Manuel Illueca es Profesor de la Universitat Jaume I e Investigador Asociado del IVIE.
En las últimas semanas hemos conocido la existencia del REPO 105, un instrumento financiero con nombre de vehículo de gama media, que constituye el último escándalo contable producido por la factoría de Wall Street. Conectado a la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers, el caso REPO 105 ilustra a la perfección los conflictos de interés que afectan al ejercicio profesional de la auditoría de cuentas.
Antecedentes. A mediados del ejercicio 2007, los inversores financieros y las agencias de rating mostraban una preocupación creciente por el elevado nivel de endeudamiento de las entidades financieras norteamericanas. El consejo de administración de Lehman Brothers, encabezado por el CEO Richard S. Fuld, trasladó a todos los niveles de la organización la necesidad de reducir el nivel de apalancamiento del banco. En un contexto de desconfianza la emisión de acciones nuevas habría sido interpretada por los analistas como un síntoma de debilidad, por lo que Fuld planteó una estrategia de deleveraging, consistente en reducir el tamaño del balance mediante la liquidación de activos y la cancelación de deuda. Sin embargo, las limitaciones de este planteamiento empezaron a aflorar de inmediato. Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los bonos respaldados en hipotecas subprime habían perdido liquidez y era imposible venderlos sin asumir pérdidas importantes.
Los hechos. Por desgracia, siempre hay una solución contable sencilla para problemas económicos complejos. Y el caso de Lehman Brothers no fue una excepción. En los tres trimestres previos a la quiebra, Lehman decidió intensificar el uso de los REPO 105, un tipo específico de préstamo repo que no reconocía como deuda en su balance trimestral, sino que contabilizaba como una operación de venta de activos financieros. Con el cash flow derivado de la venta, el banco cancelaba deuda a corto plazo y publicaba un balance más saneado. Se estima que, mediante esta «política contable», el ratio de endeudamiento llegó a disminuir un 1,9%, variación muy superior al umbral de materialidad fijado en el 0.1% por los auditores externos de la entidad. Una vez cerrado el trimestre y publicado el balance trimestral, el banco se endeudaba de nuevo para adquirir los activos financieros que previamente había vendido, devolviendo el ratio de endeudamiento a sus niveles iniciales. Por el camino, Lehman había incurrido en una serie de gastos financieros no justificados por la dinámica habitual de las operaciones, sino por la necesidad de maquillar el balance.
La magia contable. En un préstamo repo el prestamista entrega dinero a cambio de recibir activos financieros como garantía. Al vencimiento del contrato, el prestatario devuelve el principal más los intereses devengados y recupera los activos financieros entregados previamente al prestamista. Esta operación puede interpretarse de dos formas: o bien como un préstamo ordinario con garantía, o bien como la concatenación de dos operaciones de compraventa, en las cuales el prestatario -en este caso Lehman Brothers- actúa primero como vendedor y después como comprador de activos financieros. La norma contable se inclina por la primera interpretación. Los préstamos repo deben contabilizarse como préstamos ordinarios, a no ser que la operación satisfaga dos condiciones: a) que el prestatario ceda al prestamista el control de los activos financieros y b) que los activos entregados queden fuera del alcance de los acreedores incluso en caso de quiebra del prestatario. Si se cumplen ambas condiciones, el prestatario no reconoce deuda alguna en el balance, sino que contabiliza una venta de activos financieros a cambio de tesorería. De este modo, la tesorería recibida en la operación puede utilizarse para cancelar deuda preexistente y reducir el ratio de endeudamiento.
Sobrecolateralización. Lehman Brothers diseñó el REPO 105 para contabilizar los préstamos como si fueran ventas de activos financieros al contado. A diferencia de un repo ordinario, Lehman entregaba como garantía activos cuyo valor superaba en un 5% al importe del préstamo. A efectos contables Lehman perdía el control de dichos activos porque el dinero recibido a cambio no era suficiente para adquirir activos de características similares durante el periodo de vigencia de la operación. Suponiendo un importe del préstamo igual a 100$, la operación quedaba registrada contablemente como una venta de activos por valor de 105$ a cambio de recibir tesorería por 100$ y un futuro sobre dichos activos valorado en 5$. La tesorería era utilizada para cancelar deuda por 100$ justo antes de finalizar el trimestre y, una semana después, Lehman ejercitaba el contrato de futuros para adquirir por 100$ la cartera de activos valorada en 105$. La adquisición de dichos activos obligaba a Lehman a endeudarse de nuevo por 100$, por lo que su nivel de endeudamiento volvía a los niveles anteriores a la operación de repo.
Arbitraje legal. Para cerrar el círculo, Lehman debía demostrar que los activos entregados al prestamista en el marco del REPO 105 quedaban fuera del alcance de los acreedores incluso en caso de quiebra de la entidad. Lógicamente, esta cuestión trascendía a las normas contables, adentrándose en el ámbito jurídico. De hecho, las propias normas americanas de auditoría establecen que, con respecto a esta cuestión, el papel del auditor debe limitarse a verificar la existencia de un dictamen jurídico favorable, emitido por una firma independiente de abogados. Lehman no pudo encontrar ninguna firma dispuesta a emitir un dictamen favorable basado en el ordenamiento jurídico norteamericano. Pero, sin embargo, sí fue capaz de encontrar cobertura legal en Londres, donde una firma local -Linklaters- emitió un informe favorable basado en las normas británicas. El gabinete jurídico accedió a que Lehman utilizara el dictamen para respaldar el tratamiento contable otorgado al REPO 105 ante los auditores externos, siempre y cuando el préstamo repo fuera ejecutado por una entidad dependiente de Lehman Brothers con domicilio social en el Reino Unido.
