¿Dónde estamos?

El pasado mes de junio iniciamos en Sintetia una serie sobre los lobbies en Estados Unidos, titulada “¡Que viene el lobby! Realidades, mentiras, mitos y leyendas del lobbysmo en USA”. En la primera entrada explicábamos como el lobbysmo se halla íntimamente ligado al desarrollo de las democracias anglosajonas y constituye un elemento fundamental de éstas. Nos adentrábamos poco después en la realidad particular de Estados Unidos, para comprobar como organizaciones empresariales y civiles, gobiernos, sindicatos, grupos medioambientales y de derechos humanos, agricultores, universidades, centros de investigación y think tanks gastan importantes sumas de dinero en lobbysmo para defender sus intereses, desmintiendo la falsa creencia de que los únicos que realizan lobby con intensidad son las grandes corporaciones industriales o financieras. Comentábamos finalmente que, como en toda actividad humana, no es oro todo lo que reluce. La frontera entre el lobbysmo y la corrupción política ha sido traspasada muchas veces en la historia, lo que ha obligado a ciudadanos y legisladores a ir perfeccionando el sistema.

En la presente entrega nos adentraremos en esta difusa y compleja zona fronteriza, con el objetivo de aprender algo para ese día (que veo todavía muy lejano) en el que decidamos por fin implantar un lobbysmo similar en España, y no ese remedo castizo tan propio de nuestros lares. Les animamos a participar en un posterior debate de ideas al respecto.

“Soy lobbysta”

No me cansaré de insistir: aquí el lobbysmo forma parte de la cultura del país. Basta con acercarse a Capitol Hill, asistir a  alguna conferencia, patearse pasillos y asomarse a despachos para darse cuenta de ello. Puedes decir con toda naturalidad “soy lobbysta” sin que tu interlocutor empiece a mirarte de forma rara, como si de repente tuvieras rabo y cuernos y fueras a robarle la cartera. Lo más seguro es que te pregunte con toda naturalidad para quién haces lobby y cuáles son tus contactos. Y eso está bien.

Además, cualquiera con la motivación y capacidades adecuadas puede ser lobbysta. En el artículo anterior describimos el caso de Michael Correia, conocido por su labor en pro de la legalización de la marihuana. Del mismo modo, hay multitud de lobbystas de muy diversas procedencias. La gran mayoría son universitarios con estudios especializados, y muchos de ellos han empezado su carrera en el mundo del lobby batiéndose el cobre en las oficinas de Capitol Hill o sus equivalentes estatales y municipales; esto es, allí donde están los contactos a influenciar.

Un lobbysta debe tener paciencia, don de gentes, capacidad de comunicación, conocimiento exhaustivo del complejo proceso legislativo estadounidense y del grupo de interés al que representa, pero sobre todo, necesita acceso directo a quienes legislan y deciden. Aunque el mejor aprendizaje se da en el teatro de operaciones burocrático, existen programas de formación especializados como los impartidos por la antigua Liga Americana de Lobbystas, recientemente rebautizada como Asociación de Profesionales en Relaciones Gubernamentales, AGRP en sus siglas inglesas. Les recomiendo que curioseen en su web para comprobar de primera mano el nivel de sofisticación alcanzado en la profesión.

Precisamente en la página de la AGRP encontramos la definición legal de lobbysta según la Lobbying Disclosure Act of 1995, enmendada y ampliada por la Honest Leadership and Open Government Act of 2007: una persona que efectúe dos o más “contactos de lobby” y dedique más del 20% de su tiempo a “actividades de lobby”. Se entienden como “contactos de lobby” las comunicaciones sobre legislación, política gubernamental, programas, contratos o nominaciones con funcionarios de poder ejecutivo o legislativo.

Cualquier empresa de lobby,  organización o compañía con empleados que se dediquen al lobby o lobbysta individual que trabaje para un cliente debe darse de alta en un registro público indicando:

• Nombre del lobbysta o lobbystas y, en su caso, puestos desempeñados en la función pública durante los últimos 20 años.
• Sectores del gobierno sobre los que se quiere hacer lobby.
• Asuntos y legislación sobre la que desarrollar la actividad.
• Dinero invertido en lobby.

