Se acaban de hacer públicos los datos de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en el año 2016. Las tendencias se confirman: el enfermo tiene poco futuro si continua así. Nuevo disgusto. Pese a que en valor absoluto la inversión en I+D en España crece en un escuálido 0,7%, el peso relativo de la I+D desciende del 1’22% del PIB al 1’19%. Valores lamentables para una economía que quiere competir con éxito en el mundo global. El PIB crece, pero lo hace en actividades poco intensivas en I+D.

Desde el inicio de la crisis, nuestra economía no deja de perder intensidad tecnológica. Hemos desperdiciado una década: los datos actuales de I+D son similares a los de 2006. Mientras, el mundo no nos espera.

Los líderes mundiales, Corea del Sur e Israel, se sitúan en el 4,2% de inversión en I+D/PIB. Los líderes europeos, Suiza, Austria y Suecia, superan el 3,2%. Alemania se acerca al 3%, como Estados Unidos. China, la gran superpotencia global emergente, ya supera el 2% (la media de la UE). Cada vez, más países, en menos tiempo, saltan hacia economías basadas en conocimiento.

Mientras, perdemos posiciones, sin que ello parezca preocuparnos demasiado. Hungría, Estonia, Irlanda o la República Checa nos avanzan. España, en su conjunto, sale de la crisis con una reducción del 12,6% de inversión pública en I+D, mientras que Alemania la ha aumentado un 35% desde 2009. Las empresas españolas invierten hoy en I+D un 5,8% menos que en 2009. Las británicas lo hacen un 62,4% más, y las alemanas un 34,6%. El número de empresas españolas que declara hacer I+D es hoy un alarmante 35% inferior al de antes de la crisis.

El informe COTEC 2017 anticipaba los últimos datos estadísticos. Su encabezamiento resumía las conclusiones: “lejos de Europa”. Cada vez más lejos, de Europa y de las economías avanzadas. Muy, muy lejos de Massachussets, de Finlandia o de Singapur. Sol, playa y paella: parece que esos son los indicadores de nuestro sistema competitivo, en lugar de inversión en I+D, manufacturing avanzado, sectores de alta tecnología, patentes o investigadores por millón de habitantes.

En España, el 52,5% de la inversión total en I+D la ejecutan empresas. Una proporción anormalmente baja (la media europea es del 65%, y en países de referencia, como Japón, esa cifra llega al 75%). Eso no significa que el sector público haga un esfuerzo proporcionalmente superior al de otros países (lo que parecería positivo a primera vista), atribuyendo el peso del déficit innovador a la baja inversión empresarial. Este es un mal diagnóstico. Lo que ocurre es que el esfuerzo público (en cualquier caso, muy por debajo del necesario) es, además, ineficiente: no es capaz de movilizar recursos privados en proyectos de interés empresarial. No existe efecto multiplicador porque no existen fondos de acoplamiento (“matching funds”) para proyectos público-privados de alto riesgo tecnológico.

Los escasos recursos públicos (los recortes acumulados en ciencia y tecnología desde antes de la crisis se acercan al 50%) se vierten en organismos públicos, quedándose cautivos en el subsistema público de innovación. Mientras, las empresas, especialmente las PYME, siguen invirtiendo en su núcleo de negocio, sin incentivos suficientes para abordar retos de mayor ambición investigadora. Con ello, se mantiene el endémico “fallo de mercado”: el mercado invierte de forma subóptima en I+D, pues percibe estas actividades como de retorno incierto. Hay que tomar conciencia de la realidad: nuestra intensidad tecnológica (medida en I+D/PIB) similar a la que tenía China en 2005 (¡nos llevan ya una década de ventaja!), a la de Singapur en 1995, o Corea del Sur en 1988. Pensemos en Cataluña —siempre con mejores indicadores que España—, que muestra las mismas dolencias pese a gozar de una capital con una marca internacionalmente reconocida, a tener una potente industria exportadora o un emergente despliegue de centros de excelencia científica, el sistema está incompleto y paralizado.

En palabras de la economista Mariana Mazzucato, «para ser como los líderes hay que hacer lo que hacen los líderes, no lo que dicen que hacen». Aunque no lo digan, los líderes apoyan de forma decidida la investigación de sus empresas, facilitando que salgan de su núcleo de negocio para abordar actividades de I+D. Basta pasar revista a la compra pública que reciben las empresas del Valley, para situarlas en la frontera de la tecnología. Basta analizar los presupuestos de innovación de países como Austria, Finlandia o Israel. ¿Queremos ser competitivos como ellos? Hagamos lo que han hecho ellos.

Es imprescindible poner en marcha programas públicos de apoyo financiero a la investigación industrial. Vemos lógico impulsar la investigación pública, y luego intentar “transferir” la tecnología a las empresas. ¿Por qué no apoyar directamente la I+D industrial, capaz de generar empleo de valor? Es urgente establecer programas de apoyo a la transformación digital, con especial atención a la adquisición de competencias en inteligencia artificial. Es necesario apoyar las start-up’s surgidas de entornos científicos, mediante circuitos financieros rápidos y de alto riesgo. Ineludible impulsar el cambio estratégico y tecnológico de nuestros clústeres, y desarrollar nuevos clústeres empresariales alrededor de centros de investigación. Y es crítico acelerar el crecimiento de los “campeones ocultos”, empresas familiares, exportadoras y con tecnología propia.

La innovación en un país no es como un fenómeno atmosférico, una variable incontrolable. Podemos acelerarla. Se precisa estrategia, estabilidad, y presupuesto: unos centenares de millones de euros. ¿No hay recursos? Si construir un país innovador es caro, probemos qué pasa con un país instalado en la precariedad.

NOTA: Una versión de este artículo se ha publicado en La Vanguardia.