Retomando en el punto en el que quedó la primera parte de este artículo, cabe plantearse cuál debe ser el papel de las Administraciones Publicas en un entorno tan dinámico, cambiante y complejo como el que marca la Edad Digital. Estamos ante un Estado claramente sobrepasado por el empuje de una ciudadanía que utiliza intensivamente las nuevas tecnologías, convertidas en un instrumento que le capacita para interconectar, organizarse y realizar intercambios bordeando o escapando de cualquier regulación y “tutela”.

Un nuevo modelo de sociedad emerge con una fuerza imparable y la Administración parece vivir de espaldas a él, con diagnósticos y modelos propios de mediados y finales del siglo XX –intervencionistas, burocráticos, locales…-. Se imponen nuevos canales de comunicación que rompen el monopolio de los medios clásicos, nuevas formas de participación ciudadana que cambian la política tradicional y nuevos modelos económicos, la economía colaborativa, que rompen con el rol del Estado como pivote sobre el que gira la actividad económica. Una sociedad más libre, con mayor capacidad de autorganización que huye cada vez más del control y el intervencionismo. Nada es como solía ser y, a pesar de su resistencia, los actores de la escena pública deben responder a los nuevos retos de cambio y transformación, reinventándose y redefiniéndose.

Recuperando el caso concreto el gremio del taxi versus Uber, del que parte esta reflexión, recordemos la síntesis del conflicto: Administraciones que intervienen en un mercado, regulan la provisión del servicio y conceden privilegios, siempre al margen de la lógica económica.  Del otro lado, un gremio, el de los taxistas, que acepta esas normas, realiza inversiones y conforma expectativas de ingresos confiando en la estabilidad de un marco jurídico que anula toda competencia y crea un mercado cautivo. En este contexto irrumpe un modelo como el de Uber, innovador, que escapa a las reglas de juego establecidas gracias a las nuevas tecnologías, incorporando competencia y mayor orientación al cliente. El mercado estable salta por los aires y los operadores tradicionales comienzan una escalada de protestas demandando la intervención estatal para anular toda competencia, prohibiendo la plataforma.

A este fenómeno es al que tienen que dar respuesta nuestros gobernantes. Y, ojo, porque el caso de Uber no es único, Mesh Labs tiene registradas nada menos que 5.000 empresas que ofrecen servicios de economía colaborativa. Airbnb, Vayable, Cookapp, Zipcar,  Taskrabbitt, Dogvacay, Fitmob, 1000 Tools, Kickstarter, Spotify, etc.,etc., … son ejemplos de cómo otros sectores -hostelería, turismo, comercio, finanzas, cultura…- están experimentando el mismo proceso imparable. Y, no soy demasiado optimista en cuanto a la solución que se dé, más bien pesimista. Pesimismo que se debe a una personal propensión a ver las cosas en su aspecto más desfavorable, sino del análisis de los patrones que suelen inspiran las actuaciones político-administrativas:

Primero.-  Tendencia invasiva que se traduce en una desproporcionada intervención del Estado.

Recuperando la frase con que el Profesor Juan Velarde definía la autarquía de posguerra, España padece de “un afán ordenancista de hábitos cuarteleros”. Políticos y altos funcionarios actúan como dictadores benevolentes, consideran al sufrido ciudadano como un menor de edad que necesita ser tutelado. – Curiosamente tienden a interpretar la realidad desde su lejanía y con una auto-otorgada supremacía ético-moral, así que la imagen que se forman, no suele coincidir con las circunstancias ni las necesidades reales-. El resultado es una regulación extenuante que limita y prohíbe, que concede privilegios e impone sobrecostes burocráticos e ineficiencias. La peculiar estructura territorial del Estado español no hace sino amplificar esta tendencia invasiva, parece como si todos los niveles administrativos quisieran justificar su existencia a través de una norma o una traba burocrática.

Segundo.- Autismo organizativo que deriva en una desconexión con la sociedad y ausencia de orientación al “cliente”.

Si para las empresas de la orientación al cliente depende su supervivencia, en el inconsciente cultural de las Administraciones Públicas, a pesar de las diferentes oleadas de modernización o reforma que se han padecido, todavía persiste la consideración del ciudadano como administrado. -Una anécdota: en un intercambio de opiniones con un compañero le recordaba que los ciudadanos eran nuestros clientes y, por tanto, debíamos orientar y adecuar nuestras actuaciones a sus necesidades, contestación: “Pero en este caso, no son ciudadanos, son empresas”-. Y este hecho tiene un efecto fundamental, el destinatario de la actuación pública –en sentido amplio, englobando tanto actividad del poder legislativo como del ejecutivo y de la Administración como instrumento de éste- es un elemento pasivo en la relación. En lenguaje coloquial,  se sigue actuando bajo la premisa “yo ordeno y tú cumples”.

Admitamos que desde la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha habido importantes avances, pero sigue subsistiendo esa cierta idea de supremacía. Más allá, la consideración sólo como ciudadano, en un plano de igualdad y, por tanto, sujeto de obligaciones, pero también de derechos, está absolutamente desfasada en el siglo XXI.  El nuevo paso debiera ser considerarle efectivamente como cliente, pero las Administraciones Publicas tienden a conformar su cosmovisión de espaldas a la realidad social, dando como resultado una imagen irreal de la sociedad y una interpretación del papel a jugar que poco tiene que ver con las exigencias ciudadanas. En resumen, parten de la premisa de que es la realidad la que debe adaptarse a las normas que establece, lo que podía ser válido bajo el paradigma del siglo XX, pero ya no para la Edad Digital

Tercero.- Falta de reflejos: La inercia administrativa.