Consolidación. Y así fue como la filial británica (LBIE), se convirtió en el auténtico centro de operaciones de Lehman para el maquillaje de su ratio de endeudamiento. En ocasiones las operaciones se realizaban a iniciativa propia pero, en general, la propia matriz ordenaba la utilización de estos instrumentos financieros para captar recursos que, posteriormente, eran desviados a la sede central mediante repos ordinarios. Al ser una entidad dependiente, las cuentas anuales de LBIE se integraban en el balance consolidado de Lehman Brothers, siguiendo las normas de contabilidad norteamericanas. La ingeniería contable de la operación consistía en definitiva en deslocalizar la operación financiera fuera de los Estados Unidos para …. ¡aplicar la normativa contable de los Estados Unidos!
Mentiras. Es evidente que la única motivación de estas transacciones era maquillar el balance. Lehman las utilizaba fundamentalmente al cierre del trimestre y los propios empleados eran conscientes de que constituían un mecanismo de financiación más caro que, por ejemplo, los repos ordinarios. No en vano, el propio banco había impuesto límites a su utilización -que incumplía sistemáticamente- y en los últimos tiempos había tratado sin éxito de reducir su uso en un 50%. A pesar de ello, Lehman Brothers nunca reconoció en sus estados financieros la existencia de estas transacciones. Las cuentas anuales indicaban que los repos se contabilizaban únicamente como préstamos ordinarios, sin admitir que buena parte de los mismos habían sido contabilizados como ventas de activos financieros. En las reuniones con analistas los directivos de Lehman se felicitaban por la disminución del grado de endeudamiento de la entidad, sin informar de los efectos derivados de las políticas contables adoptadas. Es más, el Informe de Gestión no reconocía que el banco estaba obligado a recomprar en el trimestre siguiente una parte significativa de los activos financieros vendidos en el trimestre anterior. En definitiva, los estados financieros desvirtuaban la imagen fiel del patrimonio del banco.
Cooperadores necesarios. Esta operación habría sido imposible sin el consentimiento o la participación activa del equipo directivo. Es difícil alegar desconocimiento de unas transacciones mediante las cuales se llegaron a captar 50.000 millones de dólares en un único trimestre. El equipo directivo conocía la existencia de los REPO 105 y, por tanto, debió informar en la memoria acerca del tratamiento contable que se otorgaba a los mismos. Así lo entiende el juez instructor de la quiebra que admite cargos contra Fuld y tres directores financieros por negligencia profesional. El auditor externo, Ernst & Young, también conocía la existencia de los REPO 105. Había participado en su diseño unos cuantos años antes y algunos empleados del banco le habían trasladado dudas con respecto a la contabilidad de estas transacciones. El auditor no sólo toleró que el banco dejará de informar en la memoria acerca de los REPO 105, sino que ocultó al comité de auditoría su existencia. Por ello, el juez instructor de la quiebra también admite cargos contra el auditor por negligencia.
Implicaciones. Por primera vez desde que estalló la actual crisis financiera internacional ha aflorado un escándalo contable al uso, con implicación del auditor externo en la ocultación de información financiera relevante. Hasta la fecha, las agencias de calificación de riesgo habían acaparado todas las críticas por los errores cometidos al calificar los bonos respaldados en hipotecas subprime. De nuevo, el conflicto de intereses del auditor vuelve a escena, en un episodio que dará mucho que hablar en los próximos meses y cuyas consecuencias finales son impredecibles. El resultado del proceso judicial podría ser muy grave para Ernst & Young si el tribunal considera que, al negar información al comité de auditoría, el auditor externo impidió que el banco adoptara iniciativas para paliar la gravedad de la situación. Los costes legales para Ernst & Young podrían afectar dramáticamente a la entidad en su conjunto.
Pero más allá de las consecuencias concretas para el auditor externo, este escándalo contable vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de una reforma en profundidad del mercado de auditoría. Tras el escándalo Enron, el gobierno de los Estados Unidos introdujo un cambio radical en cuanto a la supervisión de los auditores. La auto-regulación de la profesión daba paso a la regulación pública de la auditoría a través de un organismo independiente de las empresas del sector (PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board). Tan sólo unos años después de la creación de este organismo, aflora un nuevo escándalo contable que inevitablemente siembra dudas con respecto a su efectividad como mecanismo para elevar los estándares de calidad del sector. A pesar de las mejoras en los mecanismos de supervisión, el auditor sigue sometido a un conflicto de intereses que condiciona su praxis profesional. En el contexto actual de reforma de los mercados financieros, podría haber llegado por fin la hora de regular seriamente el sector y plantear de una vez la necesidad de que el auditor sirva a los intereses de los usuarios de la información contable y no a los de las empresas que emiten las cuentas anuales.