Asimismo, es obligatorio proporcionar información sobre las contribuciones efectuadas a campañas políticas, incluyendo candidatos federales, comités de acción política (los famosos PAC), partidos políticos (a partir de 200 dólares), donaciones a la biblioteca presidencial y a los comités inaugurales de las presidencias (PIC).  Tal información, como se ha mencionado, es pública. Hay diversos modos de acceder a ella, pero yo les recomiendo Opensecrets.org, del “Center for Responsive Politics”. Quién nos diera tener en España un portal parecido, con tanta cantidad de información valiosa para el ciudadano. ¿Estamos en ello?

Líneas Rojas

Lo que pueden hacer y no hacer los lobbystas está recogido en las normas citadas anteriormente, que pretenden trazar unos límites claros a su actividad y alejarla de posibles corruptelas. Estas “líneas rojas” han sido transgredidas en el pasado con prácticas tales como contratar altos cargos políticos inmediatamente después de que abandonaran su puesto oficial, para así poder hacer lobby sobre sus antiguos compañeros, jefes o subordinados.  Con el fin de evitarlo, la “Honest Leadership and Open Government Act” introdujo restricciones temporales en la actividad lobbysta de senadores (2 años desde la finalización de su mandato) y congresistas u otros miembros electos (1 año).

Asimismo, la legislación tuvo que poner coto a lujosos dispendios en comidas, viajes y convenciones ofrecidos al personal “clave” cercano a políticos del ejecutivo o el legislativo, así como a los “regalos” ofrecidos a funcionarios objeto de lobby. Las normas al respecto establecen en la actualidad un límite de 10 dólares para los obsequios procedentes de lobbystas. Éstos tampoco pueden contactar a las esposas o familiares de los políticos a quienes pretenden influenciar. Los congresistas y senadores, finalmente, tienen prohibido participar en eventos de partido que hayan sido financiados por lobbystas.

En este sentido, merece la pena leer la excelente historia de la Lobbying Disclosure Act que les citaba en el primer artículo de la serie, donde se describe el continuo tira y afloja entre legisladores y lobbystas en la configuración de unas reglas del juego justas para ambos grupos. Una historia plagada de avances y retrocesos, de escándalos y pifias mayúsculas. Escándalos tan sonados como el del antaño todopoderoso lobbysta Jack Abramoff, protagonista del denominado “Indian Lobby Scandal” y condenado (junto con varios políticos y otros lobbystas) a prisión federal por fraude postal, conspiración para sobornar a funcionarios públicos y evasión fiscal. Como suele pasar en este país con los golfos mediáticos, al salir de la cárcel Abramoff escribió su autobiografía “Capitol Punishment: The Hard Truth about Washington Corruption from America’s Most Notorious Lobbyist”, que pese a su insufrible autobombo constituye un testimonio revelador sobre las relaciones entre lobbysmo y política.

Otros casos famosos de corrupción lobbysta fueron:

• El escándalo de la Pacific Raiload Bill, descubierto por el New York Times en 1857 y relacionado con el reparto de terrenos federales durante la construcción del ferrocarril.
• El caso Credit Mobilier, destapado por el New York Sun en 1872, también relacionado con el ferrocarril.
• Las denuncias publicadas por David Graham Phillips en su famosa serie de artículos de la revista Cosmopolitan (1906), titulada «Treason of the Senate«, acusando a destacados senadores de representar intereses espurios  en lugar de defender el interés público. La presión ciudadana desatada por dichos artículos condujo a la promulgación de la 17ª Enmienda, que estableció la elección de senadores mediante voto popular.
• En 1913, de nuevo un periódico, el New York World, expuso oscuras maniobras lobbystas de la Asociación Nacional de Manufactureros para ejercer influencia sobre aranceles. El caso provocó la dimisión de un congresista y un intento legislativo para el registro obligatorio de lobbystas, que el Senado rechazó.
• Un escándalo sobre aranceles similar al anterior y destapado por el mismo periódico puso en la picota en 1929 al entonces Senador de Connecticut Hiram Bingham (famoso por ser el descubridor del Machu Picchu).
• Investigaciones periodísiticas desvelaron también los casos de Bobby Baker (1962); Tongsun Park, denominado Koreagate (1976); los Keating Five (1990), Randy «Duke» Cunningham (2005), o más recientemente, el Walmart Bribery Scandal (2012), con implicaciones dentro y fuera del país.

