La historia de Chipre es, por encima de los detalles concretos, la historia de un precedente. Así como Grecia era “un caso especial”, Chipre recibe ahora la misma descripción desde los máximos dirigentes europeos -es decir, desde Alemania-.

En la raíz de toda crisis financiera planea siempre el fantasma de los bank runs, huidas de depósitos debidas a quiebras de bancos que cierran sus ventanillas de noche para no abrir nunca más. Sirvan como ejemplo las colas en las oficinas de Banesto o, más recientemente, Northern Rock. El miedo a este tipo de pánicos hizo que la primera medida tomada en Europa al inicio de la crisis fuese elevar coordinadamente en los estados miembros de la zona euro el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta los 100.000 euros por cuenta y persona. Con esto se daba un importante paso al frente, una señal hacia los ahorradores, para que el capital en dicha zona no volara de un país a otro en búsqueda de refugios. El mensaje al ciudadano era limpio y ordenado: pase lo que pase, su dinero -hasta 100.000 euros- está a salvo en su banco.

Quebró Grecia (varias veces), se rescató a Irlanda, Portugal, e incluso España recibió ayuda para sus bancos. Se crearon fondos de rescate para ello y se hizo lo necesario para que los bancos no cayeran y para que los depositantes no se asustaran y retiraran todo su dinero de los bancos. En España, el Fondo de Garantía de Depósitos se utilizó para capitalizar al FROB ¡como señal de promesa de que el banco está soportado por una garantía pública! De esta manera, el FROB aporta una garantía pública a un capital privado (a través de las aportaciones del FGD) elevando el aseguramiento de los depósitos a tal nivel. Esta debería ser hoy en día la filosofía del aseguramiento de los depósitos.

Pero el debate, las dudas y la forma con la que la Unión Europa y el Gobierno chipriota han tensado la cuerda durante horas pueden suponer un antes y un después en nuestra historia financiera. ¿Cuál es la principal conclusión de nuestra particular ‘crisis de los misiles’? Con Chipre hemos aprendido que se puede poner en tela de juicio e incluso ignorar lo que hasta ahora parecía imposible: la garantía inquebrantable de los depósitos. Después del episodio vivido, todo ahorrador hará bien en preguntarse: “¿Estoy realmente protegido por el FGD, incluso aunque tenga menos de 100.000 euros ahorrados?”. Si las cosas bien mal dadas, la garantía podría romperse, o al menos hay alguien, Europa, dispuesto a permitirlo. En ese sentido, no habrá paz para los ahorradores. Aunque la filosofía sobre el FGD y su efecto sobre el incentivo de los ahorradores respecto a su aseguramiento público sea la deseable, el formato legal actual del mismo es inútil o insuficiente.

El FGD es un ‘fondo común’ aportado por los propios bancos para cubrirse solidariamente de sus impagos y salvaguardar el dinero de los pequeños depositarios. La crisis financiera ha dejado claro que los bancos no van a quebrar nunca (Lehman Brothers – entidad no depositaria – de por medio) sin una intervención estatal previa. Es decir, una entidad financiera nunca va a quebrar o impagar sus depósitos debido a un descuadre básico de su balance. Algo así ocurrió con Northern Rock (financiación a corto, inversión a largo en un momento de restricción súbita de la financiación) y el Banco de Inglaterra intervino para asegurar los depósitos.

Cuando un ahorrador deposita un euro en su banco, este último debe retener un 2 por mil de ese importe y aportarlo al FGD. Dicho coste se repercute al ahorrador en concepto de aseguramiento por valor de hasta 100.000 euros. Lo que la legislación nos obliga al ahorrar es, ni más ni menos, a comprarnos un seguro. Pero ¿qué valor tiene ese seguro? Por un lado, los depósitos tienen la garantía del FDG, pero, por otro, estos tienen también el respaldo implícito del Estado a los bancos –lo que ha salvado a los depositantes de Bankia no ha sido el FGD, sino el rescate público de la entidad-. Pero la crisis de Chipre abre un nuevo riesgo no cubierto: la posibilidad de que tu banco no quiebre y, aun así, puedas perder el dinero de tu cuenta corriente. Pues bien, si consideramos que la garantía sobre los depósitos es deseable para un sistema financiero, ¡la protección debería también cubrir dicho riesgo! De no ser así, podrían producirse ‘pánicos bancarios’, incluso cuando una entidad no esté en peligro.

Las reglas del juego han cambiado, o nos han dicho que pueden cambiar cuando así estimen, y están dispuestos a hacerlo: los depósitos bajo ley nacional nunca más serán seguros. Si un Estado pone la ley y hace la trampa, todo empieza a parecerse un poco más a Argentina. Acontecimientos como el de Chipre hacen que el ahorrador se plantee si existe la seguridad financiera; tras la primera fase de asombro, se pasa a la de enfado y a la depresión, aceptando el hecho por frustración.