Seamos sinceros, el análisis en el ámbito público está marcado por la inercia y el precedente, una vez realizado el diagnóstico, tiende a persistir hasta el fin de los tiempos, aun cuando las circunstancias hayan variado notablemente. Los procedimientos legislativos y administrativos tan burocratizados imposibilitan la inmediatez requerida. Aun suponiendo una voluntad de acompasarse a los cambios sociales, los procesos de toma de decisiones largos, tortuosos, plagados de informes, contrainformes en los que intervienen una pluralidad de órganos, tienen un tempo que no responde al dinamismo de la sociedad. Así que, las regulaciones quedan obsoletas aun antes de entrar en vigor.

¿Cuál es la solución?

Retomemos el caso de Uber, la tentación, en la que mucho me temo se caerá de nuevo, es prohibir, obviar los cambios que los ciudadanos demandan y mantener con alguna modificación una regulación obsoleta e intervencionista. Todo un símbolo, de cómo el afán regulatorio y el inmovilismo político-administrativo es incapaz de actuar al ritmo de la Edad Digital, no ya para jugar un rol proactivo, sino, simplemente, para no distorsionar la innovación y los nuevos modelos económicos emergentes que surgen de una sociedad tan dinámica, compleja y globalizada como la que pide paso en el siglo XXI. Estas Administraciones nuestras tan ensimismadas en su “yomimeconmigo” y tan ajenas a la sociedad caen siempre en los mismos errores, pero en esta nueva era lo único que conseguirán es “poner puertas al campo”. Los cambios son imparables con ellas o sin ellas. Su gran reto es no ser un lastre para la economía, sino un valor añadido para la competitividad, porque si no lo hacen tarde o temprano la propia sociedad las extinguirá como a los dinosaurios los extinguieron las glaciaciones. De momento políticos y Administraciones Públicas ya han perdido gran parte de su legitimidad, en un profundo proceso de reforma y autocrítica está no perder la poca que les queda (o nos queda, me incluyo como parte en esta autocrítica). A estas alturas creo que todos asumimos que en el corto plazo no son más que sueños de Quijotes.

Siendo más prácticos, ya que no van a promover las condiciones necesarias para dotar de mayor competitividad a la economía, al menos, sería deseable que no impidieran. Dicho de otro modo, la respuesta no es caer en la tentación de seguir interviniendo y re-regular, la solución es simple  liberalizar los mercados y dejar que la iniciativa privada sea el motor de la economía. Creo que ni empresas ni ciudadanos necesitan que nadie les tutele, saben perfectamente lo que quieren, como lo quieren y cuando lo quieren y si no les satisface dejarán de consumirlo y, además, divulgarán en las redes su disgusto. Breve y simple. Prohibir Uber o incorporar sus servicios a la regulación existente, no es si no diferir la solución. La competencia de un modo u otro se impondrá y las Administraciones Públicas deben encontrar el sistema para proceder a la desregulación del mercado. En esta desregulación, el Estado ha de tener en cuenta también a quienes aceptaron en su momento unas normas de juego ineficientes y confiaron en las actuaciones públicas para conformar sus expectativas. Ahora bien, el caso Uber debe ser un aviso para todos aquellos que se acomodan al amparo de privilegios otorgados, la economía colaborativa muestra como los ciudadanos no están dispuestos a pagar sobrecostes o servicios que no se ajusten a sus necesidades. Y por mucho que estos colectivos ejerzan un “lobbysmo castizo” –sindical, gremial o empresarial- para que el Estado siga manteniendo este statu quo, lo único que lograran es retrasar levemente un proceso irreversible.

En la tensión entre libertad e intervención, el espacio para las Administraciones Públicas está en la supervisión de los mercados, proporcionar marcos seguros en los que los  ciudadanos y las empresas interactúen libremente. El gran reto es fijar unos límites infranqueables en el comportamiento de los actores que, sin obstaculizar la iniciativa privada, permitan crear el clima de confianza necesario. Para ello se requiere de una vigilancia objetiva, imparcial y tecnocrática, bastante alejada del escenario actual español, donde la discrecionalidad, la politización, las modas de lo “cool” y la influencia de las élites extractivas están presentes más de lo deseado en los organismos supervisores y las Administraciones Públicas. Este modelo debe cerrarse con el castigo de las conductas punibles sin ningún tipo de excepción. Franqueados los límites, la actuación administrativa debe dar una respuesta rápida, clara y sin margen para la arbitrariedad.  Cuando escribo estas líneas el escándalo Gowex ha estallado poniendo de manifiesto cuan alejados estamos de este escenario.

Los ciudadanos no necesitan dictadores benevolentes que les tutelen, solo necesitan espacios de seguridad para actuar libremente. Este es el nuevo papel que las Administraciones Publicas deberían asumir.

Nota final: Hace poco leía el Libro de los seres imaginarios de Borges y la leyenda Animales de los espejos inevitablemente me recordó a esta sensación que  tengo de un tiempo a esta parte: vivir entre dos mundos cada vez más distantes, cada vez más alejados, que conviven más o menos pacíficamente, pero que ya ni siquiera buscan encontrarse.

… Esta vez las criaturas de los espejos no serán vencidas.