¿Se imaginan que les cobrásemos a los padres una tasa diaria cada vez que llevasen a sus hijos al colegio público? Todos nosotros pagamos, a través de nuestros impuestos, los colegios públicos y el mantenimiento de sus instalaciones. Está claro que cuando a un colegio acuden multitud de alumnos, y las aulas se abarrotan, la probabilidad de que en una clase surja un altercado y haya destrozos serios existe. Imaginen una pelea, comenzada por algunos alumnos, que por alguna razón, se contagia y acaba destrozando todo el colegio.

La estabilidad escolar, entendida como la situación en que podemos asistir a clase sin altercados, es beneficiosa para todos. Todos los alumnos se benefician de esta tranquilidad porque estudiarán mejor, y el resto de nosotros porque no asumiremos altos costes por el mantenimiento del colegio ¿Cómo podemos maximizar entonces esta estabilidad?

Una opción podría ser el cobrar a los padres de los alumnos por llevar a clase a sus hijos. Si los alumnos pueden causar grandes desperfectos en las aulas, por los cuales debemos pagar todos, es justo que les cobremos para que el coste lo asuman ellos. ¿Estás de acuerdo? Pues, exagerando un poco, para ilustrar el ejemplo, ésta es la situación que se nos plantea con la nueva tasa Tobin. Cobrar a unos pocos con el fin de recaudar, para el caso potencial de que sucediera algo costoso para todos a causa de unos pocos (los participantes del mercado financiero).

Inmediatamente después de instaurar la tasa Tobin en la escuela, muchos padres decidirán dejar de llevar a sus hijos al colegio. El impuesto aumenta el coste de esta actividad, y posiblemente para algunos padres los beneficios de la educación de sus hijos ya no compensarán este nuevo coste incrementado.

Cobrando a los padres por los posibles altercados que sucedieran en el colegio, ¿los estamos evitando? Imposible concluir esto. De hecho, quizás nos quedamos con los alumnos más conflictivos, aquellos a los que no les importa pagar más dinero y seguir destrozando, por ejemplo. En cambio, lo que sí sabemos es que caerá el número de alumnos. Por lo que la recaudación de la tasa Tobin escolar no será tan elevada como podíamos esperar a priori. Además, es perfectamente posible que estemos perdiendo a alumnos buenos, que por falta de dinero, ya no pueden ir a clase. Por lo tanto, los perjuicios de la tasa los tenemos claros, y el beneficio (la recaudación), es incierto.

Una cosa es pensar que existe una relación positiva entre el número de alumnos y los altercados (que haya correlación positiva). Otra cosa muy diferente es que esta relación sea de causa-efecto. Es fácil pensar que serán ciertos comportamientos o patrones de comportamiento en los alumnos los que nos ayudarán más a predecir (y evitar por anticipación) la aparición de altercados. Prohibir llevar armas, clases de diversidad cultural obligatorias, seguimiento psicológico obligatorio a los alumnos, etc … Es decir, regular con sensatez.

A veces el mercado no funciona bien. Está claro que existen ineficiencias, y en este caso, tenemos un fallo del mercado debido principalmente a dos causas: la estabilidad financiera es un bien público, y hay potenciales externalidades negativas de la actividad de transacciones financieras.

Para solucionar esta ineficiencia la UE acaba de introducir un impuesto. Hace tiempo que oímos sobre esta idea, y comentamos ya en Sintetia mucho sobre ello: el concepto de Impuesto de Robin Hood. Simplificando, la idea es que existe una “contaminación financiera” causada por la actividad de los bancos, y que, debido a la misma, debemos introducir un impuesto en las transacciones financieras para que los bancos internalicen este coste y paguen por los posibles costes futuros que nos repercutirían a todos. Las razones más técnicas y argumentadas de por qué este caso de externalidad no es comparable al clásico ejemplo de la contaminación y los impuestos pigouvianos los contamos aquí , aquí y aquí.

La conclusión es que la introducción de esta fricción al sistema de transacciones provocará más volatilidad, dada la caída de volumen de contrataciones, y caída de precios. Además, perderemos intermediarios financieros que dejarán de operar por el nuevo coste a asumir. Lo peor es que nada nos asegura que la recaudación del impuesto compense la pérdida de valor que provocará este impuesto. La propia Comisión Europea (CE) estima que la tasa provocaría una caída del PIB de entre 1,5% y 3%, mientras que asumen una potencial recaudación de unos 57.000 millones anuales. Lo más curioso o irónico de todo es que en este marco de actuación coordinado para introducir la tasa, no se establecen obligaciones sobre el uso de los fondos recaudados. Y como la misma CE afirmaba en sus estudios “si la recaudación se invierte de forma inteligente, el efecto económico puede acabar siendo positivo”. Es decir, que estamos introduciendo una ineficiencia al mercado, para dejar en manos de la política económica cómo usar esos fondos.

Cuando se comenzó de hablar del impuesto de Robin Hood, la Fundación que lo promovía proponía al menos alternativas para el uso del dinero recaudado: cambio climático, consecuencias de la crisis bancaria sobre ciudadanos, asistencia sanitaria,… Ahora, ni siquiera llegamos a eso.

En la serie de artículos de 2010 concluía con propuestas, algunas de las cuales se han llevado finalmente a cabo. ¿No sería mejor regular que sancionar para intentar recaudar? ¿Hacia dónde debe ir esa regulación? Decía: (1) crear un Fondo para el Soporte Sistémico del Sistema (a finales de 2010 se crea el EFSF y recientemente el ESM) , (2) control del tamaño óptimo de las Entidades Financieras y de sus sensibilidades al mercado (en Basilea se incrementa el peso del control del riesgo de mercado) , (3) reglas contra-cíclicas que suavicen los picos y valles de los ciclos (por ejemplo, el límite a las remuneraciones de los ejecutivos de banca apunta en esta dirección).

Conclusión

El mejor mecanismo de distribución de recursos que tenemos es el mercado, aunque no sea perfecto (¿qué lo es?). Todo apunta a que necesitamos una buena regulación para limitar inestabilidades financieras como las que estamos atravesando, pero poner piedras en un camino que seguimos dejando sin señalizar no ayuda a nadie.

En esta ocasión parece que los argumentos de imagen social y política (castigo a los bancos) han ganado a los argumentos económicos. Una pena, sobre todo cuando se podría acudir fácilmente a la historia: Suecia introdujo este impuesto solo para eliminarlo rápidamente por ineficiente, mientras en Francia, el primero en aplicarlo ahora, ya están notando sus consecuencias.