Tras un año de recortes, subida de impuestos y reformas financieras, el presidente Rajoy se presentó en el Debate sobre el Estado de la Nación con una “segunda generación de reformas, que sean útiles para crecer y crear empleo”. Estas reformas tienen cinco objetivos fundamentales: (i) implementar medidas fiscales; (ii) mejorar la liquidez del tejido empresarial; (iii) potenciar la actividad emprendedora; (iv) apoyar la competitividad empresarial y el empleo y, (v) ampliar la Ley de Transparencia hacia todos aquellos agentes que reciben o gestionan fondos públicos, en especial los partidos políticos, las patronales y los sindicatos.

El presidente justificó su primer año como la única manera de evitar el desastre financiero de las cuentas del Estado; la famosa austeridad se convirtió en una profecía auto-cumplida: “escogimos una senda temporal de renuncias y estrecheces para evitar caer en un agujero de renuncias, de estrecheces y de desempleo permanente”, sentenció.

La diferencia entre la primera y la segunda generación de medidas está en el cambio de estrategia del gobierno: ahora el objetivo ya no está sólo en el ahorro, sino en dinamizar la actividad económica mediante un amplio paquete de actuaciones en materia de fiscalidad, financiación y empleo (juvenil, fundamentalmente). Aún no hay letra pequeña de muchas de las medidas anunciadas, pero ya podemos decir que existen indicios de que estamos llegando al principio del fin de la tan menoscabada “austeridad expansiva”. Por primer vez el foco del gobierno se ha colocado sobre los estímulos –que tratan de influir en las decisiones de empresas, inversores y consumidores-, y que no son incompatibles con la supresión de ineficiencias y el aumento de la productividad de cada euro público invertido.

Respecto a las medidas fiscales que entrarán en vigor en enero de 2014, la estrella de todos los anuncios es que habrá un “régimen fiscal especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido -IVA– que evitará que se tenga que ingresar [a la Agencia Tributaria] este impuesto, hasta que no se haya cobrado la factura correspondiente”. Ésta es una de las actuaciones más demandadas por los colectivos y asociaciones empresariales. El IVA es un impuesto al consumo y las empresas hacen de intermediarias para la Administración en la recaudación del mismo.

El problema surge cuando algunas de esas facturas emitidas con IVA no han sido cobradas por parte de las empresas. En ese momento, puede ocurrir, y ocurre, que sean las empresas quienes adelanten un dinero a la Administración que ellas mismas no han recibido. Esto significa que las debilitadas empresas que sufren la morosidad del país financian a la Administración en este duro momento. Pero para abordarlo, y sobre todo desde 2009, la Agencia Tributaria viene facilitando el pago aplazado del IVA a las empresas, y está funcionado de forma ágil y barata. El cambio propuesto en el criterio de liquidación del IVA se antoja difícil y la Administración Tributaria será restrictiva en su diseño, porque se requiere activar distintos mecanismos que eviten un potencial fraude. Donde parece será de gran utilidad es en su aplicación para las facturas con la Administración Pública, donde el control es mayor.

Con todo si en el proceso el gobierno es capaz de encontrar el equilibrio que permita aclimatar el pago del IVA a los períodos de cobro de las empresas, entonces la medida será un importante balón de oxígeno financiero a las empresas, complementario a los aplazamientos que se aplican en la actualidad.

El segundo pilar de las medidas fiscales tiene que ver con las deducciones fiscales para las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i). El gobierno “establece por primera vez un sistema de devolución en el crédito fiscal cuando este no haya podido compensarse”.

La fiscalidad es uno de los combustibles fundamentales para incentivar la inversión privada en nuevo conocimiento. Las empresas que más invierten en I+D+i también son aquellas con más probabilidad de exportar, con más productividad y con más facilidad para sortear periodos de crisis. Hasta ahora muchas de las empresas más intensivas en conocimiento, en sus primeros estadios, y que son los más complejos, no podían aplicar las ventajas fiscales que típicamente existen por realizar I+D+i. Fundamentalmente porque o no tenían beneficios contra los que compensar el crédito fiscal o porque las deducciones eran mayores que lo que tenían que ingresar en su Impuesto de Sociedades. Ahora mismo esto se solucionaba facilitando a la empresa un plazo temporal de varios años para poder usar ese “crédito fiscal” con los posibles beneficios futuros.

En cambio, sería una gran inyección de liquidez y un fuerte incentivo a la innovación que las empresas que inviertan en I+D+i, y acrediten una deducción fiscal por su actividad, pudieran obtener ese crédito fiscal y, con ello, obtener liquidez, en el mismo ejercicio (año) fiscal. Por primera vez las pequeñas empresas altamente innovadoras tendrán fuertes incentivos fiscales por ello, y dejará de ser una medida que beneficia tan sólo a las grandes empresas.

