Hace unos días, The Economist publicaba un interesante gráfico (extraído de una publicación de GlobeScan) que recogía el grado de acuerdo que los habitantes de distintos países del mundo mostraban ante la afirmación “Los ricos se merecen su fortuna”. La dispersión es tremenda: un 60% de los encuestados australianos afirman estar de acuerdo, mientras en España, Turquía, Rusia o Grecia el grado de acuerdo con la afirmación no alcanza el 20%.

La pregunta es interesante porque muestra una percepción que define la posición ideológica de una persona de forma más precisa que la etiqueta de “izquierda” o “derecha”. La percepción del papel que juega el mérito en la sociedad determina el grado de igualitarismo que los ciudadanos demandan. Allí donde la riqueza y el éxito profesional sean percibidos como una consecuencia del mérito, la protección social será menor y habrá mayor libertad económica. En cambio, los ciudadanos pueden creer que la riqueza de los más favorecidos no es merecida, sino que se debe a cuestiones del azar, como el haber nacido en una “buena familia” o tener contactos políticos.

Como es lógico, en ambas posiciones hay algo de verdad. Quien se esfuerza más estudiando y / o trabajando y quien arriesga más en su vida laboral suele, en la media, obtener mejores resultados. Pero también es cierto que el entorno familiar y los contactos facilitan mucho la vida a algunos mientras suponen una barrera casi infranqueable para otros. En la medida en que es muy difícil de observar y de comparar la meritocracia efectiva que posée una sociedad, este tipo de preguntas tienen un gran interés, con todas las reservas que uno quiera tomar, dadas diferencias culturales e idiomáticas que pueden afectar a la forma en que se entiende la afirmación.

El caso es que los ciudadanos perciben que España es una sociedad muy poco meritocrática, es decir, que la cuna y los contactos políticos son un determinante muy bueno de cómo le va a ir uno su vida económica. Esta interpretación de nuestra sociedad -la cual comparto en gran medida, aunque sea solo una apreciación subjetiva- da a nuestro sistema el nombre de “capitalismo castizo”, aunque este no es exclusivo de España: nuestro país comparte con sus vecinos del sur esta percepción poco meritocrática de la sociedad.

Llegados a este punto, bastante obvio por otra parte –ni siquiera las grandes empresas se atreverían a negarlo, y por ello contratan sistemáticamente a ex altos cargos públicos y a sus familiares para puestos de responsabilidad institucional-, merece la pena preguntarse: ¿en qué medida la propia percepción de los ciudadanos es la causante de nuestro bajo nivel de meritocracia? Es decir, ¿es posible que la propia resignación pueda hacer que los ciudadanos se comporten de forma menos virtuosa, se esfuercen menos e incluso busquen vías distintas al esfuerzo y al riesgo para intentar prosperar? Una forma de comprobar si esta hipótesis tiene algo de sentido es comparar la percepción de los ciudadanos sobre la meritocracia con el nivel de corrupción existente en los países.

Transparency International elabora un índice periódico sobre la transparencia de las instituciones de la mayoría de los países del mundo. El siguiente gráfico representa la relación entre ambos fenómenos, es decir, entre la percepción del grado de meritocracia y la transparencia de las instituciones (lo contrario a la corrupción). Hemos realizado la comparación solo para los países de la OCDE, ya que presentan una cultura más homogénea. Además, es razonable pensar que en los países de renta alta la ciudadanía tendrá una percepción distinta de lo que significa «merecer la riqueza» respecto a los países en desarrollo.

La relación es muy positiva, es decir, los ciudadanos que más de acuerdo están con que la renta de los ricos es merecida viven en países menos corruptos. Se trata de una correlación que sin duda merece la pena estudiar, ya que la causalidad puede correr en ambos sentidos. Pero si algo queda claro es que, a pesar de que la tendencia a pensar en conspiraciones parece algo universal, los ciudadanos con instituciones más corruptas son conscientes de que la riqueza en sus países se alcanza a menudo con medios poco lícitos. Ser político en Rusia o Grecia parece comparativamente mucha mejor opción, si uno tiene pocos escrúpulos, que serlo en Australia o Canadá.

Toda esta reflexión nace de nuestra perplejidad ante los modos de la diputada Andrea Fabra en el Congreso de los Diputados. Hemos dejado su nombre y su exabrupto fuera del titular para huir del sensacionalismo, pero creemos necesario recordar la conexión entre este suceso y la correlación recién mostrada. España tiene un grave problema institucional, y este problema se refleja en una pésima percepción del ciudadano sobre el grado de justicia social del país. A menudo, muchos problemas se pueden enunciar («España tiene un problema de de productividad», «La estructura poblacional representa un problema para el futuro de las pensiones») pero poco puede hacer el sector público por solucionarlos: el Gobierno no tiene ningún resorte para mejorar la productividad o rejuvenecer a la población. Pero ello no es así en el caso que nos ocupa, ya que el partido en el Gobierno podría aprovechar estas situaciones para revertir la percepción sobre la legitimidad de nuestras instituciones, la cual se está erosionando y, con ella, la voluntad de la población para aceptar el ajuste presupuestario.

El problema en esta ocasión es doble, y dobles son los motivos para haber dado una solución ejemplar. Por un lado, la sensación de distancia con el sufrimiento de la población española. Dirigiese su ofensa a los parados, los funcionarios o a sus adversarios políticos, la imagen de lejanía y oportunismo alimenta un lógico desdén y hastío en la calle contra las instituciones del país. Por otro lado, muchos descubrimos aquel día que el poder del barón regional Carlos Fabra alcanzaba incluso para colocar a su hija en el Congreso de los Diputados -además de ayudar a dejar la imagen de España por los suelos y empeorar la percepción del electorado alemán sobre nuestro país-. Y, en este caso, el partido en el poder sí que tenía una forma clara de ayudar a reconstruir la imagen del país.