Es muy frecuente oír a banqueros y supervisores españoles repetir un nuevo mantra: “Los bancos europeos están peor que los nuestros y la supervisión que se les aplica es más laxa que la nuestra.” El corolario que sigue es: “Hay que dejar de apretar a nuestros bancos. Y ganar tiempo. Entre otras cosas porque queda el recurso de la fusiones y porque la  política monetaria del BCE va a durar muchos años y permitirá mientras tanto la recuperación. En todo caso, si existen problemas, tenemos la gran protección que supone la Unión Bancaria Europea con sus dos grandes mecanismos: el MUS (Mecanismo Unificado de Supervisión) y el MUR (Mecanismo Unificado de Resolución).”

La verdad es que es muy probable que la calidad de nuestra banca y de nuestra supervisión sea mejor que la de determinados países europeos. Y no sólo por razones técnicas, sino también por razones políticas. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas bancarios italianos, franceses y alemanes, en cuya Supervisión y en cuyos mecanismos de saneamiento podría jugar un papel importante la fuerza de sus gobiernos, preocupados tal vez de no transparentar o resolver con rigor una cruda realidad.  Por una serie de razones, incluidas las fiscales.

A mí no me cuesta trabajo pensar, por ejemplo, que en algunos de estos países prevalecen criterios laxos en el reconocimiento y cobertura de los activos malos. Entre otras cosas, porque se dan automáticamente por buenos si están refinanciados. En muchos, se sigue reconociendo como ingresos devengos incobrables. Entre ellos, los refinanciados por el propio prestamista. También pienso en la existencia –real o manipulada – de balances de entidades que presentan una escasa proporción de los APR (o Activos Ponderados por Riesgo),  lo cual las permite aplicar menores exigencias de capital.

Citaré algunos ejemplos ilustrativos de la situación de algunos países.

En primer lugar, Portugal. En 2014, estalló la espectacular quiebra del “Banco Espirito Santo”. Según un primer diagnóstico había perdido 4.900 millones de €.  Pues bien, las autoridades portuguesas deciden abordar el tema cubriendo las referidas pérdidas por el Tesoro bajo el caparazón jurídico del propio Banco Espirito Santo y  transfiriendo los activos supuestamente buenos a un nuevo caparazón o “banco puente”, llamado “Novo Banco”. Inicialmente un claro caso de “bail out” o apoyos del Estado, contrario a la preceptiva cobertura por los inversores. Ahora bien, para obviar el castigo al contribuyente, las autoridades obligan a la banca a avalar estas posibles pérdidas. Medida discutible, cuando buena parte de los bancos portugueses están ya vulnerables.

Más tarde, tras un fallido un intento de venta, se descubre –cosa rara– que existe un agujero adicional de otros 2.000 millones de €.  El cual eleva las pérdidas identificadas a la enorme cifra de 6.900 millones de €. Entonces, las autoridades portuguesas deciden que la nueva pérdida sea cargada a los inversores institucionales propietarios de bonos senior. Alarmante precedente de futuro.

Pasemos ahora al caso de Italia. La revisión de los activos efectuada en la Eurozona por la EBA en 2014, elogiada como rigurosa, había detectado problemas en casi media docena de bancos italianos. No conozco si aplicaron de inmediato medidas correctivas o de reestructuración en el capital o en la gestión.  Lo que conozco es que sólo a finales de 2014, más de un año después, se desvela la gravedad de la situación. Afloran entonces las cifras, entre ellas las de un caso paradigmático, el del banco “Monte dei Paschi”, el banco más antiguo de Europa, creado hace siglos y segundo en importancia de Italia.  Se hacen públicas las cifras “declaradas” –no necesariamente las reales – de morosidad: un 39,9 %. Evidentemente, el banco resulta estar insolvente e ilíquido. Sorpresa, sorpresa.

