El mes de enero ha finalizado con 4.980.778 personas registradas en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) en España, el peor dato de paro registrado de la historia de la democracia. La inauguración del año continúa con la sangría de empleo iniciada en 2008: 380.000 nuevas personas desean trabajar pero no encuentran el camino para lograrlo. Y, lo que es más grave, la Seguridad Social ha perdido 780.000 cotizantes durante el año 2012, el peor dato desde el crack de la construcción en 2009. 

Los datos del paro registrado confirman la situación que presentaba la última Encuesta de Población Activa (EPA), publicada el pasado 24 de enero, que constituye la principal fuente de información del mercado laboral. Al contrario que los registros de la Seguridad Social, la EPA es una encuesta construida para ser representativa del conjunto de la sociedad y para facilitar y hacer homogéneas las comparaciones con el resto de Europa, tratándose de la fuente de información más fiable sobre el estado del mercado laboral. Y la lectura de la misma no puede ser más terrible: España está sumida en una profundísima crisis laboral, con unos niveles de desempleo que superan la capacidad de comprensión de los analistas y que lastran las expectativas del conjunto de la sociedad creando una barrera psicológica, la de nuestra aparente incapacidad como país para dinamizar la economía, crear riqueza y empleo. 

La EPA estima que, tras destruirse 900.000 empleos durante 2012, estamos a punto de rebasar la estratosférica cantidad de 6 millones de parados. Cada nueva persona que pierde su empleo ve lastrado su futuro y sus expectativas de consumo; pasa de ser un contribuyente neto al sistema –aportando IRPF, cotizaciones e IVA a través de su trabajo- a suponer un gasto público para las finanzas del Estado –recibiendo prestaciones por desempleo, menores tributaciones por renta y consumo-. La destrucción de empleo trae consigo aumentos automáticos del gasto público, caída de los ingresos y, lo que es peor, cada nuevo desempleado aumenta la carga que ha de soportar el resto de cotizantes para mantener la estructura de nuestro sector público. Este círculo vicioso está conduciendo a un serio problema en la sostenibilidad de las finanzas públicas: España destina ya más de 33.000 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, una cantidad similar a la que se paga por los intereses a la deuda pública; ambas partidas suman, en total, un 6% de nuestro PIB. 

A pesar de todo ello, el problema central del mercado laboral español se encuentra en la factura social que está creando entre quienes progresan en su carrera laboral y quienes observan impotentes cómo su capital humano y experiencia se deprecian con el desempleo. El siguiente gráfico muestra la estructura de la población española adulta en relación con la situación de actividad –activos e inactivos-, el empleo –ocupados y desempleados- y su formación –formación básica y formación superior-. En segundo lugar, la tabla muestra un resumen de la evolución del empleo por sectores entre 2008 y 2012.  

Hoy hay en España más de 38 millones de personas mayores de 16 años. De ellas, 6 de cada 10 se consideran activas -ocupadas o desempleadas pero buscando activamente un empleo-. Ello supone que 4 de cada 10 personas en edad de trabajar están fuera del mercado laboral: se trata de jubilados, estudiantes, personas dedicadas a las actividades del hogar, personas incapacitadas para trabajar y aquellas que no desean hacerlo. De los casi 23 millones activos residentes en España, casi 17 millones, el 74%, tiene un empleo. Por el contrario, una de cada cuatro personas que quiere trabajar no lo consigue. 

¿Qué papel desempeña la formación en la situación de empleo? Al considerar por separado a los ciudadanos “menos formados” -aquellos con estudios por debajo del nivel de bachiller o Formación Profesional- y los “más formados” -el resto-, España tiene una gran masa de más de 10 millones de activos ocupados dentro del grupo con menor formación frente a 6,8 millones de trabajadores con formación elevada. ¿Cuál ha sido la evolución de estos grupos a lo largo de la crisis? 

1.- ¿Se han producido cambios sustanciales en el nivel de actividad laboral de los españoles? ¿Ha desanimado la crisis a los españoles, empujándolos a la inactividad? La respuesta es no: España tiene hoy tiene prácticamente el mismo número de activos que en 2008. 

2.- ¿Ha afectado la destrucción de empleo a las personas más formadas? Rotundamente no: el número de personas con formación superior actualmente ocupados es equivalente al de 2008. A pesar de la destrucción de empleos para trabajadores formados, ésta ha sido también el área donde más empleos se han creado. 

3.- Entonces, ¿a quién ha perjudicado la crisis? A las personas con una formación inferior a bachiller o formación profesional: la práctica totalidad del empleo destruido ha correspondido a personas con baja formación. 

