilidad de la deuda calificada a partir de entonces disminuyo, y lo mismo ocurrió a nivel de empresa individual, bajando el poder de explicación de los ratings sobre los defaults observados.
Así, lo autores se inclinan a pensar que el incremento de la competencia en el sector de la calificación crediticia produjo una merma en la calidad de los ratings otorgados. Por lo tanto, esto se enfoca como crítica a la lucha por tener un nuevo competidor en este mercado.
¿Es lógico este razonamiento? En cierta medida sí. Lo que ocurre que posiblemente el problema definido por los autores no es completo. Está claro que mantener el esquema actual de incentivos en este mercado e introducir un nuevo competidor nos llevaría a una merma de la calidad vía lucha en reducir los costes del producto vendido.
El problema debe plantearse como un caso de externalidad negativa. Por eso la reclamación desde el mercado de una nueva agencia de rating (privada) europea debe completarse con una condición de la misma de carácter público.
Es bien conocido y discutido ya que la estabilidad financiera es un bien público, por lo que el esquema actual de incentivos es inadecuado. Si el comprador de una calificación de riesgo es el emisor mismo del riesgo, está claro que el incentivo del vendedor del mismo, en tanto que se trata de una opinión sin compromiso, es otorgar una calificación tal que satisfaga a su cliente. Sin embargo, esto puede llevar a una inestabilidad financiera (como se ha demostrado con la reciente crisis) si los ratings comienzan a fallar. Y esta inestabilidad perjudica a todo el mercado, no al comprador y al vendedor del rating.
De ahí que la reclamación correcta sea introducir la exigencia de un rating público. Solo cuando los emisores de deuda estén obligados a pagar una tasa pública por obtener dicho rating, existirá un organismo capaz de emitir opinión propia solvente y rigurosa sobre el crédito analizado… sin necesidad de temer por sus ingresos.
Se trata de la lógica de los incentivos perversos. Además, es bien razonable pensar que el know-how existe ya en el sector público, en concreto, dentro del personal de los Bancos Centrales, quien han demostrado una elevada cualificación técnica en el diseño y aprobación de la metodología de Basilea III, que al fin y al cabo, se trata de un análisis cuantitativo del riesgo de crédito, incluso más riguroso que el necesario para un rating.
