Hace casi tres años escribí en esta casa “en manos de un desconocedor experto”, en el que analizaba el tremendo error de pontificar (y gestionar) aquello de lo que se desconoce casi todo. Trataba el tremendo error de pretender comprender el mercado sin comprender a los clientes, de pretender comprender a los trabajadores sin siquiera tratarles. Y comenzaba el texto ejemplarizando el “ecosistema de personas y organizaciones que actualmente vive del concepto de emprendimiento, con trabajo y actividades supuestamente positivos pero con efectos entre nulos y perniciosos”. Lo calificaba, copiando a Alfredo de Hoces, como una “economía de la cancamusa”. Aquel, por cierto, fue el germen de la serie #SmokeSellers (I y II), que llegaría dos años después.

En ese artículo apenas mencioné las entonces crecientes políticas públicas de apoyo al emprendimiento, en las que me quiero centrar hoy.

Las políticas públicas

De forma habitual, cuando las administraciones (en realidad los políticos al frente de las mismas) deciden potenciar una actividad o comportamiento, lo hacen mediante medidas de gasto, “facilitando”, no mediante una reforma interna, “eliminando dificultades” que ella misma genera o supone.

El motivo, probablemente, es doble. Por un lado salvaguardar el ámbito de actuación y trabajo de la propia administración, sus empleados y proveedores (pura public choice). Y por otro mantener cierto grado de control discrecional sobre la actividad productiva mediante el “incumplimiento selectivo de la ley”. Este último significa permitir a los afines cierto nivel de incumplimiento de la normativa y exigir a los demás un cumplimiento exhaustivo, utilizando por ejemplo el silencio administrativo (negativo en casi cualquier normativa específica y restringido el positivo mediante sentencias del tribunal supremo).

¿Recuerdan el ámbito de política pública no automático, mejor dotado de recursos, y que mayor volumen de corrupción ha contenido, además del inmobiliario, que las políticas de empleo?

El fracaso de las “políticas activas de empleo”

Dejando de lado los casos de corrupción política asociados al mercado de trabajo (casos ERE y EDU solos suman más de 3.000 millones de euros); dejando de lado el enorme coste de los servicios públicos de empleo para los pocos contratos que logran (14.000 euros de gasto por parado contratado), dejando de lado que los empleadores no confían ni en estos servicios ni en los efectos de la formación continua…

Dejando de lado que gastar hasta un 3% del PIB en políticas activas de empleo es inútil para compensar un mercado laboral extremadamente rígido, como nos demuestra Francia. Dejando de lado que nuestro sistema universitario es caro y poco orientado al mercado de trabajo.

Aun dejando todo eso de lado, en España las políticas activas de empleo no son algo menor. Llegaron a consumir casi 9.900 millones de euros en 2010, bajando hasta casi 6.500 millones de euros en 2012.

¿Cuál es el efecto en el empleo de ese ingente volumen de recursos? Pues en el conjunto de la OCDE, el impacto medio de las políticas activas de empleo sobre la probabilidad de empleo es positivo (sólo faltaría) con un valor máximo de 0,2 desviaciones típicas. Ese es el pobre efecto de miles de millones de euros gastados.

Destinatarios del impulso del emprendimiento

Hoy quería analizar con ustedes una de esas políticas activas de empleo, el fomento del emprendimiento, tomando como excusa un informe de la OCDE con el curioso nombre de “Los emprendedores faltantes” (The missing enterpreneurs).

En España, la Unión Europea, y a lo largo de la OCDE, las políticas de “impulso del emprendimiento” están muy principalmente dirigidas a mujeres, jóvenes y seniors. Estos destinatarios son elegidos, en resumen, porque presentan menores tasas de emprendimiento, mayores tasas de paro, y menor éxito emprendedor.

Especificaré más. Se priman las actuaciones hacia los grupos (y cito) “infrarrepresentados y desfavorecidos”: mujeres, jóvenes, personas mayores, inmigrantes y desempleados… Aduciendo que son los grupos entre los que el desempleo es mayor. Este enfoque implica el emprendimiento como una salida del desempleo, no como una forma de creación de valor. ¿Cuál es el resultado probable? Que los destinatarios de las políticas de emprendimiento son los más tendentes a generar proyectos unipersonales, de bajo valor añadido, y menos tendentes a prosperar a largo plazo.

