Rafael Domenech es un reputado investigador, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Esta semana nos proporcionaba multitud de titulares de prensa, sobre las dificultades en la financiación del déficit para una parte de las Administraciones autonómicas y locales.
Domenech, como economista jefe de BBVA Research, presentaba el ultimo informe «Situación España» que incorporaba un análisis del grado de transparencia de las cuentas públicas autonómicas, según el cual sólo seis comunidades ofrecen una información completa y mensual, igual a la que proporciona la Administración General del Estado.
El documento alertaba de la necesidad de mejorar la calidad y cantidad de información sobre la ejecución presupuestaria que se ofrece a la opinión pública en general, y a los mercados, en particular:
«En ausencia de esta política proactiva de mayor información y transparencia por parte de todas las AA.PP., y no sólo por el Estado, la incertidumbre respecto a la calidad de las finanzas del conjunto de AA.PP. podría prolongarse en el tiempo lo que implicaría el mantenimiento de primas de riesgo innecesariamente elevadas para una parte de la deuda pública española.»
A este tirón de orejas se une la inevitable y maldita austeridad impuesta por los mercados en año preelectoral. El recorte presupuestario en las Comunidades Autónomas (CCAA) se generaliza para el próximo ejercicio. El diario Cinco Días ha hecho un recorrido por las distintas CCAA. Así, el Ejecutivo canario reducirá el presupuesto en un 12,5%, una cifra muy alejada de la Comunidad Valenciana, cuyo recorte se queda en el 4,8%, el menor de todas las regiones (ver artículo). Las partidas más afectadas son las relacionadas con la inversión, que caen en todas las comunidades. La Administración del Estado también recortará un 7,9% el gasto no financiero, por primera vez.
Para el diario El País, este presupuesto 2011 pone a prueba la credibilidad del sistema autonómico en año electoral. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España, declaraba a pasada semana en el Congreso: “El Gobierno ha tomado medidas durísimas en el gasto, que no he visto en la mayoría de las autonomías”, mientras pedía “buscar fórmulas que refuercen el compromiso de las comunidades” y citó como ejemplo el techo de gasto que se impone a la Administración del Estado cada año.
Por lo tanto, todas las CCAA se están enfrentando a grandes dificultades para aprobar un presupuesto equilibrado en estos próximos meses. Eso si: suprimiendo las facturas del cajón. Los datos son bastante negros: en estos primeros nueve meses del año, el sistema sanitario en su conjunto ha acumulado un déficit cercano a los 11.000 millones de euros, según el diario La razón, aunque podría ascender hasta los 15.000 millones a finales de diciembre si se cumplen las peores previsiones.
Buscando soluciones ingeniosas
La aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria, tanto en España como en Europa, se remitía al Sistema de Cuentas Europeo (SEC-95) para el cálculo de la deuda y déficit computable. Esto trajo como efecto colateral la aparición de cierta ingeniería financiera en el sector público. Recordémoslo.
Hace unos años, el Gobierno austriaco, creó Bundesimmobiliengesellschaft una empresa de capital íntegramente público (BIG: www.big.at) para la gestión y mantenimiento de la mayoría de los edificios públicos: escuelas, universidades, prisiones, juzgados, etc. Unas propiedades que hoy día se valoran en 415.000 millones de euros.
El 98% de los ingresos de BIG, correspondía a los alquileres cobrados al gobierno austriaco, a precio de “de mercado”. Así pues, a principios de este siglo, BIG se endeudó enormemente para pagar (teóricamente) al Gobierno el precio de ese patrimonio, Eurostat (News Release nº 15/2002, de 31 de enero) decidió que la empresa era una unidad institucional, clasificada dentro del sector “Empresas no financieras” y su deuda no formaba parte de la deuda pública.
Todos nos quedamos con un palmo de narices y comenzó la carrera hacia la idea más brillante. Se vendieron los embalses a sociedades de abastecimiento de agua o se enajenaron los ingresos futuros de la explotación de líneas de metro, que no computaban como deuda.
El asunto parecía olvidado, un lejano recuerdo de la década del ladrillo loco y el dinero abundante, donde cualquier institución financiera apoyaba económicamente estos proyectos y sólo era necesario salvar los frágiles límites de la legalidad presupuestaria.
Sin embargo, en tiempo de penurias el ingenio patrio vuelve a resurgir. En este caso para paliar las dificultades impuestas por los límites en el endeudamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA). La Junta de Andalucía anuncia que sus presupuestos para 2011 incorporan la fórmula europea conocida por ‘sale and lease back’, que consiste en vender un activo para inmediatamente después alquilarlo. Es lo que se hará con los 90 edificios administrativos de la Junta: “nuevos tiempos requieren nuevas formas de hacer presupuestos”, dijo la Consejera de Hacienda. Modelo Austriaco con tintes mediterráneos. Andalucía no puede endeudarse más del 1,3% del PIB, frente doble de este año, según lo estipulado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Para la Consejera de Hacienda de Castilla y León, “No es extraño que las autonomías busquen fórmulas alternativas de financiación” y admite que los mercados de capital están penalizando especialmente a las CCAA. Así, la alternativa planteada por Cataluña, con la emisión de 1.500 millones de euros en bonos de 1.000 euros para colocar (al 4.75% y a un año) entre pequeños inversores. Para equilibrar el presupuesto, la Generalitat ha de sacar de dónde pueda unos 3.500 millones de euros en lo que queda de año, después de haber realizado tres emisiones de deuda a lo largo del ejercicio.
La Comunidad valenciana parece que copiará en modelo catalán, pues las dos últimas emisiones importantes (unos 500 millones de euros, en total) se colocaron al 4,90% y al 5,90% de tipo de interés respectivamente. En lo que se refiere a las subastas de pagarés a corto plazo para mayoristas, que ofrecen rentabilidades mucho menores (en torno al 1,6%), siete de las últimas han quedado desiertas.
Todo tipo de Endeudamiento
Respecto a la información periódica a suministrar, los grupos políticos de la Comunidad Foral de Navarra mantienen desde hace años un intenso debate sobre la inclusión -o no- dentro de la información periódica sobre endeudamiento que debe remitir el Gobierno al Parlamento foral. En abril pasado, se llegó a una fórmula de compromiso: decidieron, de manera unánime, pedir a la Cámara de Comptos la elaboración de un informe de fiscalización sobre los aspectos financieros, económicos y de amortización de los denominados “peajes en la sombra” que en estos momentos se están pagando con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y que ya había sido objeto de otro informe singular.
Pues bien, la Cámara de Comptos de Navarra acaba de publicar ese informe, donde analiza la figura del Peaje Sombra en la Comunidad Foral y llega a una solución algo salomónica. Formalmente no computa pero es una deuda relevante y debe tenerse bien presente, porque hay que pagarla en el futuro y, además la normativa puede cambiar. En definitiva, aunque cumpla los requisitos establecidos por EUROSTAT, “no deja de ser una operación de ingeniería financiero-contable” autorizada para facilitar la actividad inversora de las administraciones públicas en una época de restricciones presupuestarias.
En fin, que esta época de forzada austeridad, lo único que mejora es el ingenio.
Sobre el Autor:
Antonio Arias Rodríguez. es Síndico de Cuentas del Principado de Asturias.
