Un problema habitual en las relaciones comerciales con una cierta duración temporal es la existencia de personas que hacen un presupuesto a la baja y que, tras comenzar la prestación del servicio (por ejemplo, tras desmantelar tu cocina) se da cuenta «de repente» de algún tipo de contratiempo impredecible que aumenta el coste de la obra un 25%. Dados los perjuicios que ocasionaría el retraso y las dificultades y costes de resarcirte en los tribunales, es posible que cedas a aceptar ese cambio.
Este problema es grave entre particulares, aunque existen mecanismos para tratar de reducir su efecto. Además pedir de un presupuesto, solemos preguntar a conocidos y familiares por personas que contrataron en el pasado y como les fue con ellos. En ese sentido, la reputación pasa a ser un valor a la hora de decidir contratar a una persona. El problema de la reputación es la dificultad para medirla adecuadamente, además de hacerte hace renunciar a contratar a posibles personas honradas y con precios bajos de las que no tienes referencia.
El problema en las administraciones públicas
Esta dificultad se agrava en el caso de las administraciones públicas, en las que los métodos subjetivos de contratación no pueden aplicarse legalmente. Para reducir el problema, en muchos concursos se exigen características como experiencia demostrada en el sector. Sin embargo eso no soluciona el problema de fondo: si alguien con mucha experiencia en el pasado plantea un problema del tipo «ha surgido un imponderable, el precio se incrementa en el 25%», no se le puede penalizar por algo que en su momento fue necesariamente conforme a derecho. Además, asunto también muy grave, estas limitaciones disminuyen la competencia efectiva en el sector e incrementan de hecho los precios.
El resultado es un problema de selección adversa en la normas de contratos de las administraciones públicas. Los ganadores serán en muchos casos aquellos con pujas más agresivas pero no sostenibles económicamente, ya sean pujas en coste o en características del trabajo a realizar. Ello expulsa a los contratistas honestos de la obra y convierte el negocio de contratos públicos en un campo ideal para que los más agresivos logren posteriores modificados del contrato.
Un ejemplo muy de moda estos días son las concesiones de autopistas. En estas concesiones se puja, entre otras cosas, por el precio por usuario, teniendo más probabilidades de ganar quien lo haga en menor cuantía. Dado que las concesiones se deben establecer ex ante en equilibrio económico y financiero, el concesionario que puje más a la baja debe prever un mayor tráfico para lograrlo. En principio hasta aquí todo normal, el concesionario actúa a su propio riesgo y ventura, asumiendo las pérdidas si se equivoca en los tráficos.
Sin embargo, la ley de contratos establece que, en caso de quiebra del concesionario, se debe rescatar la concesión pagando el coste de la construcción de la autopista menos lo amortizado por el paso del tiempo. Esta cláusula cambia abruptamente el negocio al establecer una opción de venta para el concesionario, que si hace bien los cálculos puede conseguir que: «si va bien gano, si va regular empato y si va mal paga la administración».
Para lograrlo tiene que darse cuenta que tiene una opción de venta sobre ese negocio y como propietario se beneficia que su precio de ejercicio sea lo más alto posible. El momento del ejercicio viene determinado por la quiebra y para aumentar dicho precio le basta con apalancar financieramente la empresa concesionaria lo máximo posible, de manera que si los tráficos son bajos solo pierde un poco de capital y el banco que le ha financiado no pierde nada al resarcirse con el rescate de la concesión.
Este mecanismo legal es perfecto para aquellos que quieren ganar con poco esfuerzo y riesgo. Si se ponen unos tráficos desproporcionados y casi no se aporta capital propio, has conseguido quedarte con la parte positiva de las ganancias y reducir la parte negativa. A la administración le queda el gran riesgo, que en momentos de crisis económica en que los tráficos se reducen y la recaudación tributaria también, tenga que rescatar la concesión.
Una solución al problema de selección adversa
¿Cómo puede solucionar este problema la administración que va a conceder en el futuro concesiones? Recordando que hay un problema de selección adversa: algunos concursantes son unos pillos y están dispuestos a hacer previsiones irreales de tráfico… y haciendo que la gente «ponga el dinero donde pone la boca». Así, el nivel de capital exigido para la empresa concesionaria debería crecer en la cuantía del valor actualizado de los precios ofertados por la diferencia entre los tráficos previstos por la concesionaria y los previstos por la administración.
Aquí hemos pillado a los tramposos. Decir que algo va ir muy bien es algo sencillo pero apostar tu dinero por ello es algo distinto: hemos creado un mecanismo de señalización que puede evitar estos problemas.
El argumento que se suele encontrar contra esta alternativa es que este mecanismo encarece la financiación de la concesión y por lo tanto el precio. Dos puntos:
- Encarece la concesión en el momento del concurso ya que has eliminado a los tramposos que dan un precio falso. Dado que ese precio falto puede terminar generando mayores costes para la administración, en realidad se puede decir que lo barato cuesta caro.
No hay que creer que se cumple estrictamente el Teorema de Modigliani y Miller para darse cuenta que un mayor nivel de capital reduce el coste de la financiación bancaria. En todo caso, dada la opción de venta de la que disfrutan hoy el banco y el concesionario los efectos sobre el tipo de interés bancario no tiene porque ser muy grandes.
Así, que dado que la Ley de contratos crea una opción de venta en estas concesiones las administraciones deberían jugar a bajar su precio de ejercicio exigiendo a aquellos que parecen más temerarios un mayor nivel de capital. Que alguien parezca temerario no quiere decir que lo sea y gracias a este mecanismo de señalización conseguiremos distinguirlos y evitar a los tramposos.