Dicho de otra manera, se gasta dinero público (que no es que sea de nadie, sino que es de todos) a intentar que emprendan las personas menos tendentes a emprender y que, de paso, es menos probable que logren generar mediante ese emprendimiento actividades de creación de valor, que les permitan generar ingresos a largo plazo y, óptimamente, que generen empleos para otras personas.

Análisis de la rentabilidad del gasto incurrido

La evaluación del rendimiento de las políticas públicas, también las de “promoción del emprendimiento”, cuando se realiza, se centran en la eficacia y la eficiencia. Dicho de otra manera, esta evaluación se ocupa de comprobar si la política (el gasto) ha alcanzado a todos los destinatarios previstos y los recursos se han dedicado en su mayor parte a los destinatarios (y no a la gestión misma de la asignación de los recursos).

«Efficiency is far away from effectiveness» Mike Rowe

En mi opinión, esta evaluación es terriblemente pobre, por no decir interesada. Se centra en “lo que se ve”, y constituye un efecto deseado, y obvia “lo que no se ve”, y supone un efecto indeseado. No entraré ahora a analizar que, dado todo impuesto desincentiva la actividad, primero y ante todo habría que comprobar que la actividad que no se dará como consecuencia de los impuestos se ve o no compensada con la actividad que se incentive mediante el gasto.

La evaluación de una política pública de este tipo, debería incluir también el análisis de los pesos muertos (deadwight); el apoyo a un emprendedor que lo hubiera sido también sin recibir ayudas. Lejos de ser un tema menor, los pesos muertos son el elefante en la habitación de muchas políticas, como el apoyo a la I+D (las empresas deciden realizar actividades de I+D, y sólo después comprueban si pueden acogerse a algún tipo de ayuda). La mera existencia de empresas especializadas en tramitar y obtener subvenciones para sus clientes debería suponer una alerta suficiente como para realizar este análisis.

De nuevo en mi opinión, el análisis de los efectos de una política pública debería incluir el efecto expulsión / desplazamiento. A menudo, apoyar a un emprendedor rebajando sus costes de establecimiento supone dejar fuera del mercado a otro emprendedor con una estructura de costes no subvencionada.

Medidas de eficacia y aplicación plena

Decía más arriba que la promoción de una actividad desde las instancias públicas se realiza habitualmente mediante medidas de gasto, no mediante reformas que eliminen las dificultades que encuentran los ciudadanos para realizar esa actividad. Las políticas de emprendimiento, reitero, están dirigidas a los colectivos menos emprendedores, menos exitosos, quizá hasta menos adecuados. Y digo que quizá sean los menos adecuados porque tanto más rentables serán estas políticas, tanta más riqueza facilitarán que sea creada, cuanto más tendentes al éxito sean los destinatarios de esas políticas (“support the gifted”, pedía la filósofa). Parece que, quizá, mediante ellas se prime el combate contra la desigualdad frente a la rentabilidad de los recursos empleados.

Una vez más, el enfoque del impulso del emprendimiento, dedicado a crear nuevas estructuras y no a eliminar trabas al mismo, supone más coste y por lo tanto mayores impuestos, supone más rigideces y por lo tanto menos crecimiento, supone apoyar empresas de nueva creación, por tanto microempresas, en vez de permitir o facilitar el crecimiento de las preexistentes.

Del mismo modo que casi cada ley específica conculca el principio general del silencio administrativo positivo, sucede que casi cada normativa que contempla el “ecosistema emprendedor” desincentiva el emprendimiento o su red de apoyos.

Recordemos que el verdadero coste disuasorio a la actividad económica no es el coste de abrir una nueva empresa o una nueva ubicación (Doing Business), sino el coste de comenzar una actividad productiva. La normativa extenuante, coincidente, redundante (varios niveles administrativos regulan sobre el mismo asunto) e incluso contradictoria, los informes previos, las autorizaciones, licencias y permisos, los largos plazos de respuesta… y, cómo no, el silencio administrativo.

En mi opinión, merecería la pena que dejásemos de malgastar recursos en este tipo de políticas de fomento de alguna actividad y nos centrásemos en facilitar el empleo, quitando los obstáculos a su creación en la economía productiva para todos los actores económicos.

“El empleo es consecuencia del crecimiento económico, la competencia y la competitividad. No su causa.” SimónGRT