Recientemente, Narayana Kocherlakota (Presidente de la Reserva Federal de Minneapolis) ha explicado (discurso original aquí; un resumen en español aquí) cómo utilizar un impuesto sobre el riesgo como medida efectiva para regular las externalidades negativas derivadas del riesgo sistémico de la actividad bancaria. En concreto, se trata de eliminar el potencial riesgo excesivo que pueden estar incentivadas a tomar aquellas entidades que se han adherido al programa de garantías públicas sobre su financiación mayorista.
Recordemos que este tema ya lo hemos tratado en Sintetia, donde se mencionó que el uso de los impuestos pigouvianos sería la mejor herramienta para reducir este riesgo sistémico. No obstante, hablábamos de que existía un problema básico clave al respecto. A diferencia de la contaminación ambiental, la cual es medible y cierta, la contaminación financiera no lo es. Por lo tanto, cualquier base imponible que eligiéramos sería una apuesta sobre el riesgo a gravar. Pues bien, Kocherlakota nos propone una solución de mercado para cuantificar el impuesto.
En concreto, se trata del siguiente mecanismo:
El Gobierno emite un “bono de rescate” que replica en escala minorista los costes públicos de un rescate financiero a una entidad X. El bono paga un cupón variable, por ejemplo, 1/1000 de las transferencias o costes que los ciudadanos estuvieran pagando a través del uso de la recaudación pública de sus impuestos para salvar a la entidad financiera o a sus accionistas. En la mayoría del tiempo y casos, el bono pagaría un cupón igual a cero, pero en ciertos escenarios tendría un pago muy elevado. Así, en condiciones normales de mercado, este bono valdría 1/1000 veces el valor esperado descontado de estas transferencias del erario público a una entidad X condicionado a que suceda el rescate financiero. Por lo tanto, el Gobierno debería cobrar un impuesto igual a 1000 veces el precio de este bono.
Con este ejemplo se podría conocer la base imponible del impuesto, ajustada a la distribución de probabilidad de suceso que le asignara el mercado. Hallaríamos el valor esperado del coste del rescate financiero. Es cierto que tal y como menciona el autor, el mercado para este tipo de bonos puede ser estrecho o ilíquido, resultando en un precio de mercado no completamente fiable. Pero en cualquier caso, esta solución aportaría siempre información muy útil, y sería más factible que el seguimiento regulatorio de multitud de variables sobre la entidad financiera en búsqueda de aproximar el coste público de un posible rescate.
Llegado este punto, todavía nos quedaría un segundo problema a resolver. Conocemos la base imponible, pues a través de mercado la hemos llegado a cuantificarla, condicionando su valor a unas probabilidades de suceso. Pero, ¿cómo repartiríamos temporalmente el impuesto? Este problema ya ha sido mencionado en Sintetia. El caso es averiguar cómo gravar un hecho imponible que no sólo es incierto en su cuantía, sino que tan siquiera es cierto que suceda. Hemos llegado a cuantificar el impuesto, pero ¿lo aplicamos íntegramente upfront año a año? Es decir, estos bonos de rescate se podrían emitir con vencimientos anuales, y así gravamos a final de cada año fiscal a cada entidad. Pero, ¿y si el riesgo sistémico se materializa sólo a mitad del ejercicio fiscal? En ese punto el precio del bono repuntaría, pero luego podría bajar. Si calculamos el valor del impuesto en un solo momento del tiempo, puede darse el caso de que sea de mucha calma financiera, y recaudándose un impuesto inferior al óptimo social. Y viceversa.
En cualquier caso, esta propuesta es brillante y de gran utilidad. Si bien se centra en el caso de entidades que han recibido una garantía pública para su financiación mayorista, se puede extender directamente al caso de cualquier entidad financiera que se aprovecha de la subvención implícita “too big to fail” sobre su financiación mayorista (argumento aquí explicado).
La conclusión es que los rescates son inevitables y que, por ello, nos deberíamos centrarnos no tanto en evitarlos sino en crear un sistema eficiente de reparto de costes.
Andrés Alonso
