No es casual comenzar la primera parte de estas reflexiones sobre las Administraciones Públicas españolas con una cita de esa gran novela que es “El gatopardo”. Pocas obras recrean tan excepcionalmente la historia de un mundo que agoniza lenta, pero inexorablemente. Un Antiguo Régimen, superado por los nuevos tiempos encarnados por una pujante burguesía con la ambición necesaria para acceder al poder. Y en ese proceso, todo cambia para que todo siga igual…o peor.

En un análisis desapasionado, debemos reconocer que la Administración y los funcionarios y empleados públicos nos parecemos demasiado a esa aristocracia decadente y nostálgica que, estupefacta, ve como nada es como era y nada volverá. En parte, somos culpables de que, dos siglos después, los vicios que ya dibujaba Larra, en aquel artículo “Vuelva usted mañana”, sigan sin solucionarse. Difícilmente podremos encontrar a alguien que no sea consciente de la necesidad de proceder a una profunda reforma y modernización de estas burocracias maxwberianas, organizaciones obsoletas, rígidas e ineficientes, enrocadas en el “siempre se hizo así”, el procedimiento y el principio de legalidad como fines en sí mismos; incapaces de actuar con la agilidad y premura que un entorno, cada vez más dinámico, exige. Así, desde finales de los 80, se han abordado ambiciosos planes, todos ellos con unas líneas estratégicas comunes, orientados a la generación de un nuevo modelo organizacional:

.. Incorporación a la gestión de los principios de economía, eficiencia y eficacia.

.. Mejora de los servicios públicos, con una orientación a la calidad y  los ciudadanos, con implantación de sistemas de evaluación que permitan la asunción de la responsabilidad.

.. Simplificación y transparencia administrativa, con incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Nada que objetar, en lo esencial, hasta aquí. Sin embargo, los objetivos no se han cumplido, a pesar del esfuerzo realizado y las ingentes cantidades de dinero público destinadas, con lo que cabe preguntarse cuáles son las razones que han abocado al más absoluto fiasco. Es evidente que los procesos de reforma y modernización administrativa son de extrema complejidad, pues conllevan, no sólo, cambiar principios de gestión y procedimientos, sino la cultura organizativa; con las dificultades sobradamente conocidas que conlleva. Pero, las raíces del naufragio son mucho más complejas y profundas, cuya solución es exógena y condición previa y necesaria para el éxito de la reforma:

:: La politización de la Administración y su concepción como mero instrumento de intereses políticos y electorales a los que se subordina el interés general. Aspecto éste que será objeto de análisis en esta primera parte del artículo.

:: El desmantelamiento de la función pública y, especialmente del directivo publico profesional. La discrecionalidad en los nombramientos, en los que no se tienen en cuenta los principios de mérito y experiencia, sino la afinidad política o lo acomodaticio que se sea, ha derivado en un debilitamiento, sino muerte, de la tecnocracia, entendida como el cuerpo técnico profesional y especializado que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas. Este hecho que, más allá de los perniciosos efectos que tiene sobre la desaparición del contrapeso técnico en la toma de decisiones políticas, implica la inexistencia de un cuerpo directivo implicado en la trasformación de las Administraciones Publicas, lideres intraemprendedores, innovadores y profesionales comprometidos con los objetivos estratégicos de la modernización. Aspecto que será abordado en la segunda parte del artículo, junto con unas conclusiones generales.

Una  administración al servicio de intereses políticos y electorales.

Los planes han partido de una falsa concepción de la Administración, la definida por el marco constitucional que, en su artículo 103, la configura desde un enfoque institucional, entendiéndola como una organización que sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con principios propios (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación), de acuerdo con las orientaciones y objetivos fijados por el Gobierno de la Nación democráticamente elegido, a quien, el artículo 97, otorga la competencia para la dirección de la Administración civil y militar.

Nada más lejos de la realidad.

En este largo y lento declive, se ha ido vaciando ese componente institucional para convertirse en un mero instrumento del poder ejecutivo. Una nueva clase, los políticos, han llegado para quedarse, expulsando a los tecnócratas, poniendo a la Administración a su servicio, al de sus intereses personales, los de su partido y su calendario electoral. El interés general ha desaparecido o, en el mejor de los casos, ha quedado subordinado, y, con él, la necesidad de dotarse de estructuras administrativas técnicas comprometidas con la objetividad, la imparcialidad y el bien común. Para estos nuevos tiempos conviene más una Administración decimonónica de cesantías, moldeable y maleable, según el viento que sople.

Este hecho no es una simple nota al margen,  pues no puede recetarse el mismo remedio a dos enfermos aquejados de males diferentes. No puede pensarse en abordar una reforma de la cultura administrativa, principios de actuación y procesos internos, cuando la enfermedad principal de la Administración es otra y generada por otros: La politización, la disolución de los límites entre el ámbito político y administrativo.

Por ejemplo, los actuales informes de la CORA (Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas) no son esencialmente diagnósticos de problemas administrativos, sino de las consecuencias de actuaciones y malos hábitos ajenos a las administraciones, contagiados por una clase política que ha entrado como elefante en cacharrería.

Permítanme unas preguntas retóricas ¿Quiénes son los imputados por corrupción en este país: políticos o funcionarios? ¿Quiénes son los responsables del despilfarro en el gasto público? ¿Quiénes han ido creando estructuras que implicaban solapamientos competenciales, duplicidades, etc. y, en muchos casos, huyendo del derecho administrativo y de los mecanismos de acceso a la función pública? ¿Quiénes son los que promueven la opacidad como defensa preventiva ante la crítica de la opinión pública?

Pero a la clase política no le interesa aportar claridad, delimitar ámbitos y proceder a adoptar las oportunas medidas en cada uno de ellos. Digamos que a los partidos políticos les interesa que los límites sean difusos, pues, al  meterlo todo en el mismo saco, generan una confusión que les permite atribuir a la Administración y a los funcionarios parte de las miserias que ellos engendran.

A la vez, con los anuncios de los planes de reforma administrativa, dan ante la opinión publica la apariencia de realizar actuaciones firmes que creen les permiten ganar la legitimidad perdida cuando, lo que realmente hacen, es enmascarar su inacción y pasividad ante los males que aquejan a la política necesitada de una regeneración. Por otro lado, devolver la independencia institucional a las Administraciones Públicas supone fortalecer un contrapeso tecnocrático a las actuaciones políticas que reduciría la capacidad de actuación discrecional, cosa que no les resulta conveniente.

Mientras no se diferencie cada una de las dos esferas: política y administrativa, y se articulen medidas diferenciadas, los planes naufragaran, pues los problemas derivados de la politización poco tienen que ver con la necesidad de corregir los vicios burocráticos y la incorporación de criterios gerenciales en el ámbito público, que son los objetivos de los planes de modernización.

Sobre la Autora:

Lilian Fernández Fernández

Funcionaria. Más de 16 años de experiencia en puestos de Dirección en la Administración Pública

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