El gobierno acaba de presentar los “Presupuestos más austeros de la Democracia”. Olvidando el debate sobre formas, elecciones andaluzas y plazos, hagamos una valoración de los principales puntos y de su idoneidad.
En primer lugar, hemos de avanzar que la impresión no es positiva. Todo sistema fiscal se articula entre la eterna disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. Las medidas más enfocadas a aumentar la equidad del sistema suelen desincentivar el esfuerzo personal, y viceversa. Y era de esperar que el actual gobierno no considerase la equidad como un objetivo prioritario –aunque algunas medidas pasadas, como las subidas progresivas del IRPF, habían sorprendido a propios y extraños, que imaginaban una subida de la imposición indirecta (IVA e impuestos especiales). Pero lo que no era de esperar era que la eficiencia y la productividad estuviesen también ausentes en las consideraciones presupuestarias.
Aunque el diablo está en los detalles y, además, una cosa es el presupuesto inicial (que son solo previsiones y buenas intenciones) y otra muy distinta el presupuesto ejecutado, intentaremos sintetizar en grandes lineas los pros y los contras de los Presupuestos de 2012.
Nota: Al final del artículo podéis encontrar una breve disquisición sobre el impacto del ajuste sobre el PIB (es decir, sobre los multiplicadores fiscales) que omitimos aquí para no perder claridad.
Aspectos positivos
- El presupuesto no pretende ni de lejos realizar el ajuste completo que la Unión Europea desearía. Como explicamos en una anterior entrada, los ingresos se desploman en las recesiones, mientras muchos gastos (como las prestaciones por desempleo) se disparan incontrolablemente. Intentar un ajuste mayor tendría efectos todavía más catastróficos. Así, el Gobierno anuncia un ajuste de 2,5 puntos del PIB. Hay que tener en cuenta que este ajuste se refiere solo los presupuestos del Estado, que en la actualidad supone apenas un tercio del Sector Público Español.
- Luis de Guindos ha exhibido un notable realismo al explicar en el Wall Street Journal que la deuda sobre el PIB se incrementará alrededor de 10 puntos durante este año. Esto es importante de cara a la credibilidad frente a nuestros acreedores. Les estamos diciendo: “No podemos realizar el ajuste que nos piden en un año recesivo, aunque nos comprometemos a realizarlo en un horizonte cercano”. Si no fuésemos realistas en nuestros anuncios, esto tendría un fuerte coste reputacional cuando las cuentas reales aflorasen.
- Al Gobierno no le ha temblado la mano a la hora de plantear subidas de impuestos (como IRPF o sociedades) que a priori no encajan en la ideología de su electorado.
Aspectos negativos
- No se toca la principal vaca sagrada de nuestra estructura fiscal: la deducción por vivienda habitual. La reintroducción ya era absurda, y cualquier esperanza de desaparición o minoración se desvanece. Nunca nos cansaremos de repetirlo: se trata de una medida profundamente inequitativa (se benefician los propietarios y, dentro de estos, las rentas altas, pues deducen gastos a partir de un tipo marginal más alto) y además ineficiente, pues la vivienda es tremendamente inelástica y su gravamen genera muy pocas distorsiones. Es decir, que un aumento del gravamen (o una reducción de las deducciones) de la vivienda sería tanto equitativo como eficiente. Estas deducciones cuestan al Estado nada menos que entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales. Eliminarlas con efectos retroactivos plantearía sin duda un problema legal, pero al afectar a decisiones pasadas no generaría ninguna distorsión económica, además de que gravaría en mayor medida a las rentas con mayor capacidad de pago.
- Se podría haber recortado mucho más en inversiones en infraestructuras físicas y el efecto sobre la productividad habría sido nulo: España hace tiempo que ha sobrepasado con mucho el punto en el cual las infraestructuras mejoran la productividad. Somos ya el país con mayor número de kilómetros de Vías de Alta Capacidad y de vías ferroviarias de Alta Velocidad, y la magnitud del despilfarro solo se hace evidente cuando se comparan algunas inversiones con posibles alternativas. El Gobierno está todavía a tiempo de rectificar en este aspecto: basta con no ejecutar parte de las inversiones presupuestadas, especialmente los trayectos proyectados del AVE a Extremadura o Galicia.
