Traducimos y reproducimos, por su interés, el presente artículo publicado originalmente en The Wall Street Journal.
La crisis financiera ha golpeado a unos países con más fuerza que a otros, y a España especialmente debido a nuestros desequilibrios internos. Comprendemos a la perfección los motivos que han llevado a nuestro país a la intolerable situación de tener la tasa de desempleo más alta de los países desarrollados: el 22,9% en el mes de noviembre. En consecuencia, también conocemos las medidas que es necesario adoptar urgentemente para iniciar la recuperación de nuestra economía y generar empleo estable y crecimiento sostenido, y conocemos también los costes de ajuste que habremos de asumir a corto plazo para lograrlo. Y, lo más importante, tenemos un mandato imperativo de nuestros ciudadanos para hacer lo que sea necesario para arreglar definitivamente la situación.
La población española, el gobierno nacional, las comunidades autónomas y el resto de agentes relevantes de nuestra sociedad son completamente conscientes de lo cruciales que serán los próximos meses para nuestro futuro y para el de la Unión Europea en su conjunto. La tarea a completar es ambiciosa. Por un lado, hemos de seguir aplicando las medidas de consolidación fiscal que ya hemos comenzado para cumplir nuestros objetivos de déficit público. Por otro lado, hemos de fomentar el crecimiento mediante la introducción de medidas estructurales valientes.
La consolidación fiscal no era una mera opción. Es un requisito para garantizar la confianza del inversor en la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas y en la estabilidad macroeconómica de España, para así poder disfrutar de un coste razonable de endeudamiento tanto en el sector público como en el privado. Esa es la razón por la cual la primera decisión tomada por el gobierno del Primer Ministro Mariano Rajoy, solo una semana después de ocupar el cargo en noviembre, fue implementar un duro paquete de recortes de gasto y un aumento progresivo en la imposición de la renta. Estas medidas eran necesarias para contrarrestar el impacto del inesperado salto del déficit público de 2011, del 6% originalmente previsto hasta el 8%.
Estas medidas, aunque impopulares y no deseadas, han conseguido el apoyo de la mayoría del parlamento español, uno de los primeros parlamentos europeos en introducir un cambio en la constitución para limitar los déficit presupuestarios. La decisión fue acordada el pasado septiembre con el apoyo total del Partido Popular, entonces en la oposición.
La ley que dará forma a este principio será aprobada antes del 31 de marzo, y fijará techos de gasto para todas las entidades públicas, incluyendo a la Administración del Estado, a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos más importantes. El sector público en su conjunto no podrá experimentar un déficit estructural de más del 0,4% del PIB o acumular deuda por encima del 60% del propio PIB. España se encontrará así entre los primeros miembros de la UE en introducir en su marco legal interno los acuerdos de gobernanza económica alcanzados en la UE.
Las reformas estructurales serán esenciales para contrarrestar el impacto sobre el crecimiento de las medidas de consolidación fiscal. Dentro de una unión monetaria, dichas reformas son el principal instrumento que las autoridades nacionales tienen para fomentar el crecimiento y el empleo. Entre ellas, las que abordarán el mercado laboral y el sistema financiero serán decisivas.
La nueva reforma laboral perseguirá un objetivo sencillo pero crítico: fomentar la creación de trabajo y la productividad para mejorar la competitividad de las empresas españolas y de la economía en su conjunto. Para conseguir este objetivo, la reforma ha de ser exhaustiva y afrontar los principales fallos del actual mercado laboral.
En primer lugar, nuestro sistema de negociación colectiva ha de ser revisado en profundidad para implantar un mecanismo eficiente y no inflacionario basado en las ganancias de productividad. En España hemos heredado un sistema de negociación muy centralizado que establece los incrementos salariales a nivel de sector. Este sistema ha probado ser una de las principales causas de la pérdida de competitividad que hemos sufrido durante la pasada década.
Además, el sistema de negociación no considera la productividad o la necesidad de las compañías de adaptarse a un entorno cambiante e impredecible. La negociación salarial ha de realizarse a nivel de empresa. Necesitamos implementar un marco completamente nuevo que se adapte a las pequeñas y medianas empresas, que actualmente representan el 80% del empleo total de España.
En segundo lugar, tenemos actualmente alrededor de 40 tipos diferentes de contratos de empleo. Hay que simplificar esta situación: un único contrato a tiempo completo con condiciones idénticas para todos los trabajadores y otro para fomentar la contratación a tiempo parcial.
En tercer lugar, necesitamos revisar la política activa de empleo tanto para los desempleados como para los empleados actuales para fomentar la productividad y permitir la asignación de capital humano a sectores de alto valor añadido.
Respecto al sistema financiero, necesitamos un nuevo impulso en su reestructuración. Debemos acelerar, de forma conclusiva y transparente, la valoración correcta y la limpieza de los balances de las instituciones financieras.
La nueva reforma financiera que anunciaremos en breve obligará a los bancos a aumentar sus provisiones lo suficiente como para cubrir cualquier depreciación que pueda emerger de sus activos y préstamos procedentes del sector inmobiliario. No se utilizará dinero público para financiar los requerimientos regulatorios adicionales que surjan de la reforma. Todos los fondos implicados habrán de proceder de los propios recursos internos del sistema. Las instituciones incapaces de cumplir con los nuevos requerimientos serán alentadas a fusionarse con otras entidades a través de un sistema de incentivos correctamente diseñado.
En general, las nuevas medidas regulatorias fomentarán la transparencia y la solvencia. Generarán sinergias de eficiencia y ajustarán la capacidad del sistema bancario para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. El resultado será un menor número de jugadores más fuertes, instituciones más responsables y una gobernanza empresarial mejorada.
Y, desde luego, España continuará actuando como un miembro cooperativo y leal de la Unión Europea. Las reformas que he descrito son completamente consistentes con el nuevo marco de gobernanza económica que se está discutiendo en la UE.
El trabajo a realizar durante los próximos meses es enorme –y ello sin tener en cuenta el resto de reformas que planeamos, como la educativa o la de la administración de justicia. Afortunadamente, el nuevo gobierno posee las características necesarias para afrontar las reformas con éxito. El Partido Popular ya resolvió otra sombría situación macroeconómica a mediados de los años 90, haciendo posible la entrada de España en el Euro en la primera ronda. El gobierno del Primer Ministro Rajoy disfruta de un amplio apoyo popular tanto a nivel nacional como regional, y tiene cuatro años por delante para hacer realidad el cambio.
Tenemos también una determinación total para hacer lo que es necesario. Aunque la tarea es ambiciosa, es factible. Estamos convencidos de que, poniendo en marcha el plan que he detallado, recuperaremos la confianza de los mercados. Somos plenamente conscientes de que nos encontramos ante una oportunidad única para recobrar la prosperidad que nunca deberíamos haber perdido.
– Luis de Guindos es Ministro de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
