Este post expone tres ideas: (i) el Sector Público inclumplirá en gran medida su objetivo de déficit en 2012, (ii) el efecto de nuestra contracción fiscal está siendo mayor del esperado y (iii) es probable que la espiral de crecimiento de deuda sea irreversible. Si estos tres puntos son ciertos, España está abocada al rescate duro o al default total en solo unos meses. La tarea del Gobierno debería ser el minimizar el impacto de estos más que posibles eventos.
El déficit 2012
La (pen)última revisión del déficit español en 2011, realizada por la UE, sitúa la cifra en el 9,4% tras el cómputo de las ayudas a la banca y de ciertas facturas impagadas. Todo ello sigue apuntando al descalabro de las cuentas públicas del presente año, que ya hemos ido detallando en el mes de marzo y en el de mayo, descalabro que se alargará también en 2013.
La razón es sencilla: los ingresos públicos son muy sensibles a las variaciones del PIB nominal, especialmente con nuestra desastrosamente procíclica estructura fiscal, que infla los ingresos en los períodos en que menos cortapisas se ponen al gasto público –los ‘booms’- y los deprime cuando más falta hacen los ingresos -los ‘busts’-. El gráfico, ya mostrado en otras ocasiones y que hoy actualizamos, muestra la elasticidad entre el PIB nominal y los ingresos de todo el Sector Público español, es decir, la tasa porcentual a la que varían los ingresos en respuesta a cada punto de variación del PIB nominal.
Se trata de una regularidad empírica que ha funcionado sorprendentemente bien durante la última década. Salvo 2008 –año en que todavía se crece pero en el que los ingresos de la burbuja empiezan a desvanecerse- y 2010 –año de rebote en el que además sube el IVA-, la recta de ajuste pasa muy cerca del resto de años. Cada punto de PIB nominal (sea de crecimiento real o de inflación) hace subir los ingresos 1,47 puntos porcentuales. Pero el crecimiento nominal ha de alcanzar el 2% para que el nivel de ingresos se mantenga. Si se crece a menos de esa cifra, los ingresos caen.
Estimar el déficit para 2012 es muy difícil, porque han subido tanto impuestos directos como indirectos y se ha recortado el gasto (todavía no sabemos realmente cuánto). En Mayo ya estimábamos que el déficit superaría con facilidad el 7%, y las actuales perspectivas parecen situarlo incluso por encima. Según las cifras de crecimiento (-1,3%) e inflación (3,4%) actuales, el efecto de la variación del PIB nominal (+2,1%) será nulo. Es más, quizás estemos sobrevalorando estas cifras, porque para el cálculo del PIB nominal no se utiliza el IPC, sino el deflactor del PIB, que será mucho menos sensible a la subida del IVA que el IPC. Es decir, el único aumento de ingresos que podemos esperar será el derivado de las subidas de impuestos, lo cual nos obliga de todas formas a preguntarnos por el efecto del aumento impositivo sobre el PIB.
El baile de los Multiplicadores
Subir los impuestos daña la actividad económica, y reducir el gasto público también. La magnitud del efecto depende de muchos factores, razón por la cual los multiplicadores que la literatura estima van desde el 0,4 hasta el 1,7. Un multiplicador del 0,5 quiere decir que, si aumentamos los impuestos un punto porcentual sobre el PIB, éste decrece 0,5 puntos. Un multiplicador del 1,5 quiere decir que, por cada punto de aumento de los impuestos, el PIB cae un 1,5%. La situación es idéntica para las disminuciones del gasto.
En este sentido, hablar de un multiplicador del 0,4 es tremendamente distinto a hablar de otro del 1,7. Para ilustrar esto, consideremos que, si las Administraciones Públicas logran reducir dos puntos de gasto sobre el PIB, el primer escenario nos lleva a un descenso del PIB de un -0,8%, mientras en el segundo escenario (multiplicador del 1,7), ¡el descenso del PIB sería del -3,4%! La pregunta relevante aquí es, ¿en qué parte del espectro se encuentra España?
La respuesta depende de muchos factores, entre otros, de qué impuestos se suben (los hay que inciden más en la producción y otros que menos) y de qué gastos se bajan (para ilustrar un caso extremo, un menor consumo de energía repercute poco en nuestra producción y más en la de Libia). Pero lo más importante para nuestro caso es el ritmo de desapalancamiento externo. Esto es fácil de comprender:
Si un Estado gasta menos pero a su vez reduce su endeudamiento, el efecto de la reducción será más pequeño porque su menor necesidad de financiación no expulsará inversión interna. Es decir, el Estado gasta menos, pide menos dinero prestado, los tipos internos bajan y el sector privado invierte más –el efecto contrario, cuando el Estado aumenta su gasto, es conocido como ‘crowding out’ de la inversión privada-. Pero lo dramático de la situación actual es que la reducción del gasto no está liberando crédito para ser utilizado por el sector privado: la necesidad de financiación anual del Sector Público no ha descendido del 9%.