4.- ¿Cómo ha afectado la formación al desempleo? Aunque el paro ha afectado tanto a personas formadas como no formadas, existe una notable diferencia en cuanto a la tasa de paro. Aquellos con una formación por debajo de bachiller tienen el doble de probabilidad de encontrarse en el paro que aquellos más formados. 

5.- ¿Ha afectado la crisis a todos los sectores por igual? No, la crisis se ha cebado en los sectores más intensivos en capital humano, especialmente el sector de la construcción, que ha visto cómo el 60% de su empleo se evaporaba en pocos años. 

Los datos muestran una realidad inequívoca: la formación es un buen antídoto contra el desempleo. Así, el problema del desempleo cualificado se antoja más coyuntural que el de los que tienen menos formación; cuando España comience a crear empleo en términos netos, lo empezará a hacer por las personas más cualificadas.

Nuestra economía se encuentra, en definitiva, ante un fuerte desequilibrio en la demanda de personas formadas y no formadas; entre quienes tienen contratos temporales e indefinidos; entre los distintos territorios de España, entre los cuales existe poca movilidad laboral por el problema del “anclaje de la vivienda”; entre quienes tienen más de 45 años y poca formación frente a los más formados y con experiencia y capacidad para reinventarse. El gran reto de España será el conseguir absorber el desempleo de trabajadores poco cualificados y con baja productividad, los cuales disfrutaban hace solo cinco años de niveles salariales y de ocupación históricos pero que ahora empeoran cada día. La dualidad del mercado laboral español se ha agudizado conforme los riesgos de exclusión social son cada vez más elevados. Y todo ello está siendo agravado por la difícil sostenibilidad de nuestro estado del bienestar ante la caída de la actividad económica. 

Y si en algún punto puede escenificarse la fractura social, esta es la posible tensión entre “protectores” y “protegidos”. ¿Hasta qué punto se ha de garantizar un cierto nivel de vida si el cambio es estructural? ¿Y si los trabajadores poco formados ya solo podrán volver a acceder a un empleo con salarios significativamente más bajos? Estos son los dilemas políticos que nuestros representantes habrán de gestionar en el futuro. La aparente dureza de los recortes no ha logrado reducir el déficit, y tras los gastos superfluos el resto de recortes se irán dirigiendo inevitablemente hacia los individuos más necesitados. 

Un foco de esperanza 

No todo son, desde luego, malas noticias. Los malos datos de empleo y los escándalos de corrupción están tapando la creciente potencia de las exportaciones, la creación de un tejido empresarial global e innovador alrededor de nuestras principales empresas exportadoras y la preferencia de España como destino turístico para casi 60 millones de visitantes anuales. En España existes sectores punteros y empresas exportadoras muy competitivas, como muestra el hecho de que España haya mantenido su cuota mundial de exportaciones incluso tras el auge de China, algo que muchos otros países europeos no han conseguido. 

La clave para la recuperación del empleo dependerá de nuestra capacidad para que el crédito y el empleo fluyan hacia dichos sectores. El problema del crédito está, tras varios años de pasos en falso, en vías de solución, aunque sea de la forma más injusta posible: el contribuyente está asumiendo el saneamiento de las entidades insolventes. Pero el problema del flujo de trabajadores sigue ahí, debido en parte a que el sistema de seguridad laboral español se basa en la protección del puesto de trabajo. Mientras un trabajador acumula antigüedad en su empresa, adquiere el derecho a una mayor indemnización en caso de despido. En cambio, si decide cambiar de empresa pierde su derecho adquirido. 

Los incentivos del sistema actual actúan, por lo tanto, en contra de la recuperación, al dificultar el trasvase de trabajadores desde sectores con problemas hacia los sectores que más competitivos se han mostrado durante la crisis. Mientras la discusión se ha centrado en España en la cuantía de la indemnización por despido, las necesidades de una economía moderna son muy distintas, pues requieren compaginar la protección laboral con la movilidad entre distintos empleos y sectores. La gravedad de la crisis hace que la mejor estrategia para un trabajador sea el aferrarse a su actual puesto de trabajo, en vez de buscar la ocupación en la que pueda ser más productivo. 

Mientras tanto, varios países europeos –con Austria y Dinamarca a la cabeza- han apostado ya por sistemas de protección laboral que no desincentivan la movilidad laboral, bien a través de un mayor papel de la prestación pública de desempleo o bien mediante la creación de un fondo para contingencias de despido al que las empresas aportan, el cual acompaña a cada trabajador incluso si cambia de empresa. La adopción en España de un sistema con estas características podría suponer un primer cimiento sólido para la recuperación del empleo y para la entrada en la modernidad de su sistema productivo.

Una versión de este artículo ha sido reproducida en la revista Tiempo el viernes 8 de febrero.