El Ministerio de Sanidad solo incluirá, dentro los servicios básicos que el sector público financiará, la reproducción asistida para “parejas integradas por un hombre y una mujer”. La intención del Ministerio ha causado un lógico malestar entre mujeres solteras y parejas de lesbianas, que se verán automáticamente excluidas de dicha prestación. Y, aunque es una decisión en la que los valores políticos parecen tener un peso fundamental, es una decisión también de economía política, en la medida en que se está decidiendo qué uso hacer del presupuesto público. Así que es pertinente preguntarse, ¿qué dice la teoría económica de la propuesta del ministerio dirigido por Ana Mato?

En primer lugar, la prestación pública de la reproducción asistida es una subvención pública. Ya existe un mercado para dicha necesidad y quien pueda pagárselo lo hará. La subvención de dicha prestación puede obedecer a dos motivos:

1. Porque se considera que existe un riesgo básico no asegurado: el no poder llegar a tener hijos. Esto requiere una pequeña explicación. Parte del papel del sector público consiste en ofrecer protección pública para los riesgos “no asegurables”. Por ejemplo, uno no puede asegurarse contra la posibilidad de que encarcelen a tu padre al poco de nacer o de sufrir maltrato infantil. Los niños nacidos en hogares desestructurados o con problemas suelen gozar de condiciones de vida muy inferiores, y existe el consenso de que todos estaríamos de acuerdo en asegurarnos ex-ante contra todos los posibles infortunios vitales fuera de nuestro control.

El Estado, en el caso de la reproducción asistida, funciona como un seguro ante la posibilidad de que tus circunstancias vitales te impidan tener descendencia. ¿Existen diferencias entre una “pareja integrada por un hombre y una mujer” pero con problemas de fertilidad y una “pareja de lesbianas”? Desde el punto de vista de nuestra normativa legal, en la cual la institución del matrimonio ampara a las parejas homosexuales, los derechos deberían ser idénticos. ¿O acaso debe pesar más la necesidad íntima de una mujer heterosexual con un marido infértil que la de una mujer homosexual? Discutiendo este tema con conocidos he escuchado el siguiente (y mi opinión desagradable) comentario: «Si una lesbiana quiere ser madre, ¿por qué no busca un hombre para ello?». Pero resulta que, si el argumento fuese pertinente, lo mismo se podría decir a la mujer que no puede tener hijos porque su pareja masculina no es fértil: que se busque otro hombre. ¿Aceptaría este argumento la sociedad?

2. Porque el nacimiento de un niño presenta una externalidad positiva. Gran parte de la intervención del Estado en muchos mercados se explica por la existencia de externalidades, es decir, por el hecho de que existan efectos externos negativos o positivos que los agentes no tienen en cuenta para tomar sus decisiones. Cada vez que uno enciende el aire acondicionado no pondera en su decisión el hecho de que va a causar una mayor contaminación atmosférica, y la solución más eficiente a dicho problema suele ser el tasar las actividades que contaminen con un impuesto específico. Por el contrario, las actividades cuyos beneficios puedan exceder a los agentes que la toman deberían ser subvencionadas para incentivar dicho comportamiento. Por ejemplo, el deporte aumenta la salud de las personas, haciéndolas incurrir en un menor gasto sanitario (para ser exactos, este ejemplo solo es correcto en un contexto de sanidad pública). Pues bien, ¿qué externalidad ofrece el nacimiento de un niño para la sociedad?

En circunstancias normales, podríamos pensar que ninguna: la concepción de un hijo es algo que atañe exclusivamente a sus progenitores. Pero existe un aspecto que aconseja el que se incentive el nacimiento de niños: el sistema público de pensiones. Nuestro sistema de reparto equivale, en cierto modo, a “socializar el cuidado de nuestros mayores”. Hasta hace un siglo el cuidado de nuestros ancianos corría a cargo de su propia familia. ¿Por qué pasaron los ancianos a ser cuidados por la sociedad en vez de por sus descendientes? Es probable que fuese debido a la naturaleza de seguro de la pensión: uno podía llegar a no tener descendencia, o ésta podía morir antes de llegar a la edad adulta, por lo que sería poco justo que, además de sufrir estos reveses vitales, los trabajadores hubiesen de sufrir penurias durante los últimos años de sus vidas, habiendo de trabajar hasta el día de su muerte o dependiendo de la caridad (no entramos aquí en el tema de las pensiones de capitalización, ya que la posibilidad de las mismas es posterior al nacimiento de los sistemas de pensiones en occidente; quizás hubiera sido buena idea adoptar un sistema mixto hace tiempo, pero ya no es una opción generalizable).

En cierto modo, cada hijo que tenemos supone una externalidad positiva para la sociedad ya que, cuando sea adulto, cotizará al sistema público de pensiones y ayudará al resto de la sociedad a mantener el sistema. Algunos países recogen incluso esta realidad en su diseño del sistema; por ejemplo, Francia facilita a las mujeres el acceso a la pensión en función del número de hijos.

Todo esto nos lleva de vuelta a la propuesta del Ministerio de Sanidad. ¿Tiene sentido discriminar a las madres solteras o parejas lesbianas que quieran tener descendencia? Esta es una de esas preguntas que escapan casi completamente a un análisis técnico y cuya respuesta depende de nuestros valores personales. Mi opinión personal es que no debería discriminarse a ningún colectivo en un asunto tan básico y fundamental en la vida de cualquier ser humano, aunque mi opinión en este asunto es, por supuesto, irrelevante (o, más concretamente, mi opinión y valores importan lo mismo que la de los otros 35 millones de electores).

Pero si hubiese algún resquicio por el cual la decisión hubiera de depender de criterios técnicos o económicos, la discriminación de parejas lesbianas iría en contra de dichos argumentos, ya que las lesbianas tienen un mayor nivel educativo y una renta media más alta que las mujeres heterosexuales. Además, la literatura sobre los efectos sobre la felicidad de los niños criados en parejas homosexuales dice que los resultados de felicidad y desarrollo son similares en este tipo de hogares a pesar de la posible discriminación que la sociedad pueda ejercer sobre ellos. El mayor estatus socioeconómico de las parejas homosexuales no implica una relación entre sexualidad y capacidad, por supuesto: se trata de un sesgo de autoselección, ya que los homosexuales con estudios superiores y que viven en un ambiente tolerante son más proclives a expresar su opción y contraer matrimonio.

Es decir, de haber algún argumento para discriminar a favor o en contra de dicho tipo de parejas sería para hacerlo a favor, ya que sus hijos vivirían en familias de estatus socioeconómico más alto, lo cual está asociado a la probabilidad de cursar estudios superiores, disfrutar de una renta más alta… y contribuir al sostenimiento del sistema de pensiones. Los argumentos económicos (y al fin y al cabo se trata de una decisión de gasto público) parecen indicar que la decisión del Ministerio responde a motivos ideológicos, y no técnicos.