Zonas Grises

Aunque la legislación sobre lobbysmo ha ido adaptándose con el tiempo, depurando inconsistencias e introduciendo nuevas regulaciones, sigue habiendo debilidades susceptibles de ser explotadas por personajes poco honestos.

En primer lugar, mientras que el acceso y la gestión de la información sobre actividad lobbysta han mejorado notablemente en los últimos años, el análisis, monitorización y adopción de medidas derivadas de omisiones, incumplimientos e irregularidades no han evolucionado en igual medida. No existe un único responsable de la supervisión y control en la materia, que corre a cargo de oficinas separadas (Secretary of the Senate y Office of The Clerk en Senado y Congreso, respectivamente). Ambos organismos disponen de medios limitados y no tienen autoridad para imponer sanciones, debiendo dirigir sus averiguaciones al Departamento de Justicia. Un ejemplo: en el primer semestre de 2014, la oficina del Congreso ha remitido información sobre 3.060 posibles irregularidades al Fiscal del Distrito de Columbia para su estudio. No obstante, resulta tremendamente llamativo que la gran mayoría de grandes casos de corrupción relacionados con el lobbysmo hayan sido desvelados, como se ha visto, no por organismos oficiales, sino gracias a investigaciones periodísticas. Un dato para hacernos pensar.

Por otra parte, siguen existiendo numerosas zonas grises donde la frontera ética se halla todavía poco definida. Las incesantes “puertas giratorias” entre el mundo público y privado; las conexiones familiares entre lobbystas y legisladores en activo; determinadas contribuciones económicas para actos cívicos y culturales, no directamente relacionados con una actividad política concreta, pero con capacidad de influencia sobre su responsable, etc… todo ello introduce nuevas presiones reguladoras en el sistema. Dichas presiones, traducidas en más requisitos de transparencia y limitaciones adicionales de actuación, han provocado un aparente estancamiento de la actividad lobbysta (de 12.433 lobbystas registrados en 2012 a 12.279 in 2013). Digo aparente porque un reciente informe estima que ese retroceso se debe más a un ocultamiento que a un verdadero parón: un número llamativo de lobbystas activos han dejado de registrarse como tales, aunque siguen desarrollando labores de influencia. Será interesante analizar esta tendencia en los próximos años.

¿Quo vadis?

Me permitirán ustedes una última reflexión. Como bien apunta David Boaz, vicepresidente del Instituto Cato y una de las voces más activas del liberalismo estadounidense (libertarian movement en terminología anglosajona), la aparición, crecimiento y auge del lobbyismo es consustancial al aumento de la dimensión y poderes del Estado y de su brazo ejecutor gubernamental. En este punto, resulta muy oportuno citar a Friedrich A. Hayek, quien en su magnífica (y profética) obra “Camino a la Servidumbre” escribía estas palabras (la traducción es mía):

“Mientras la potestad coercitiva del estado decida por sí sola quién debe tener qué, el único poder que merezca la pena conseguir será una cuota de participación en el ejercicio de dicha potestad”.

Por consiguiente, cuanto más poder y recursos económicos maneja un gobierno, mayores y más potentes recursos dedicará la sociedad para tratar de influenciarlo. Ello puede hacerse recurriendo al nepotismo o a la sempiterna corrupción, o por el contrario articulando sistemas tan eficaces como el veterano lobbysmo estadounidense, el cual, aunque imperfecto como cualquier actividad humana, permite canalizar de forma bastante satisfactoria los muy variados afanes de millones de ciudadanos, implicados a fondo (con su voluntad y dinero) en los asuntos públicos que les conciernen.

Al fin y al cabo, todo se reduce a una cuestión de madurez democrática, conciencia cívica, transparencia pública, voluntad de servicio y calidad institucional. Por desgracia, tales valores no se distribuyen homogéneamente en la agitada realidad político-económica global.

Un cordial saludo.

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Postdata: el concepto de «lobbysmo castizo» que se menciona en esta entrada pertenece a mi apreciada Lilian Fernández, y será posiblemente desarrollado en un posterior artículo a cuatro manos cuya confección promete ser compleja y apasionante.