Otras entidades le siguen, aunque con proporciones menos aparatosas de morosidad.  Entonces, las autoridades italianas adoptan una fórmula de “resolución” a la que bautizan – no sé muy bien por qué – con el apelativo ya conocido de “banco malo”. ¿Y en qué consiste? En que se ofrece a los bancos con problemas la posibilidad de empaquetar sus créditos malos en títulos, de diversa calidad, cuyas posibles pérdidas quedan garantizadas por el Tesoro para facilitar así su colocación en el mercado.  Un claro caso de  “bail-out”, o apoyos del Estado, en flagrante contradicción con el nuevo principio básico, aunque discutible, del “bail-in”, o saneamiento con cargo a los acreedores.

Tenemos también el caso del alemán Deutsche Bank, “la catedral” de la banca alemana e incluso de la europea. Aflora repentinamente unas pérdidas de 6.900 millones de €, en un solo ejercicio, 2015. Cifra que incluye las fuertes multas que le han sido impuestas a la entidad por incumplimientos llamativos. ¿Serán estas las pérdidas definitivas?

Estos tres ejemplos, pueden plantear importantes interrogantes, de respuesta probablemente insatisfactoria:

¿Habían identificado el problema los Supervisores nacionales?¿Y los Supervisores europeos? Sobre todo, ¿lo habían identificado cuando aún era tiempo de evitar el drama? Porque huelga decir que situaciones como las descritas son rampantes y no se producen de repente. ¿Cómo han permitido que la mala gestión llegue a estos extremos?  ¿Existen situaciones semejantes no desveladas en los referidos bancos o en otras entidades?

¿Cómo habían jugado los mecanismos supervisores, ahora dotados de nuevos instrumentos como los modelos y los “stress tests”? ¿Cómo quedan el capital y los resultados corrientes de estas entidades? ¿Han sido sometidos a la aprobación de las instituciones europeas las soluciones adoptadas para el tratamiento de estos casos?

En caso afirmativo, ¿cómo han podido ser  aprobadas cuando la resolución se hace a cargo del Tesoro o sea del contribuyente, contrariamente al nuevo principio europeo – por cierto, solo europeo – de que lo sufraguen los inversores?¿Han  sido exigidas a los bancos enfermos medidas correctivas?¿Se les ha exigido un “Plan de recuperación” o un  “Plan de resolución”, preceptivos ahora en Europa?¿No son estas actuaciones de las autoridades europeas con estos países más tolerantes que con otros?

Las respuestas a este conjunto de preguntas nos hablan muy probablemente de la mala gestión  y de la opacidad de los bancos. Y de la escasa eficacia de la nueva regulación post-crisis de los nuevos mecanismos europeos. En efecto, como dice el referido mantra, la situación de determinados sistemas europeos y de su Supervisión parece peor que la española.

Pero hagamos ahora un claro punto y aparte.  ¿Puede este panorama justificar en España una actitud de autocomplacencia, que lleve a una relajación en los ajustes pendientes o una supervisión tolerante encaminada a ganar tiempo o, como dicen algunos, “a quedar bien con el BCE”?

En modo alguno. Porque estaría ante el viejo dicho de que “mal de muchos…”.  Resultaría una política miope: placebos a corto plazo, con un fuerte coste a largo plazo.  Entre otras cosas porque, cuando las cosas no mejoran rápidamente, el paso del tiempo las empeora. Y cualquiera que sea la situación en otros países, lo que debe importar es que nuestro sistema sea robusto y transparente. Y que lo sea de manera sostenible. En otras palabras, que nuestros depositantes estén seguros y que la asignación de recursos favorezca el crecimiento de nuestra economía y de nuestro empleo.

Esa es nuestra responsabilidad. La de los administradores y gestores, ante sus accionistas.  La del Banco de España y del Estado español, antes los ciudadanos.

Y, por si nos dejan indiferentes los términos conceptuales, hablemos de consideraciones prácticas. Porque, si se produce un vendaval, se llevará por delante muchos de los sistemas de la Eurozona. Pero al nuestro también. Y resulta evidente que hoy tenemos serios vendavales llamando a nuestras puertas. Probablemente antes de que los nuevos mecanismos de la Unión Bancaria consigan implantar de manera eficaz su medicina preventiva y, por supuesto, su medicina curativa.

Artículo publicado originalmente en la revista Consejeros.