El curso político arranca con la recurrente incertidumbre que rodea a nuestro país: ¿qué perspectivas de futuro tiene nuestra economía? Durante el verano se han ido conociendo una serie de indicadores que apuntan a una mejoría leve de la situación y que sintetizan los retos a los que se enfrenta España. El 29 de julio salían a la luz los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2013. Aunque desde el Gobierno se ha trasmitido que “la recesión ha quedado atrás”, el optimismo debería ser moderado: la destrucción de empleo parece haberse frenado, pero hoy en España trabajan 633.000 personas menos que hace un año. La situación es más estable, pero el daño del último año tardará en repararse y se añade a lo ya desde el inicio de la crisis.

España tiene ante sí un reto fundamental: la creación de empleo en un entorno en el que algunas de sus actividades tradicionales se han evaporado. El sector de la construcción ha destruido el 65% del empleo durante esta crisis, pero también el sector de la industria ha sufrido un severo ajuste, al experimentar un pérdida de uno de cada tres desde 2008. Gran parte del colectivo de desempleados lo componen personas con escasa formación, y menos del 20% se está formando mientras está en paro.

Las prestaciones por desempleo consumen alrededor del 3% del PIB de España, el equivalente a un 9% de los ingresos públicos, máximos históricos que lastran la posibilidad de reducir el déficit público. Pero hay una nota positiva: en julio el gasto en prestaciones de desempleo fue un 5% inferior al del año anterior. No obstante, y dada la destrucción neta de empleo del último año, ello implica que existe un colectivo enorme de personas que han dejado de cobrar su prestación y que la incorporación de solicitudes nuevas suponen prestaciones inferiores. Por ello, la reducción del gasto en prestaciones de desempleo tiene una doble lectura, ya que parte de la reducción se debe a la extinción de la prestación de parados de larga duración, para los cuales el drama aumentará sin que se divise una solución en el horizonte a su problema.

¿Encontrará España un sector o sectores que tiren de la demanda de empleo poco cualificado y absorba gran parte de la bolsa estructural de paro? Trabajar en esta pregunta es clave y el verano, con los indicadores coyunturales, tiende a alimentar esta esperanza poniendo el foco en el turismo. A finales de agosto supimos que este verano fue uno de los mejores desde 1995 respecto a turismo. Hasta julio, más de 26 millones de turistas extranjeros han visitado España, con un crecimiento del 4,2% respecto al año anterior y con un gasto por turista que también crece con fuerza. Por el contrario, los españoles viajan y gastan un 7% menos que hace un año. Una metáfora del ajuste que la economía española lleva experimentando varios años: reducción del gasto interno y el sector exterior como única perspectiva de futuro.

Otro dato estrella del verano tiene que ver con nuestras relaciones económicas con el exterior. El 30 agosto, el Banco de España publicaba un dato esperanzador: “la economía española registró un superávit por cuenta corriente de 2.567,4 millones de euros, frente a un déficit de 980,5 millones de euros en el mismo período del año anterior”. La balanza por cuenta corriente de España, compuesta principalmente por el saldo neto de las exportaciones menos las importaciones, arrojaba así su primer semestre positivo tras muchos años de déficit. Nuestro economía ha completado un monumental ajuste del gasto, desde el déficit del 10% de 2007 hasta el superávit actual.

En otras palabras, la deuda externa de España ha comenzado por fin a reducirse debido al ajuste realizado por familias y empresas, que han reducido su gasto en casi 15 puntos del PIB desde el inicio de la crisis. Como muestra, España ha exportado en julio 1.357 millones de euros más de lo que ha importado, un superávit muy importante si se tiene en cuenta que el año anterior el déficit fue superior a 16.000 millones de euros.

Algo se mueve, por tanto, en la capacidad de competir de las empresas españolas. Pero no debemos olvidar que las importaciones dependen directamente de la renta de los españoles, y la caída de dicha capacidad de compra explica parte de dicha drástica corrección.

Para controlar el déficit público, algo que preocupa a todos los analistas y socios europeos, sigue existiendo un reto realmente importante, la recaudación. Aún con las subidas impositivas, los ingresos públicos por los impuestos siguen reduciéndose. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, que hacen referencia al mes de julio, indican que las administraciones públicas están recaudando menos en IRPF (el cual depende de la renta de los españoles), en Impuesto de Sociedades (que depende del beneficio de las empresas) y sólo se ha mejorado en el IVA (que depende del consumo pero que ha sufrido un incremento importante y generalizado tras el fuerte aumento de septiembre de 2012).

España constituye en estos momentos una paradoja fiscal: a pesar de tener tipos impositivos altos, es el país que menos % del PIB recauda de toda la Eurozona. Es difícil saber si el problema se encuentra más en un diseño deficiente del sistema impositivo o en una evasión de impuestos generalizada, pero lo cierto es que España tiene un nivel de ingresos fiscales excesivamente bajo, con el cual es incapaz de mantener un nivel de servicios públicos acorde al de vecinos similares como Italia.

