Hoy 29 de septiembre hay huelga general. Yo estoy trabajando. Estaba a favor de una reforma laboral, aunque la aprobada dista mucho de la ideal. Los sindicatos denuncian que la reforma sólo abaratará el despido y el gobierno que mejora la empleabilidad. Hasta esta semana la reforma me parecía timorata pero en el buen camino, en los últimos días estoy comenzando a dudar. ¿Tendrán razón los sindicatos? Veamos.
El mercado laboral español está necesitado de una nueva estructura de negociación colectiva que permita una mejor adaptación de las empresas a las condiciones de mercado. Para ello se podría centralizar un convenio sectorial base a nivel nacional que internalizara en los debates de los agentes la relación salarios-empleo y que sirviera de cobertura para los convenios a nivel de empresa, que deberían asumir un total protagonismo en los acuerdos sobre las condiciones de trabajo. Sin duda, la reducida sensibilidad de los salarios a la productividad y sus altos crecimientos en los primeros años de la crisis están detrás del repunte extraordinario del desempleo. Junto a una negociación inflexible, teníamos una regulación laboral que permitía un mercado dual, con trabajadores con un coste de despido de 45 días por año trabajado y otros con una indemnización de entre 0 y 8 días. Si unimos la firme estructura de negociación con este menú de contratos, el resultado es un tercio de empleados con contratos temporales, lo que a su vez tiene un efecto directo sobre la elasticidad de los despidos al ciclo, de los temporales.
Por otra parte, el sistema de prestaciones por desempleo está diseñado como un método sustitutivo de rentas pero queda lejos de incentivar la búsqueda intensiva de empleo. De hecho, los ciudadanos perciben el sistema como un seguro de desempleo por el que cotizan, por lo que se sienten legitimados para agotar el periodo del subsidio. Una especie de “beca” por la que han cotizado previamente. Por este motivo y por la relativamente elevada tasa de reposición han conducido a que en torno al 90 por ciento de los desempleados encuentren trabajo “casualmente” en los últimos meses con “derecho a paro”. Esto no sólo afecta negativamente a las arcas del Estado (el seguro por desempleo viene a suponer un 3-4 por ciento del PIB), sino que mantiene a personas en el desempleo durante demasiado tiempo, reduciendo a su vez su capital humano. Este marco de incentivos junto a unas políticas activas de empleo que presentan una alarmante infra-dotación presupuestaria y las ratios vergonzosas de colocación de las agencias públicas de empleo, dejan al desempleado ante un elevado riesgo de cronificación.
¿Cuál podría ser una reforma razonable?
En primer lugar, revisar la estructura de la negociación colectiva primando los acuerdos a nivel de empresa. Además, debería haber un acuerdo marco sectorial-nacional al que se pudieran adherir las empresas sin representación sindical. Este diseño daría mayor flexibilidad y permitiría una mejor adecuación de los salarios a la productividad y, por lo tanto, una mejor adaptación al ciclo.
En segundo lugar, habría que revisar el menú de contratos, aminorando los incentivos a la contratación temporal (hasta ahora la única vía de flexibilidad) y probablemente reduciendo los costes totales del despido hasta niveles homogéneos con nuestros socios europeos. (Aquí se abriría otra reflexión sobre el elevado impuesto de la Seguridad Social sobre el empleo que afecta muy negativamente al trabajo. Con todo, este debate se escapa de este artículo aunque se podrían explorar otras vías para la financiación de la Seguridad Social sin deprimir el empleo).
En tercer lugar, se debería revisar el seguro por desempleo elevando aún más la tasa de reposición en los primeros meses pero perfilando una senda temporal muy decreciente para elevar los incentivos a la búsqueda de empleo. Por último, y quizá como un puntal clave de cualquier reforma, sería necesario desmonopolizar la agencia pública de empleo y centrar el grueso de los recursos financieros en las políticas activas de empleo que deberían dejar de usarse como mecanismo de financiación a los agentes sociales. Probablemente, el nuevo sistema podría ser más generoso, habida cuenta de la reducción de los costes medio de despido, pero debería centrar los esfuerzos en las políticas activas de empleo no en los subsidios.
Con este esquema de “reforma ideal”, ¿cómo valoramos las medidas aprobadas por el gobierno?