Por otra parte, aunque el sector privado sí está devolviendo deuda en términos netos, el problema está en que la reducción de deuda ha de dirigirse obligatoriamente hacia el exterior. Es decir, cada euro de deuda que devuelva un español no irá a parar a otro español, quien podría consumirlo o invertirlo, sino que irá mayoritariamente a reducir la deuda externa neta. El problema no es solo que gastemos menos, sino que las reducciones del gasto agregado han de destinarse a devolver deuda externa.
Todos estos factores nos sitúan en el peor de los rangos posibles respecto a los multiplicadores. Así, la necesidad de cerrar un déficit que oscilará entre el 7% y el 9% en un contexto de recesión está obligando a una contracción que solo el aumento de la productividad está maquillando.
¿Por qué son importantes los multiplicadores en nuestra viabilidad financiera?
La importancia de los multiplicadores se explica a través de su efecto sobre el PIB y por el hecho de que la forma más fácil de evaluar la capacidad de pago de los países es observando la senda de deuda respecto al PIB. Los analistas no se dejan engañar por trucos contables sobre si un rescate bancario computará o no como déficit. Lo relevante es si el año que viene tu deuda total será mayor de lo esperado o no. Y el rescate respaldado por el Estado incrementa la deuda asumida por el mismo.
Sí, además, el PIB desciende por el efecto de la contracción fiscal, ello implica que el peso de la deuda sobre el PIB aumentará. Por ejemplo, si España parte con una deuda del 80% (lo que equivale a un ratio de deuda 80/100 = 0,8) y su PIB se reduce dos puntos, aunque la deuda se mantenga constante, su ratio de deuda pasará a ser 80/98 = 0,816. Es decir, solo la disminución del PIB ha aumentado el peso de la deuda en 1,6 puntos porcentuales.
Además, es importante resaltar que este efecto es mayor cuanto mayor es el peso de la deuda sobre el PIB. Si debes el 10% de tu PIB, una disminución de la producción del 1% solo aumenta el peso en un 0,1%. Pero si debes el 100% del PIB, la misma disminución del 1% aumenta el peso de la deuda diez veces más.
Así, los analistas observan atónitos cómo cada mes que pasa la carga de la deuda sobre el PIB aumenta debido a:
.. las continuas revisiones del déficit del año anterior,
.. el inevitable (y probablemente enorme) desvío del déficit de 2012,
.. el enorme efecto contractivo de la perspectiva de tener que eliminar en el medio plazo un déficit superior al 7%,
.. los rescates bancarios,
.. el efecto sobre el PIB de la contracción fiscal a través del ratio Deuda / PIB,
.. el aumento anual imparable y galopante (más del 4%) del gasto en pensiones,
.. el aumento del coste de financiación por la prima de riesgo
Conclusiones
La situación parece estar ya fuera de control. Es probable que, a estas alturas, ni siquiera las reformas estructurales profundas puedan sacarnos de la espiral de aumento de deuda. No obstante, ello no es excusa para dejar de acometerlas, porque harían más fácil la futura recuperación.
España tenía en 2008 un amplísimo margen para evitar llegar a esta situación. Tras alcanzar mínimos históricos en el nivel de deuda (36,2%) podría haberse permitido un ajuste más radical y las reformas estructurales ya estarían a día de hoy surtiendo efecto de haberse llevado a cabo. En la reforma laboral se cambiaron algunos parámetros pero no se cambió la estructura de incentivos que definen la estrategia óptima para los trabajadores: aferrarse a su puesto de trabajo en su empresa independientemente de su situación.
Aunque el “rescate duro” parezca ya inevitable, el Gobierno no debería hacer dejación de sus funciones, y habría de preparar la estructura del Estado para el aterrizaje forzoso. Las medidas que a corto plazo podrían aliviar la dureza del ajuste se agrupan en dos lineas:
:: Cambios radicales en la estructura fiscal del Estado:
Prioridad absoluta a las figuras impositivas más eficientes, como la eliminación de la deducción fiscal por primera vivienda, la elevación de la imposición sobre bienes inmuebles, el aumento de los impuestos sobre gas e hidrocarburos. Eliminación generalizada de deducciones y desgravaciones para elevar los tipos efectivos sin elevar los tipos marginales. Reducción (en la medida de lo posible) de las cotizaciones sociales. Reducción también de las figuras impositivas más procíclicas, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, para intentar acoplar más la evolución de los ingresos públicos al PIB.
:: Cambios radicales en la estructura organizativa del Estado:
Eliminación de diputaciones, reducción de municipios, reforma o eliminación del Senado. Reforma integral del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (“keep it simple, stupid!”) y un marco explícito de solidaridad interterritorial consolidado para evitar situaciones que puedan percibirse como injustas por cualquier comunidad. Reasignación de competencias: es increíble que los municipios sigan ostentando a día de hoy las competencias sobre urbanismo.
Es posible que toda reforma hoy tarde años en dar sus frutos. Pero España saldrá algún día de la situación actual y, cuando se vislumbren las primeras señales de crecimiento, la demanda de reformas se congelará, y también la tolerancia del electorado hacia las mismas. Para evitar repetir la situación actual, la estructura del Estado habrá de cambiar profundamente, y el momento óptimo para las reformas no puede ser otro que el actual.
