El Gobierno ha puesto en marcha una sexta versión del Plan PIVE, consistente en subvenciones para la renovación del parque automovilístico español por valor de 175 millones de euros. A pesar de su aceptación popular, este tipo de programas tienen efectos perniciosos sobre las cuentas públicas sin proporcionar ningún tipo de beneficio en términos de eficiencia o equidad. Sin embargo, el Gobierno y la ANFAC –el lobby de la industria automovilística española- insisten en argumentar, edición tras edición, que el programa es bueno para el contribuyente español, que acelera la recuperación de la economía al incentivar el consumo y que además supone un ahorro energético para las familias españolas. En este artículo se abordan los mitos creados alrededor de un programa de gasto con incomprensible aceptación.

Mito 1 – El Plan PIVE mejorará la situación del erario público

Uno de los argumentos recurrentes es que, a pesar de que la subvención supone un coste directo para las arcas del estado, los ingresos públicos por las ventas excederán al coste del programa. Para apoyar su afirmación, la ANFAC suele calcular los impuestos devengados por el total de coches vendidos durante el período de aplicación, a pesar de que buena parte de los mismos se habrían vendido de todos modos aunque el programa no se hubiese puesto en marcha. Además, como demostraron los profesores Adda y Cooper tras analizar el programa francés de 1994-1995, este tipo de impulsos solo consiguen adelantar algunas decisiones de compra y, con ellas, los ingresos fiscales que de todas formas se iban a recibir más adelante en el tiempo.

Además, y este contraargumento será también válido para el resto de mitos alrededor del programa, los automóviles no tienen ninguna característica que no tenga cualquier otro bien –una lavadora, un jamón o una entrada del cine- a la hora de causar este hipotético efecto de recuperación fiscal de las ayudas. De hecho, el efecto “adelantamiento de compras” podría incluso convertir al coche en uno de los peores ejemplos para conseguir la hipotética pero seguramente inexistente ventaja fiscal para el Estado.

En última instancia, si la subvención de un producto causase un aumento neto de los ingresos del Estado, bastaría con subvencionar toda la cesta de la compra para obtener una multiplicación de los panes y los peces que acabaría con nuestros problemas fiscales; una solución más propia del populismo que de nuestra dura realidad fiscal.

Mito 2 – El Plan ayuda a la supervivencia de un sector vital de la economía española.

En primer lugar, sí es cierto que el sector automovilístico constituye, por volumen de ventas, un sector importante en nuestra economía. Es el sector que más exporta, a pesar de que la actividad predominante en España es el ensamblaje –y no las actividades de mayor valor añadido, como la I+D o la construcción de los elementos más complejos-. No obstante, 175 millones de euros en subvenciones públicas serían capaces de salvar una gran cantidad de empleo en cualquier sector. ¿Merecen acaso una especial suerte los trabajadores de la industria automovilística?

Además, existe un motivo por el cual las empresas automovilísticas corren un menor peligro transitorio que otros sectores: los fuertes costes hundidos que soportan. Un coste hundido es el coste proveniente de una fuerte inversión, el cual no puede ser recuperado ni reutilizado para otra actividad. Las empresas de la automoción han de invertir enormes cantidades para la creación de cada nueva planta, y ello hace que, una vez la inversión ha sido realizada, el coste relativo de hacerla funcionar -lo cual incluye los salarios de los trabajadores- sea mucho menor que en otros sectores. Así, las industrias basadas en capital se ven forzadas a soportar más carga durante las crisis, reduciéndose menos la actividad que en otras. Por este motivo, la subvención de sectores con menores necesidades de capital tendría probablemente un impacto más directo sobre el empleo.

Mito 3 – El Plan PIVE ayudará a la reactivación económica al impulsar el consumo

Este es el único mito que podría tener un cierto respaldo según algunas de las corrientes ortodoxas de la macroeconomía. En una situación de profunda depresión y con una trampa de la liquidez, un aumento del consumo podría ser óptimo al poner a trabajar recursos ociosos. No obstante, y a pesar de que este enfoque tiene sus detractores, aunque ello fuese cierto no implicaría que el sector agraciado con la ayuda tuviese que ser repetidamente el del automóvil. Si un impulso al consumo puede per se ayudar a la recuperación, España tiene actualmente infinidad de necesidades más acuciantes que renovar parcialmente su parque automovilístico. Por ejemplo, los 175 millones de euros del Plan PIVE podrían destinarse a la subvención de clases particulares de inglés –un aspecto en el que nuestro país tiene amplio margen de mejora-, de becas para el estudio o de comedores sociales para menores en situación de pobreza familiar.