Y otro aspecto relevante del verano ha sido la publicación de uno de los índices de referencia para medir el nivel de excelencia de universidades y de la ciencia, el Academic Ranking of World Universities, más conocido como “Ranking de Shanghai”. El titular ha sido claro: como cada año, ninguna universidad española está entre las 200 mejores del mundo. Sí es cierto que existen ciertas áreas de conocimiento donde algunas de nuestras se hecho un hueco en los primeros 200 puestos de dicha clasificación. Pero el declive de la ciencia en España puede revertir la mejoría que se había logrado durante muchos años en dichas áreas. La realidad actual consiste en una fuga de académicos a todos los niveles, desde investigadores en posiciones post-doctorales hasta investigadores consolidados con cátedra en universidades de nuestro país. Y no es ningún secreto que, como es lógico, los que se van son los más preparados y con un currículo investigador más brillante o prometedor.

La falta de recursos y de atención especial a la ciencia en España están dando al traste con largas décadas de mejora de la gobernanza y la selección en muchas universidades. Ante la inexistencia de buenas retribuciones, España había atraído investigadores ofreciendo estabilidad y un clima favorable a la investigación. El fin de ambos atractivos ha dado el pistoletazo de salida a una nueva diáspora. El Gobierno está aún a tiempo de frenar, mediante una mayor atención presupuestaria a la investigación y la ciencia en España, una sangría que solo ha comenzado y que podría hacer retroceder a España más de una década en el ámbito científico.

El deterioro de la ciencia en España puede afectar a la capacidad de innovación de las empresas, motor del crecimiento y generación de riqueza. En el último Global Competitiveness Report, que compara a España con el resto de países del mundo, se muestra cómo España, a pesar de ocupar el puesto 12 en cuanto a PIB en el mundo, se encuentra mucho más lejos en capacidad de innovación (puesto 35) o en desarrollo y uso de las TIC (puesto 38). Las principales barreras para hacer negocios en España son, por orden: el acceso a la financiación, las restricciones que aún existen en el mercado laboral, la ineficiencia de las administraciones públicas y la insuficiente capacidad para innovar de empresas y administraciones públicas.

Por lo tanto, tras “desconectar” de nuestra vacaciones tenemos que hacernos una pregunta clave: ¿a qué retos habrán de enfrentarse de forma inmediata empresas, ciudadanos y gobierno? España ya no puede volver a crecer en construcción y la industria no ha dado buenas noticias. El turismo, a pesar de ser un motor importante, tiene un límite natural y una demanda bastante estable, por lo que no será capaz de absorber millones de parados con escasa cualificación. Las nuevas tecnologías están llamadas a constituir una gran fuente de empleo, pero su utilización y adopción completa requiere de un conjunto de habilidades y competencias a menudo fuera del alcance de muchos desempleados (idiomas, conocimientos en el uso de tecnología, flexibilidad, movilidad…) y no parece que de forma masiva se estén diseñando planes de formación adaptados a dichas necesidades (ni tampoco que dicha formación sea factible).

Emprender, innovar o internacionalizarse no es algo que un gobierno pueda imponer por decreto. Se precisa visión, incentivos y la capacidad de los jóvenes y personas con más talento y formación para impulsar nuevos negocios globales que creen empleo y riqueza. Se necesita acceso a la financiación para las nuevas empresas emergentes, que hoy no son capaces de superar los estándares de riesgo de la banca, lo que impide que el ahorro privado fluya en nuestro país hacia actividades de alto potencial y crecimiento.

La supuesta Ley de emprendedores presentará medidas para potenciar algunas de estas cuestiones, pero los inversores extranjeros siguen esperando reformas más profundas que mejoren realmente la competencia en los mercados españoles y la flexibilidad en la contratación para lograr que los trabajadores actuales se dirijan hacia los sectores con mayores perspectivas de futuro, sobre todo hacia el caso de empresas de nueva creación.

El conjunto de reformas necesarias abarca, por lo tanto, todos los ámbitos de la estructura productiva e institucional de España. La presente legislatura ha agotado gran parte de su capital en una serie de tímidas reformas, en recortes presupuestarios necesarios pero tremendamente impopulares y en una crisis de desconfianza por supuestos casos de corrupción que han alcanzado a la mayoría de los responsables del partido en el Gobierno.

¿Podrá el Gobierno recuperar el pulso de la legislatura e impulsar las reformas y medidas necesarias para consolidar la recuperación? La experiencia internacional y el elevadísimo nivel de nuestra deuda externa muestran que toda política de promoción económica habrá de estar asentada sobre un principio fundamental, crear valor añadido pensando en global y poniendo el foco en el único recurso que genera resultados extraordinarios: el conocimiento.