En la primera entrada hemos explicamos los mecanismos básicos de una crisis, esto es, el problema de los costes de búsqueda, los problemas de ajuste en los precios y, especialmente, el caso especial en el que el precio fundamental de toda economía, el tipo de interés, es incapaz de reflejar la verdadera abundancia de ahorro neto. Porque una trampa de la liquidez es eso: existe demasiado ahorro neto que ni se consume ni se transforma en inversión. Como el tipo de interés no puede bajar de cero, a ese nivel existe mucha más oferta de ahorro (liquidez) que demanda de préstamos.

También explicábamos que, a menudo, la inflación puede resolver este problema, pero en esta ocasión la recesión ha coincidido con una crisis financiera y, no nos engañemos, para que haya inflación alguien ha de poner la nueva masa monetaria en circulación mediante consumo o inversión. ¿Y qué agente está ahora en disposición de hacer esto? La fórmula clásica para crear inflación es monetizar deuda pública, esto es, permitir que el sector público gaste con nueva deuda que el Banco Central compra. Pero claro, ¿qué gobiernos se encuentran en disposición de aumentar su nivel de deuda, incluso con alguna perspectiva de inflación?

Como no podemos defraudar a nuestros lectores, llega la hora de mojarnos y comenzar a enunciar algunas medidas que podrían crear empleo a corto plazo (en este artículo) y a medio plazo (en el tercer artículo, que cerrará la serie). Como verán, no hay soluciones simplistas, salvo la archiconocida de que el BCE comience una monetización masiva de deuda en toda la Eurozona.

Propuesta 1 – El hotel más grande del mundo está vacío.

Todos conocemos algún caso de local comercial que, por una herencia mal resuelta o una inversión fallida, permanece vacío durante largos años. Imagine un enorme hotel en la costa mediterránea cuyos promotores se han declarado en quiebra. Mientras dirimen quién puso qué, quien está antes o después en la cola de damnificados y en qué condiciones se liquida el hotel, éste permanece largos años cerrado, deteriorándose. Cada año que pasa, se renuncia a los ingresos que podría generar; dejarlo cerrado tiene, como todo, un coste de oportunidad.

Ésa es exactamente una de las situaciones más sangrantes de la España actual. Como afirmaba uno de los mayores especialistas del mercado inmobiliario, José García Montalvo, en España se acumulaban, en el momento de estallar la burbuja, algo más de un millón de pisos de obra nueva (¡solo de obra nueva!) por vender. A estos pisos habría que sumarles los pisos de segunda mano proveniente de las propias carteras de las inmobiliarias, que a su vez han sido engordadas con las ejecuciones de hipotecas.

Como ha demostrado el Santander con la venta de las promociones de Seseña, el único problema es el ajuste de precios. Y la gravedad de la situación radica en que este ajuste no se puede realizar porque vender las viviendas a precio de mercado implicaría la quiebra de varias cajas y bancos, algo contra lo que ambos Gobiernos han luchado denodadamente. Es decir, los precios están atascados en su valor nominal esperando el desenlace de la reforma financiera.

Mientras tanto, más de un millón de viviendas, muchas de ellas en municipios costeros, se deprecian sin proporcionar lo único que pueden proporcionar: servicios de alojamiento que la población, tanto española como extranjera, sin duda valora. ¿Cuánto supone el renunciar a utilizar todas esas viviendas? Podemos hacer una estimación rápida por dos vías: (i) el coste de oportunidad del  alquiler y (ii) el coste de oportunidad de la venta. Haciendo el cálculo para un millón de viviendas, el coste de oportunidad de alquilarlas (por un precio muy razonable de unos 350 euros mensuales netos de gastos) es de 3.500 millones de euros anuales. Si se venden (también con una estimación conservadora, por unos 80.000 euros, recordemos que son viviendas de obra nueva), la venta proporcionaría unos 80.000 millones de euros, cuyo coste de oportunidad anual puede alcanzar, a los tipos a los que se está financiado ahora España, unos 5.500 millones de euros anuales.

Es decir, existe una horquilla aproximada entre 3.000 y 6.000 millones anuales (0,3% – 0,6% del PIB) de nueva producción en servicios del capital desperdiciados. Y, si se consuma el rescate del sector financiero por el FROB, ¡el Estado sería el dueño de dicho capital inutilizado! Es decir, se podrían aliviar en parte los costes de financiación. No sería tarea fácil, desde luego, ya que probablemente no exista capital suficiente para comprar todas esas viviendas actualmente. Como el FROB no podría convertirse de la noche a la mañana en una agencia de alquiler, quizás serían necesarios acuerdos de intermediación con empresas inmobiliarias.