Lo que están viviendo los depositarios chipriotas no es nada nuevo: un impuesto confiscatorio del que todo bonista quiere cubrirse cuando invierte en deuda soberana de otro país. Todo bono soberano incluye cláusulas de protección contra los cambios legislativos: un impago para un bonista no es sólo una quiebra teórica (pasivo superior al activo). Supone una reestructuración, una pérdida de garantía, impagos en otras obligaciones ajenas tu bono, etc.

Del mismo modo, todos estos bonos contienen cláusulas de “amortización anticipada por causas impositivas”: los inversores desean cubrirse de los cambios legislativos, con especial atención a los impositivos, como la introducción de una tasa recaudatoria, cambios en el impuesto de sociedades o de ganancias de capital. Todo inversor en bonos soberanos conoce estos peligros y, por ello, los emisores se comprometen a resarcir al inversor en cualquiera de estos eventos. La necesidad de garantías legales hace que los bonos soberanos más demandados sean los emitidos bajo legislación extranjera (normalmente inglesa).

Así, no es este el momento de justificar barbaridades por mucho que exista algún resquicio legal por el que colar un expolio a los ahorradores: la introducción de una tasa a los depósitos inferiores a 100.000 euros es un movimiento cobarde de los gobernantes. Se podría discutir si la peculiaridad de Chipre hace que el fin justifique a los medios -el 55% de sus depósitos son de más de 100.000 euros, un claro indicio de cómo las fortunas rusas blanquean su dinero a través de la isla-, e incluso podría entenderse la voluntad de hacer cargar a ciertas fortunas extranjeras con los costes del rescate, pero el instrumento para perseguir este fin hace saltar por los aires el pilar básico sobre el que pivotaba el nuevo proyecto de integración financiera europea: un fondo de garantía de depósitos europeo. Este movimiento arruina todo el proyecto.

La distribución de la financiación bancaria en Chipre indica por qué es tan importante para el país el poder ‘usar’ los depósitos en el rescate. El incremento de los mismos ha sido exponencial, y son su principal fuente de financiación.

La propuesta de cambiar los depósitos por acciones del propio banco chipriota (certificados de depósito) es en realidad una estructura de debt-to-equity swaps. Convertir a los acreedores senior (depositarios en este caso) en acreedores junior (accionistas). Esta estructura es potente e interesante para rescates financieros, pero ¿por qué obligar a ello al pequeño ahorrador? Máxime cuando ni siquiera hemos oído hablar de diluir aún más a los accionistas actuales o de implementar la conversión de deuda a acciones a los otros deudores senior: los bonistas.

Como no hay mal que por bien no venga, la lección de esta nueva crisis es que debemos comenzar a diseñar el FGD del futuro. Un fondo que cuente con garantía pública que cubra tanto los eventos de quiebra como los cambios legislativos típicos que incluye cualquier emisión de deuda soberana.

La finalidad del FGD con un importe máximo es limar la asimetría informativa sin crear riesgo moral. Incentivamos a los inversores a controlar el estado de sus bancos, pero asumimos que no todos los ahorradores tienen dicha capacidad (los pequeños inversores están asimétricamente desfavorecidos). Así, la fracción que cubra el FGD debería cubrir de las contingencias verdaderas y realistas de impago del depósito.

Una posible solución a escala europea puede encontrarse en el caso español del FROB. Podemos aprovechar dicha estructura para contar con un soporte público (backstop) del riesgo bancario. Esta vía implica pasar de un FGD capitalizado por bancos (y cajas y cooperativas) a un FGD que nos da derecho a participar a todos del activo del FROB por el importe de nuestros depósitos y por un máximo de hasta 100.000 euros. Dicha participación podría estructurarse a través de participaciones o certificados que llevaran las cláusulas de protectorado contra cambios legislativos o eventos de quiebra (en su sentido amplio) que afectasen a nuestra inversión objeto de cobertura: los depósitos.

Breves conclusiones

La seguridad financiera existe: no nos dejemos engañar y reclamémosla. Si Chipre nos ha enseñado la debilidad del FGD, es hora de pensar en el FGD 2.0 sin dejar pasar un solo minuto. El riesgo soberano y el riesgo financiero se solapan, y lo que estamos aprendiendo con Chipre es algo que Europa debería haber considerado mucho antes.

Por último, no podemos dejar pasar la ocasión de recordar nuestros conocidos y queridos ‘cisnes negros’. A finales de 2012 hicimos una lista de candidatos para 2013, pero, como buen cisne negro, esta ave chipriota estaba oculta. ¿Cómo puede algo tan pequeño influir en el resto de Europa? Una imagen vale más que mil palabras: Grecia es el país con más intereses en los bancos chipriotas. Y ya conocemos la sensibilidad de Europa hacia la situación financiera de Grecia. A menudo, los casos extremos son los que determinan la senda que seguirá luego la realidad, los que nos harán cambiar de rumbo y encontrar otro camino aparentemente más seguro hasta la aparición de un nuevo cisne. Nuestra particular ‘crisis de los misiles chipriotas’ puede modificar, sin duda, el camino de la integración financiera europea.