En este hermosísimo vestíbulo o lobby del hotel Willard de Washington DC recibía a principios del siglo XIX el presidente Ulysses S. Grant a un elevado número de ciudadanos interesados en presentar sus causas particulares. Fueron tantos, que acabó por acuñar el término “lobbyst” para aquellas personas o grupo de personas  que buscan persuadir a miembros del gobierno para legislar en beneficio de sus intereses.

En un sentido más general, podemos afirmar que el hacer lobby se basa en el derecho de todo individuo a ser escuchado.

El lobbysmo está íntimamente ligado al desarrollo de las democracias anglosajonas y constituye un elemento fundamental de éstas. Ya en 1215, mediante la Magna Carta, el rey Juan de Inglaterra concedió a sus barones el derecho de reclamar directamente ante él cualquier violación de los nuevos derechos concedidos por el citado documento. Tal “derecho de petición al gobierno para la reparación de agravios” constituyó la base para el lobbysmo estadounidense, y ya estuvo presente en los tratados coloniales (el Cuerpo de Libertades de la colonia de la Bahía de Massachusetts, de 1641, fue el primero en recogerlo); la Declaración de Independencia, y las constituciones federal y estatales postrevolucionarias, incluida la Bill Of Rights.

(Figura: Magna Carta)

En la actualidad, la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU recoge literalmente el citado “derecho de petición al gobierno para la reparación de agravios” junto con el de libertad de expresión y de reunión. Por consiguiente, estamos tratando con una institución democrática que viene de muy lejos y cuya consecución, como Thomas Jefferson escribió, costó grandes sacrificios:

“En cada etapa de estas opresiones, habíamos pedido reparación, en los más humildes términos; nuestras repetidas peticiones habían sido respondidas sólo mediante repetidas heridas”.

No obstante lo expresado, para el ciudadano medio europeo el término “lobby” posee la mayoría de las veces una connotación negativa, ligada a poderosos grupos de presión que maquinan de forma semioculta tras las bambalinas políticas, sirviendo intereses espurios y hurtando al ciudadano su legítima participación en los asuntos públicos.

Esta visión, en parte fomentada interesadamente por quienes denostan el sistema capitalista, en parte debida a un desconocimiento general y a viejos estereotipos mediáticos, va poco a poco aclarándose a medida de que aumenta el interés por el tema. En este sentido, cabe reseñar buen artículo de Luis Bouza García, “¿Debe preocuparnos el poder de los lobbies empresariales en Europa?”, el cual, aunque con cierta visión negativa, trata de arrojar luz sobre el lobbysmo europeo. Días después aparecía en El Confidencial otra llamativa aportación, algo más conspirativa, de Alexandre Mato: “Los 6.500 lobbies (literal) que buscan influir en la política de Bruselas”.

Recomiendo la lectura de ambos trabajos para contrastar su contenido con la realidad del lobbysmo en los Estados Unidos, inseparable como hemos visto de su articulación democrática y con un amplísimo bagaje legislativo a sus espaldas hasta su configuración actual.

Uno se adentra en esta apasionante cuestión, y lo primero que advierte es que prácticamente todas las instituciones y grupos de interés ciudadano ejercen aquí el lobbysmo, no sólo las “grandes corporaciones” o los “poderosos conglomerados político-económicos”: sindicatos, universidades y otras instituciones educativas, hospitales, iglesias, organizaciones no gubernamentales y de caridad, grupos ecologistas, agrupaciones ciudadanas de diversa naturaleza, gobiernos locales, estatales e incluso extranjeros, contratan los servicios de lobbystas individuales o corporativos.

Dichos servicios no se limitan únicamente a persuadir a los legisladores de turno. El lobbysmo incluye actividades tan diversas como:

• Investigación y análisis de leyes y propuestas legislativas.
• Asistencia y análisis de las comparecencias en las cámaras.
• Divulgación de temas claves a funcionarios y dirigentes públicos.
• Realización de campañas informativas en medios.
• Actividades de influencia directa e indirecta sobre líderes de opinión.

Estamos pues ante un negocio legal, regulado y floreciente que mueve miles de millones de dólares al año:

 (Fuente: Open Secrets)

En los siguientes artículos, tal y como hicimos con las pensiones, trataremos de profundizar en el complejo universo de los lobbies en Estados Unidos. Al igual que entonces, podremos visualizar realidades y opciones, someterlas a examen crítico y evaluar su posible aplicación en nuestro país. Les anticipo que la historia del lobbysmo norteamericano es también la de la sempiterna dialéctica entre la libertad de ejercicio de los derechos individuales y el esfuerzo gubernamental por su regulación, bien sea para limitar dicho ejercicio o prevenir su abuso.

En efecto, tal y como se expresa en esta excelente “History of the Lobbying Disclosure Act”:

“El desarrollo del lobbysmo profesional ha conllevado una increíble (y potencialmente peligrosa) concentración de poder sobre el gobierno en una reducida élite de personas. Tal concentración de poder implica que resulta esencial para los legisladores y el público en general conocer quién paga a los lobbystas y cuánto se paga para persuadir a qué personas sobre qué temas en concreto. Los legisladores necesitan dicha información para evaluar adecuadamente las presiones políticas a las que están sometidos. Los ciudadanos la necesitan para evaluar la integridad de sus legisladores”.

Como en anteriores ocasiones, les animo a recorrer conmigo en Sintetia esta nueva senda de descubrimiento. Si al final de ella hemos conseguido aprender algo nuevo, la misión estará más que cumplida. Y si además acompañan mi camino con sus comentarios y aportaciones, la felicidad intelectual resultará insuperable.

Aquí les espero.