Y quizás la gran oportunidad de esta medida se encuentra fuera de nuestro país. Es bien sabido que España es un lugar ideal para el retiro de muchos jubilados europeos, especialmente los meses de invierno. Pues bien, cada vivienda vendida en el exterior supondría una entrada neta de capital en nuestro país, y el gasto en servicios que aquí generarían tiene el mismo efecto que una exportación, pues ayudarían de nuevo a mejorar la balanza de pagos de nuestra economía.

Propuesta 2 – Una medida fiscal progresiva y eficiente

Para nuestra segunda propuesta necesitaríamos talar por la base el mayor Tótem Sagrado de nuestro sistema fiscal: la deducción por primera vivienda. Y no, no nos referimos a la tímida eliminación para las viviendas compradas a partir de ahora que el Gobierno de Zapatero impulsó y luego el Gobierno de Rajoy reintrodujo. Nos referimos a una eliminación total y retroactiva de dicha deducción.

Toda política fiscal suele moverse en la disyuntiva entre eficiencia y equidad. El impuesto único e igual para toda la ciudadanía (Poll Tax) es el impuesto más eficiente que existe, ya que al ser independiente de la renta no condiciona las decisiones de trabajo, pero es intolerablemente injusto, como bien aprendió Margaret Tatcher. Por otra parte, el impuesto progresivo sobre el trabajo es un impuesto justo, pues sigue el principio de capacidad de pago, pero desincentiva la formación, el riesgo y el esfuerzo.

Sin embargo, en este caso nos encontramos con la paradoja de que tenemos a nuestra disposición una medida fiscal que sería tanto eficiente como justa. Eficiente porque eliminaría un subsidio y además porque opera sobre el capital más inelástico que existe: el suelo urbano. Y justa porque se benefician los poseedores de vivienda y, dentro de estos, quienes tienen renta más alta y han comprado una vivienda más cara.

El aspecto fundamental de esta medida sería que afectaría a decisiones pasadas de los agentes, los cuales no pueden ahora elegir “no haber comprado” su vivienda hace X años. Es decir, no introduciría distorsiones. El Estado liberaría así otros 5.000 millones de euros, que podría utilizar para, por ejemplo, rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social. Dado que los ingresos por cotizaciones sociales (los ingresos de la Seguridad Social) rondan los 140.000 millones de € y que suponen aproximadamente el 36% del coste de un salario, con esta medida se podrían reducir 1,3 puntos las cotizaciones. El efecto inicial sobre el fisco sería neutro, pero los efectos en términos de eficiencia se notarían pronto, al haber conseguido una reducción de los costes salariales, lo cual supondría un aumento de la competitividad exterior y del empleo.

Propuesta 3 – Una reforma laboral completa y profunda

Sobre este asunto no vamos a insistir mucho más, porque ya Fedea ha intentado promover reformas más amplias. Pero vamos a exponer de nuevo el aspecto clave de nuestro sistema laboral: en España no se defiende a la persona que ocupa un puesto de trabajo, sino al propio puesto de trabajo. Un trabajador tiene derechos mientras ocupe su mismo puesto/empresa. Si osa cambiar de empresa, crear la suya propia o tiene la desgracia de que su empresa cierre, pasa a formar parte del enorme grupo de parias que nuestra legislación laboral ignora.

Esta situación es desastrosa porque incentiva el inmovilismo, sobre todo en un momento en que muy pocos pueden asumir riesgos. Pero la resolución de toda crisis pasa por una reasignación de recursos de los sectores con menos futuro hacia las empresas más productivas. El famoso chiste lo explica perfectamente:

“El cielo es un lugar donde la policía es británica, los chefs franceses, los mecánicos alemanes, los amantes italianos y todo es organizado por los suizos. El infierno es un lugar donde la policía es alemana, los cocineros británicos, los mecánicos franceses, los amantes suizos y todo es organizado por los italianos.”

En España existes sectores punteros y empresas exportadoras muy competitivas, como muestra el hecho de que España ha mantenido su cuota mundial de exportaciones incluso tras el auge de China. Los recursos, especialmente los trabajadores cualificados, han de fluir hacia dichas empresas y sectores, pero la legislación laboral dice que si se mueven perderán su derecho adquirido a indemnización.

En este caso no proponemos leves modificaciones de éste o aquel parámetro del sistema laboral, sino un descarte completo del sistema y la implantación (casi diríamos transplante) de un sistema ya comprobado, como el de muchos de nuestros vecinos europeos (siendo nuestro favorito el austríaco). A estas alturas, nadie duda que nuestro sistema laboral es completamente fallido. Dejemos de discutir sobre la cuantía de la indemnización por despido y contemplemos una reforma integral de la protección laboral que pase a proteger a las personas y a incentivar su movilidad, la formación y la toma de riesgos.