Siguiendo el esquema previo, la reforma no toca un ápice la negociación colectiva que queda pendiente de futuros acuerdos entre los agentes sociales cuya verosimilitud parece reducida. Para compensarlo facilita la capacidad de descuelgue de las empresas ante situaciones negativas si bien su posible implementación está pendiente de la futura jurisprudencia. Esta medida amplia marginalmente el grado de libertad de las empresas en crisis, pero en nada mejora la adaptabilidad general de las empresas ni la correlación salarios-productividad, necesaria en crisis pero aún más en la fase alcista.
En segundo lugar, el gobierno viene a reducir el coste del despido de los nuevos contratos indefinidos hasta 33 días por año trabajo y eleva el coste de los temporales marginalmente hasta los 15 para el año 2015. Sin embargo, la reforma amplia la posibilidad para acogerse al despido objetivo y permite reducirlo hasta 20 días para los indefinidos en las empresas que prevean una reducción de ingresos, no ya la entrada en pérdidas. Además, para los nuevos contratos indefinidos firmados en los próximos trimestres, de los 20 días, el Estado se haría cargo de 8, igualando el coste para las empresas con los contratos temporales “más caros” a día de hoy (12 días). De este modo, se reduce sensiblemente el coste promedio de despido y se comprime el diferencial del propio coste entre trabajadores temporales y fijos.
En tercer lugar, el gobierno no ha planteado ninguna reforma del sistema de desempleo de modo que los desincentivos a la búsqueda activa de empleo se mantienen y además no mejora los fondos ni el diseño de las políticas activas. Por último, la reforma permite la entrada de empresas privadas en la intermediación del mercado laboral lo que, sin duda, tendrá efectos positivos sobre el nivel de empleo.
Conclusiones
En mi opinión, la reforma falla en el diseño de una negociación colectiva que garantice la adaptación del tejido económico a los ciclos y no parece que ayude a conciliar productividad y salarios. La única excepción la tendríamos en las partes bajas del ciclo que abre una pequeña posibilidad de descolgarse de los acuerdos marcos. De este modo, se amplia la flexibilidad ante las malas noticias, pero no ante las buenas.
En segundo lugar, la reducción de los costes promedio de despido puede ser una buena noticia si viniera acompañado de una reforma de la prestación por desempleo y de las políticas activas. Bien es cierto, que reducir estos costes puede contribuir a salvaguardar el futuro de algunas compañías y, por lo tanto, ayudar a maximizar empleo “a lo largo del ciclo”, pero podría ser también una puerta de salida barata para empleados indefinidos en estos últimos meses de crisis que sin las reformas adicionales comentadas podrían estar a las puertas de un paro de muy larga duración.
Por último, la desmonopolización del antiguo INEM sería una buena noticia si realmente no viniera acompañada de reglamentos que intentaran acotar o comprimir la actividad de las empresas privadas. Ciertamente, resulta incomprensible el celo de algunos con la apertura a la competencia de este mercado en el cual el Estado debería ser garante de la igualdad de oportunidades y “financiador” de políticas activas de empleo y no tanto “registrador” de desempleados.
Pues bien, esta reforma falla en los asuntos centrales (negociación colectiva, sistema de desempleo y políticas activas) y se centra en ganar flexibilidad sólo ante las malas noticias (descuelgue de convenios y despido de 20 días por año trabajado), aunque también contribuye levemente a reducir la dualidad. Con todo, no parece la reforma necesaria a largo plazo. Aunque es cierto que las medidas que se avanzan están en la buena dirección, la reforma es incompleta y por lo tanto tiene el riesgo de ser útil exclusivamente para elevar la pro-ciclicidad del mercado justo en estos momentos de la crisis y en esto sí tienen razón los sindicatos.
Probablemente los sindicatos preferían una reforma distinta a la propuesta en este papel pero quizá también la reforma aprobada disguste a los sindicatos y a mí por los mismos efectos. Aún así, he decidido trabajar hoy y espero que mañana el gobierno se tome más en serio la reforma de la negociación y del sistema de prestaciones, así como el impulso de las políticas activas porque sólo con estas medidas adicionales, la flexibilidad ganada en los malos momentos con esta reforma se pueda compensar con creces con las ganancias de eficiencia y de equidad derivadas de las otras.
