En un interesante análisis en su blog, a través datos de los sucesivos Barómetros electorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ismael Peña-López llega a la siguiente conclusión: España está experimentando, desde 2004, una creciente desafección política que va más allá de la crisis del bipartidismo.
En concreto, afirma que “por cada cinco votos que pierde el bipartidismo, unos dos van al resto de partidos, mientras que los otros tres van a la desafección”. Bastante convincente en su interpretación de las cifras, aclara que “no es desafección política: es desafección institucional. Mientras los parlamentos se vacían de votos, las calles, las plataformas ciudadanas, los centros cívicos se llenan de ciudadanos deseosos de hacer oír su voz”.
Efectivamente, vemos en los últimos años una creciente desafección de los ciudadanos hacia la política, caracterizada en movimientos como el 15M, 12M, PAH o DRY, que buscaban modificar el entorno político desde la protesta ciudadana, es decir, a través de mecanismos externos al proceso político (aunque degeneraran rápidamente).
Los medios de comunicación, sin embargo, no parecen reflejar la tendencia general, sino únicamente los momentos más llamativos. Las acampadas, asambleas, escraches y algaradas son portada, pero no el movimiento general. Como bien dice Ismael peña, cuando el sabio señala la desafección, los medios miran al Parlamento. Esto tiene cierta lógica, puesto que nuestro sistema electoral se asegura de que se cubran las actas de diputado, pero parecen olvidar que a partir de cierto nivel de abstención, los partidos se verían abocados a reformar el sistema legal.
Motivos de desafección
Como bien expuso Fernando Gomá en esta casa, actualmente tenemos en vigor más de 100.000 normas (leyes, reglamentos, códigos, etc.) emitidos por todas nuestras administraciones. Desde decretos de la guerra civil hasta la hiperregulación regional, que suma 700.000 folios de Boletines Oficiales autonómicos (recomiendo la serie en HayDerecho). Esta normativa asfixiante, no solo anula las posibilidades de crecimiento de las empresas sino que convierte en delincuentes de facto a los ciudadanos.
La clase política, ya a menudo identificada como una casta aparte de los ciudadanos, e inserta en una burocracia ajena a la ciudadanía, es el resultado de una autoselección progresiva y cada vez más alejada de la calle. Decisiones arbitrarias, manifiestamente injustas y, hablando en plata, dedicadas a la exacción de rentas (vean, desde el primero, los comentarios a esta noticia) y a la pura ocurrencia. Afán recaudatorio en las multas y sanciones, pocos incentivos a contener el gasto, y presuntos principios rectores lo más etéreos posibles (bien común, interés general, dignidad del puesto,…) acaban de redondear esta impresión.
Democracia y Legitimidad
«La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes«, dijo Winston Churchill en una famosa cita. Completamente de acuerdo, no debemos olvidar que la democracia no es más que una forma pacífica de toma de decisiones y cambio de gobierno. No es una forma perfecta de realizar esas funciones, es la más pacífica y por tanto a priori menos empobrecedora.
Dado que la democracia directa es inviable para grandes poblaciones, aún mediante las nuevas tecnologías (que dejarían fuera del sistema a quienes no tienen los conocimientos o medios para emplearlas), y no está exenta de problemas… la democracia representativa se ha demostrado evolutivamente como la más viable a largo plazo (más difícil de degenerar en gobiernos autoritarios). Para que además permita la prosperidad de una sociedad son necesarias una serie de condiciones como una efectiva separación de poderes o la rendición de cuentas por parte del gobierno.
Como sistema de toma de decisiones, se supone que el pueblo elige a unos representantes, quienes a su vez generan unas leyes que a su vez ha de cumplir el pueblo.
Bases democracia representativa: pueblo => representantes => leyes => pueblo
Y he aquí mi tesis: Cuando las leyes son general y sistemáticamente incumplidas por el pueblo, o requieren de un sistema sancionador draconiano, se plasma una desconexión entre el pueblo y sus leyes.
En España, cada vez más, vemos una creciente desconexión entre pueblo y leyes. Las sanciones de tráfico, los costes de la energía y precios regulados, los gastos e inversiones públicas… son contestadas no solo por expertos e intelectuales sino desde la sociedad civil. Se buscan opciones alternativas a un sistema de justicia lento y bajo dominio político.
La desconexión solo puede estar en la elección de los representantes o la confección de las leyes
Y entiendo que en España la desconexión se da en ambos procesos. La elección de los representantes, a partir de listas cerradas y bloqueadas en circunscripciones plurinominales, responde a los aparatos de los partidos mucho más que a las preferencias de los electores. La confección de las leyes, propuestas por un ejecutivo surgido del legislativo, de nuevo no refleja las preferencias de los electores, hasta el punto en que lo habitual es gobernar por decreto. El dominio del poder judicial por parte del legislativo (CGPJ) y el ejecutivo (fiscalía) refuerzan esta desconexión. Los políticos insertos en tal sistema tienden a actuar como si fuera patrimonio suyo… porque ciertamente lo es. La ausencia o sumisión de los mecanismos de control hacen que el político tipo deje de ser ejemplar, y que el ciudadano eluda o ignore la ley.
Cumplir la ley
Efectivamente, se supone que el ciudadano ha de cumplir la ley. Pero no lo hace, o no lo hará, cuando el cumplimiento sea excesivamente gravoso, o cuando siente que invaden excesivamente su esfera privada.
Entiendo que las sociedades de ciudadanos cumplidores con la ley que se nos ponen como ejemplo, con los países nórdicos a la cabeza, se dan porque las leyes que rigen sus vidas se ajustan a los deseos de la mayoría. Porque en esas sociedades no se ha producido una ruptura de la legitimidad.
Orden espontáneo
Hoy es nueve de Julio. En Pamplona, mi ciudad, se celebran los Sanfermines. Y en ellos se incumplen habitualmente muchísimas normas legales, como por ejemplo la que impide fumar en los locales de acceso público. Los márgenes de libertad (y descontrol) de los participantes se amplían, pero sin embargo surgen espontáneamente otros límites de lo que es aceptable y lo que no. Sin necesidad de un código escrito o de una cultura compartida, los participantes aprenden rápidamente qué no se les permite hacer. ¿Y quién lo decide? El conjunto de las personas que están en la calle. ¿Son fijos? En absoluto. Varían con la hora, las personas presentes y el entorno. ¿Cómo se disciplina al infractor? Con ostracismo y palabras, nada más. Impresiona cómo un millón de personas agolpándose en apenas 60 hectáreas, y empapadas en alcohol apenas sufren agresiones o robos. Seguiremos hablando de este ejemplo.