La obsesión por incentivar el consumo va, además, en contra de la necesidad primordial de nuestro país: el desapalancamiento masivo y la devolución de la deuda privada y pública. España se encuentra en una situación crítica en la que los agentes internacionales tienen una confianza muy limitada sobre nuestra capacidad para devolver la deuda adquirida. Y, por definición, cada euro que se consume es un euro menos que se dedica al ahorro, que en nuestra situación equivale a una menor devolución de deuda, lo cual impide mejorar, aunque sea levemente, la percepción sobre nuestra solvencia.

Por último, la consecuencia de lo expuesto en el segundo mito es que, de todos los sectores económicos, la industria es la que probablemente necesite menos ayudas para mantener su nivel de actividad.

Mito 4 – El Plan supondrá un ahorro en gasolina para las familias

Este argumento es cierto pero irrelevante. La gasolina es un bien complementario del automóvil: de la misma forma que no se puede disfrutar de un teléfono sin una línea telefónica, tampoco se puede disfrutar un automóvil sin combustible. Ambos bienes y sus precios, el coche y su consumo de energía, entran en la decisión de compra del consumidor, de la misma forma que un teléfono con conexión 4G permite aprovechar mejor las posibilidades de conexión a Internet.

Resultaría trivial encontrar una infinidad de casos en los que la subvención de un bien resulta en un ahorro en otro bien complementario del mismo, lo cual no implica que deban subvencionarse dichos bienes. La decisión y compra de un coche, que incluye el consumo de gasolina en función del motor elegido, es un asunto estrictamente privado y en la cual el Gobierno no ha de intervenir –salvo por el caso de la externalidad causada por la contaminación, tratada en el siguiente punto-. Que un consumidor mejore su bienestar tras una subvención es irrelevante, ya que esto sucede para todos los bienes que consume.

Mito 5 – El Plan es positivo porque reduce la contaminación

Dicha afirmación es cierta, al menos parcialmente, pero de nuevo irrelevante. En primer lugar, las cifras de reducción de la contaminación están hinchadas ya que las estimaciones del plan no contemplan que gran parte de las compras son un simple adelantamiento temporal de la decisión. Así, la posible reducción que se consigue será solo temporal, y no permanente.

Por otra parte, aunque una subvención pueda reducir la contaminación que produce el parque móvil español –pagando a los usuarios de motores poco eficientes para que los cambien-, toda reducción puede conseguirse también mediante un impuesto, como sucede con los hidrocarburos, que constituyen una forma eficiente de tasación y que supone, en vez de un coste, un ingreso para la administración pública. ¿Por qué privilegiar a un sector respecto a otros?

En resumen, la popularidad de los distintos planes PIVE, en ocasiones denominados planes “chatarra”, es la principal responsable de que dicho despilfarro de recursos públicos siga produciéndose año tras año para regocijo del lobby automovilístico. El plan no resistiría el más mínimo análisis de viabilidad económica y gasta recursos públicos en subvencionar una actividad privada no esencial para un estado moderno. De existir un posible efecto positivo del gasto durante una recesión, dicho efecto se conseguiría también mediante la subvención de otras actividades en las cuales España presenta serios déficit. Es posible que la popularidad persista ante la percepción popular de que el Estado ha de “hacer algo” para incentivar directamente el consumo, incluso cuando la subvención no persigue ningún objetivo de equidad ni eficiencia. Y es posible que los sucesivos Gobiernos compren una cierta dosis de paz social al subvencionar sectores en los que la presencia de afiliados a los sindicatos es masiva. Pero las últimas elecciones han mostrado que la paz social también puede resquebrajarse por otros frentes, lo cual debería ayudar a poner fin a programas de gasto público tan desafortunados.