- La reducción en el gasto educativo, particularmente en el apartado de becas, es desastrosa tanto en términos de equidad como de eficiencia productiva. La igualdad de oportunidades no es solo un objetivo de justicia social, sino un mecanismo para permitir que aflore el talento de los futuros ciudadanos de un país. Cuanto más lejos llegue cada estudiante en su educación, y cuantas más oportunidades tenga de experimentar en diversos campos, más fácil es que encuentre aquello que se le da bien, su verdadera vocación. El recorte de becas profundiza en la desigualdad de oportunidades y privará a España de ciudadanos futuros más productivos. Concretamente, la educación sufre un recorte del 21%, aunque es necesario aclarar que este gasto no se refiere a la educación propiamente dicha, competencia de las comunidades autónomas, sino principalmente a becas para estudios y formación continua.
- Se reducen las políticas activas de colocación, que ya eran de por sí muy deficitarias, y se incrementan las subvenciones directas, sobre cuya inutilidad ya ha hablado largo y tendido Samuel Bentolila.
Resumen
Se realiza un fuerte esfuerzo de ajuste, el cual ahonda aún más en la recesión pero que parecía por otra parte inevitable. Además, se es medianamente realista en los objetivos (aunque estos son optimistas en exceso; el aumento del 0,8% del PIB que anuncia la segunda página de la presentación oficial es una quimera).
Pero se ignoran recortes que habrían potenciado la eficiencia del sistema (eliminación de muchas más deducciones, especialmente en la vivienda principal) y se realizan recortes que deberían ser la última opción de cualquier gobierno, como el caso de la educación. Es por ello que nuestra valoración de los Presupuestos es negativa: es realista aceptar que los recortes han de realizarse, pero desperdicia una situación ideal para acabar con históricas vacas sagradas (deducción por vivienda, autopistas y AVEs a ninguna parte) y de apostar por un modelo productivo basado en más capital humano e igualdad de oportunidades.
Los editores,
Andrés Alonso, Abel Fernández y Javier García
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Nota sobre multiplicadores fiscales: Un ajuste fiscal lleva consigo una evidente reducción de la actividad económica. Ahora bien, la magnitud del multiplicador es importante e incierta. Cada euro de menos gastado es un euro menos de actividad, es decir, partimos de un multiplicador de 1 (esto es una cuestión contable), pero este efecto inicial ha de ajustarse por los cambios en los comportamientos de los agentes. Con información perfecta y racionalismo extremo, los agentes compensarían esta caída reduciendo el ahorro y gastando más al anticipar menores esfuerzos fiscales futuros (equivalencia ricardiana). Como en la realidad los agentes no son tan racionales, este efecto solo opera en parte, razón por la cual la literatura seria estima que el multiplicador fiscal se encuentra entre 0,5 y 1. Es decir, un ajuste fiscal de 2,5 puntos sobre el PIB llevará consigo una caída del PIB de entre 1,25 y 2,5 puntos del PIB, (aunque esta caída se atenuaría si las reducciones de gasto se concentrasen en las transferencias).
Nota sobre la amnistía fiscal: No nos sentimos capacitados para juzgar esta medida, pues es necesario un fuerte juicio de valor sobre el sentido de la justicia y la equidad en nuestro sistema. Desde un punto de vista pragmático, es una buena forma de recaudar y de reintroducir en nuestro sistema financiero una cantidad no despreciable de dinero. Desde un punto de vista realista, supone reconocer que las rentas altas tienen más privilegios que las rentas bajas, algo que no debería causar desvelos a día de hoy; ¿cuándo ha sido la situación distinta? Desde un punto de vista moral y de justicia social, es una solución abominable (esto no requiere grandes explicaciones). Y, desde un punto de los incentivos, indica a los posibles defraudadores que pueden ocultar rentas con la seguridad de que en la próxima crisis fiscal se producirá otra amnistía.