El tercer pilar son las medidas para “apoyar la liquidez de las empresas”. Rajoy anunció el objetivo de “movilizar recursos por casi 45.000 millones de euros para mejorar la situación financiera de las empresas”. Esta medida tendrá impacto si se inyectan 45.000 millones de nuevos euros, resaltando lo de “nuevos”. En cambio, si moviliza los mismos recursos pero bajo otra “etiqueta”, el impacto será neutro. Tras las inyecciones masivas de liquidez a la banca española desde el Gobierno y posteriormente desde Europa, existe dinero disponible en el sistema pero ¿en qué medida ese dinero (ya existente) se destina a las empresas y autónomos? Tratemos de responder a esta pregunta.

:: El grueso de esos 45.000 millones de euros anunciados lo componen 22.000 millones de las líneas del Instituto de Crédito Oficial -ICO-, ya habituales en los últimos años. Su impacto y utilización está siendo efectiva pero, en realidad y comparando con el año pasado, no existe un incremento sustancial, o al menos de suficiente calado como para amortiguar la sequía de crédito a la que se enfrenta la Pyme española. Las líneas de ICO no son la vía más adecuada para recuperar el crédito de manera estructural.

:: Unos 10.000 millones de euros movilizados lo serán por el propio sector bancario a través de un nuevo “Fondo de Financiación para Pymes”. A expensas de saber la composición de estos fondos y su distribución, este dinero tiene todas las papeletas para ser en realidad un re-etiquetado de un dinero ya existente. Sencillamente, cualquier actividad que hagan con Pymes, los bancos ahora la etiquetarán bajo este Fondo.

:: También se anunció casi 3.000 millones de euros para el Fondo de Proveedores, dinero que de nuevo incorpora financiación público – privada. Es decir, este Fondo está en parte capitalizado por los propios bancos, y que computan bajo la “etiqueta” de préstamos a la Pyme. En este caso, el beneficio está en la movilización o desbloqueo de estos fondos mediante el aval o garantía pública. Un banco no se atreve a conceder crédito a una Pyme directamente, pero sí se atreve a dárselo al Estado, que le garantice el recobro, y que sea él quien page las facturas que le debe a las empresas. La liquidez, por tanto, consiste en que las empresas cobren facturas pendientes, con las que a su vez, pagarán deudas (en la mayoría de los casos).

:: Sin la exigencia a los bancos de un “compromiso de reinversión”, para conseguir nueva financiación resulta necesario, precisamente, saltarnos a los bancos (hacer un bypass al sistema coronario-bancario) ¿Es posible esto? Sobre el papel, lo es. Para ello hay facilitar la financiación directa de las pequeñas y medianas empresas frente a los inversores (los mismos inversores que meten sus depósitos en el banco, por ejemplo). En este sentido, es una gran noticia que el Gobierno apueste por impulsar el Mercado Alternativo Bursátil –MAB-, que es una Bolsa al estilo IBEX pero para empresas pequeñas.

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado publicó parte de las medidas de empleo anunciadas por el Presidente, y que la Ministra las consideró como una “alfombra roja” a los emprendedores. Los varones de menos de 30 años o mujeres de menos de 35 años, y que decidieran emprender, pagarían cuotas reducidas de 50 euros en el régimen de autónomos de la Seguridad Social durante 6 meses. Habrá nuevos tipos de contratos y rebajas de hasta el 100% en las cotizaciones de la Seguridad Social para contratación de jóvenes, menores de 30 años y para su formación.

Mi escepticismo con esta medida es importante porque el riesgo de emprender un nuevo proyecto es tan elevado que 50 euros mensuales ni se aproxima al ingreso marginal que precisa un joven para decidir afrontar la inversión inicial que exige emprender un negocio. Por esta razón, y aunque está sin concretar, parece mucho más efectiva una propuesta de ley de “segunda oportunidad”, para facilitar que si un emprendedor fracasa,  sus deudas y su fracaso no le perseguirán de por vida. Y también es sumamente interesante poder compatibilizar, para los menores de 30 años, el cobro de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad emprendedora. Quizás la restricción está en la edad, ¿por qué los menores de 30 años, si el grueso del desempleo en España está entre personas de 30 a 45 años? 

En definitiva, el presidente del gobierno ha hablado de una segunda generación de reformas tras un año de mandato. Unas reformas que apuntan hacia una dirección adecuada. Algunas son, incluso, un aire fresco. Pero son insuficientes. Bien porque existen serias dudas de que tengan un impacto real significativo o bien porque son actuaciones muy pequeñas para abordar un problema muy complejo. La principal conclusión es que España necesita una segunda transición no una segunda generación de reformas. Necesita una transformación radical de su sistema educativo y laboral; una renovación en nuestro sistema de valores; un intachable -y transparente- funcionamiento de nuestras instituciones; y un sistema financiero que bombee oxígeno a las empresas de forma estructural y sin apoyos públicos. Esa segunda transición no sólo es cuestión del gobierno, sino de los ciudadanos, de las empresas, de los agentes sociales y empresariales. En definitiva, estamos ante los primeros pasos de un gobierno que está dispuesto a ofrecer algo más que recortes indiscriminados de gasto público y subida de impuestos, pero que aún no se atreve a liderar el verdadero plan de choque social, económico e institucional que tanto necesitamos.