El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, establece lo siguiente respecto a las tasas universitarias: «Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes términos:
1.º Enseñanzas de Grado. Los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula».
Muy bien, está claro que el gobierno pretende que paguen más los estudiantes universitarios, especialmente los “malos estudiantes”. Los efectos de esta medida serán, principalmente:
- La obtención de un título universitario será más caro.
- Se incentiva a los malos estudiantes a abandonar la carrera universitaria, por tanto las universidades estarán menos masificadas.
- Se incentiva a los buenos estudiantes a estudiar más.
Me gustaría centrarme en un aspecto bien conocido: el comportamiento de las personas/colectivos responde a los incentivos a los que se enfrentan. Si los estudiantes perciben que estudiar un grado es muy barato, cuanto más bajo sea el precio de un producto mayor será su demanda, por lo que subir las tasas universitarias provocará una caída en la demanda. Ahora bien, ¿qué ocurre con los estudiantes que tomaron la decisión de estudiar un grado en previsión de que el precio sería el mismo o similar? ¿Qué alternativas tienen? Aunque la propuesta inicial del Ministerio afectaría solo a los nuevos matriculados, la Comunidad de Madrid ha pedido que no se discrimine a los estudiantes en función de su año de entrada, puesto que sería ilógico que un estudiante de 2º curso de renta alta pague mucho menos que un estudiante de 1º de renta baja. ¡Podría darse incluso la paradoja de que compartiesen clase!
De estas preguntas surgen dos reflexiones. En primer lugar no se puede cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Imaginen una eliminatoria de fútbol a doble partido en la que el organizador establece que los goles marcados en campo contrario tengan un valor doble en caso de empate a goles al termino de los dos partidos. Si el equipo que juega primero en casa va ganando 1-0, lo considerará como un muy buen resultado y tendrá más incentivos a preocuparse de no encajar goles que de marcar otro. ¿Qué ocurriría si una vez concluido el primer partido el organizador decide que sean los goles marcados en campo propio los que valgan doble en caso de empate? ¿Sería justo? Claramente no ¿Se habría comportado de una manera distinta el equipo que jugaba en casa? Obviamente, sí.
Pues bien, este sería el problema de subir las tasas universitarias sin dar tiempo para que los estudiantes acomoden su comportamiento a los nuevos incentivos. De aplicarse la subida por igual a todos los estudiantes, se producirán abandonos de estudiantes que se encuentran “muy cerca del punto de indiferencia” en su decisión, esto es, que finalmente están estudiando pero que en su decisión de estudiar / no estudiar estaban bastante indecisos. Aún más grave puede ser el caso de jóvenes que, sin ser necesariamente malos estudiantes, bajo el antiguo sistema de incentivos (repetir alguna asignatura tiene poca importancia en términos de coste), puedan ser incapaces de costearse los precios de matrículas en 3ª o 4ª convocatoria –recomendaría en este sentido comprobar las tasas de aprobados en algunas ingenierías-. ¿Es socialmente óptimo que abandonen ahora sus estudios por este motivo? Parece difícil argumentar que sí.
En segundo lugar, y pensando en el coste de oportunidad, ¿qué alternativa tienen los estudiantes a la formación universitaria? La principal es una formación profesional que por desgracia no cuenta con el prestigio que debería tener, pero si sí lo tuviese, el coste de oportunidad de cursar estudios universitarios… ¡subiría! Es decir, no es necesario encarecer un servicio para reducir su masificación: una buena formación profesional podría tener efectos similares.
En resumen, aunque la situación sea la clásica disyuntiva entre eficiencia (no alterar decisiones pasadas tomadas con otra información) y justicia (que todos los estudiantes se enfrenten al mismo marco) no parece concebible cambiar las reglas del juego en mitad de la partida. Una alternativa a tan drástica propuesta supondría establecer un período de subidas menores para que dentro de 2-3 años los precios se ajustasen al contenido de la ley. Así, los estudiantes que este curso hayan de decidir si estudian o no sabrán a qué atenerse.
Sobre el autor:
Julio del Corral. Economista, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha
