Hace dos semanas, un artículo titulado “Posibles soluciones al crecimiento de España (II): el corto plazo” dio lugar a una discusión con algunos lectores, tanto en los comentarios como en Twitter, sobre la idoneidad de la desgravación por vivienda o del gravamen del IBI. Concretamente, un comentario en Twitter argumentaba: “¿El IBI os parece justo? ¿Y por qué no un impuesto de tenencia de joyas, ropa o de televisores de plasma? Es pagar por algo ya pagado”.

La respuesta rápida a esta pregunta, y creo que la teoría económica sobre imposición me respalda, es que, tal y como entendemos la justicia impositiva, ésta no se preocupa por número de veces que se paga por un hecho y que, en el caso de dichos bienes (TVs, joyas), lo que desaconseja su gravamen es la eficiencia. La respuesta rápida puede resultar un poco densa, así que expliquémoslo.

¿Es injusto tributar por algo que ya se ha tributado? No, en absoluto. Incluso dejando de lado la corrección de externalidades como la contaminación, nuestro sistema grava varias veces algunas figuras impositivas. Las rentas del trabajo, sin ir más lejos, llevan dos gravámenes distintos en origen, IRPF y Cotización a la Seguridad Social, y más tarde dicha renta vuelve a tributar tanto si se consume (IVA) como si se ahorra (Sociedades, variación patrimonial en el IRPF, etc). Los beneficios se gravan en el impuesto de sociedades y más tarde al pasar al IRPF, ya que la deducción por doble imposición no corrige completamente esto. Por otra parte, algunos productos pagan un IVA del 4%, otros el 8% y otros el 16% sin externalidades de por medio.

La clave aquí no se encuentra en cuantas veces se tributa por un hecho ni la naturaleza del hecho. El mero hecho de que un tercero, el Estado, se interponga en un acuerdo entre una persona y su peluquero constituye una injusticia. Toleramos esta injusticia porque somos consecuencialistas en lo moral: aceptamos un medio injusto para conseguir un fin social deseable. Es decir, hemos acordado social y culturalmente que queremos una gran “compañía de seguros con un ejército” que vele por aquellos riesgos vitales difíciles o imposibles de asegurar en el ámbito privado (nacer en una familia muy pobre, nacer con limitaciones físicas o intelectuales, accidentes fuera del trabajo, la posibilidad de alcanzar a vivir 110 años sin haber tenido descendencia que se ocupe de nosotros, etc.). Y hemos de financiar dicha compañía mediante la aportación involuntaria de los miembros de la sociedad.

Las dos grandes consideraciones a la hora de financiar esta compañía de seguros que es el Estado son:

• La eficiencia: alterar lo menos posible el equilibrio que se habría producido en ausencia de tributos. Si los ciudadanos consumen un 50% de Coca-Cola y un 50% de Pepsi, un impuesto mayor a Coca-Cola solo conseguiría un trasvase de consumidores de una a otra, una desviación respecto al equilibrio que los consumidores habían elegido y tendría poco efecto sobre la recaudación.

• La equidad: que cada cual aporte conforme a su riqueza y capacidad de pago: los 9.000 euros que cuesta el Estado por cada habitante de España no suponen lo mismo para un niño de 5 años, para un dependiente de unos grandes almacenes y para Emilio Botín. Como el niño va a ser incapaz de poner su parte, alguien tendrá que poner el doble, y la sociedad ha acordado que no va a ser su padre quien lo haga (¿se imaginan qué sucedería si una familia con tres niños hubiera de tributar 27.000 euros anuales por los mismos?)

Y es en este sentido en el que hemos de analizar cuales son las figuras tributarias más justas y eficientes para financiar esos 9.000 euros de gasto del Estado por cada ciudadano. Ambos principios van de la mano, y por sí solos no tienen ningún valor. Por ejemplo, habrá quien vea justo gravar el patrimonio de las mayores fortunas del país con un 5% anual sin posibilidad alguna de deducción (las “escapatorias” clásicas de este impuesto), puesto que su calidad de vida no se resentiría, pero ello es irrelevante por ineficiente: ante un gravamen anual de tal magnitud, la amplia mayoría de fortunas cambiaría su residencia a otros países y el Estado dejaría además de percibir por IRPF. Y de poco vale considerar una medida eficiente como el Poll Tax (impuesto incondicional e igual para todos los ciudadanos), pues el ciudadano mediano la percibirá, con razón, tremendamente injusta.

¿Sería equitativo un fuerte impuesto adicional sobre las TV de plasma o las joyas? Probablemente. ¿Sería eficiente? No, sería un desastre. Aumentarían las joyas de contrabando o los viajes a Londres o Nueva York para comprar las mismas. Las joyas de verdad se intentarían hacer pasar por bisutería y serían necesarias brigadas especiales antifraude para perseguir la evasión. Se comprarían TVs de LCD, y cuando se gravasen también las de LCD la gente volvería a realizar aquellos setenteros viajes de compras a Andorra, Gibraltar o Portugal. Si el impuesto fuese cuantioso, se venderían muchos menos televisores y joyas que anteriormente, y la recaudación total podría hasta caer.

Todos esos motivos son los que desaconsejan dicho impuesto: a pesar de que no tendría por qué ser injusto, pues las personas de renta alta suelen tener más joyas que las de renta baja, su oferta es muy elástica, pues puede reaccionar con facilidad a cualquier gravamen. Si el impuesto de patrimonio tenía cientos de “escapatorias” no era porque percibiésemos injusto que los ricos pagasen de nuevo, sino porque un gravamen del 2% anual habría causado una enorme fuga de capitales, con un efecto neto negativo.

¿Qué hace al IBI y a la vivienda diferente? No hay duda en cuanto a la equidad: los que tienen mayor capacidad de pago suelen tener más patrimonio inmobiliario y viviendas con más metros cuadrados. Pero la clave en el caso de la vivienda está en su absoluta inelasticidad: la cantidad de terreno urbano está dado y solo varía con las recalificaciones (y también construyendo más alturas sobre casas antiguas). Y, lo más importante, ni se puede sacar del país y ni siquiera ocultar, pues está inventariada en nuestro Catastro.

Un experimento numérico

Un sencillo experimento numérico puede ayudar a comprender la eficiencia de dicho impuesto. Ojo, esto que viene a continuación no es una propuesta de política económica, es sólo un juego numérico para comprender los efectos de un mayor gravamen de la vivienda. Las cifras que voy a manejar son aproximadas porque sólo me interesa el orden de magnitud, no la exactitud.

El sueldo mediano en España ronda los 19.000 euros brutos anuales, unos 1.580 euros brutos mensuales en 12 pagas. El salario mediano es aquel que está en el centro de la distribución, es decir, la mitad de los españoles ganan menos y la otra mitad más. El sueldo medio es superior (casi 1.900 euros mensuales) porque la distribución de salarios está truncada por abajo en un valor mínimo pero por arriba no tiene casi límite. El salario mediano paga un IRPF medio de un 13,5%, y una cuota a la Seguridad Social que ronda el 36%. El coste total del dicho salario son unos 2.060 euros mensuales mientras el trabajador recibe netos unos 1.270, es decir, la imposición total sobre el trabajo para un salario mediano son unos 790 euros mensuales.

Por otra parte, en España hay censadas ya más de 21 millones de viviendas, pero existen unos 3,5 millones de viviendas vacías, lo cual nos deja un parque de 17,5 millones de viviendas ocupadas.  Curiosamente, existen también unos 17,5 millones de ocupados, así que para nuestro experimento numérico podríamos decir que, aproximadamente, en España hay una vivienda ocupada por cada trabajador.

Imaginemos ahora qué sucedería si cambiásemos de la noche a la mañana todos los impuestos que gravan el trabajo (esos 790 euros mensuales en la mediana) por un impuesto mensual sobre cada vivienda de exactamente 790 euros. Ojo, no se trataría de gravar todas las viviendas por igual, sino mediante un sistema proporcional a la renta media del municipio y a los metros cuadrados que intentase replicar la dispersión de los salarios.

Por un lado, el precio de la vivienda se hundiría (¡en muchos casos hasta cero!), hasta el punto de que supondría casi una expropiación… pero las viviendas seguirían ahí prestando sus servicios, no se reducirían (por eso decimos que la oferta es muy inelástica). Por otra parte, lo que los trabajadores perderían con el nuevo gravamen se lo ahorrarían con la desaparición de sus impuestos al trabajo. Han de pagar 790 euros de IBI mensual, pero dejan de pagar IRPF y SS por su salario. Y la clave está en que, al contrario que la vivienda, la oferta de trabajo sí que es elástica y responde a la imposición. El abaratamiento de la imposición haría que el valor del trabajo… ¡fuese un 62,5% mayor! Así, un sueldo de 800 euros netos pasaría a ser de 1.300 euros, y uno de 1.600 sería de 2.600. El número de trabajadores en España aumentaría, y con ellos aumentaría a su vez el consumo y los ingresos por IVA… aunque también es cierto que habría personas que volverían a vivir con sus padres [Aclaración metodológica: estoy olvidando por simplicidad el papel de la elasticidad de la demanda; en realidad los sueldos no aumentarían todo ese 62,5%, ya que la demanda de trabajo no es inelástica: parte de las ganancias irían, en vez de a los salarios, al rendimiento del capital no inmobiliario].

Este ejemplo extremo ilustra las ventajas de gravar la vivienda: mientras la equidad del sistema se respete, un aumento del gravamen sobre un activo inelástico acompañado de un descenso del gravamen del trabajo, que sí es elástico, no disminuiría la oferta a corto plazo de vivienda y aumentaría enormemente la oferta de trabajo.

¿Y qué hay de la retroactividad? Es cierto que, como norma general, introducir propuestas con retroactividad no es buena idea, pues alimenta la incertidumbre en el sistema al indicar a los agentes que los cambios normativos a posteriori son posibles. No obstante, tampoco hemos de hacer de la retroactividad un tótem sagrado en una situación como la actual. Al fin y al cabo, España está modificando su estructura fiscal, y una subida del IRPF también tiene una cierta retroactividad, puesto que  grava decisiones de formación y de riesgo ya asumidas. Las decisiones que se han de tomar para salir de la actual situación tienen todas un componente de retroactividad.

Conclusiones

España tiene a su disposición una figura fiscal muy equitativa y tremendamente eficiente. En la actualidad, la vivienda se beneficia actualmente de una absurda subvención estatal y de un gravamen muy reducido a través del cual se financian solo en parte los ayuntamientos. Aprovechar esta opción nos permitiría reducir la imposición sobre el trabajo, lo cual crearía empleo y aumentaría la base imponible de otros impuestos, así como la competitividad exterior de nuestras empresas; las exportaciones subirían y se reduciría nuestro endeudamiento neto.

La medida no estaría exenta de problemas, eso sí, porque una subida fuerte en la imposición de la vivienda llevaría a una bajada adicional del precio de la misma; en circunstancias normales, esta pérdida se repartiría entre todos los poseedores de vivienda, pero el problema en estos momentos es que estamos buscando la mejor forma de recapitalizar el sistema financiero, y una depreciación adicional sería una nueva losa sobre las entidades. Aunque, pensándolo bien, si la recapitalización del sistema financiero vendrá finalmente de Europa…