La Seguridad Social ha cerrado el mes de enero con una nueva pérdida de cotizantes. Las 263.243 bajas netas añaden nueva presión a un déficit que supone ya el 1% del PIB de España. A pesar de que en 1 de enero de 2012 ha entrado en marcha el retraso paulatino de la edad de jubilación, a razón de un mes por año, la medida supondrá tan solo un ahorro cercano a los 300 millones de euros anuales, en comparación con los más de 10.000 millones de déficit actual. No obstante, mientras el déficit actual se debe a la coyuntura adversa, el problema real que amenaza la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, y por extensión al de la mayoría de los países occidentales, es el envejecimiento.

El año 2011 ha supuesto un hito histórico en nuestra demografía: el número total de adultos en edad de trabajar ha alcanzado su máximo. A partir de ahora, el número de potenciales trabajadores disminuirá en España cada año a la par que aumenta la proporción de pensionistas. Esta situación supone un nuevo paradigma para las economías desarrolladas, acostumbradas a una población activa creciente y lo que ello conlleva: más trabajadores, crecimiento e ingresos públicos. Por el contrario, el crecimiento económico habrá de venir a partir de ahora solo por dos vías: el aumento de la tasa de ocupación y la productividad.

El envejecimiento y la disminución de la población adulta no tendrían por qué suponer un problema por sí mismo, siempre y cuando el sistema de pensiones estuviese basado en el ahorro individual. Pero  en nuestro sistema son los trabajadores actuales quienes pagan las pensiones de los jubilados. Este sistema no difiere en esencia del que ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad: las personas que gozan de salud y son capaces de trabajar garantizan a sus ascendientes una vejez digna, confiando en que sus hijos harán lo propio cuando llegue su turno. No obstante, dos cambios fundamentales han alterado este equilibrio ancestral y amenazan la sostenibilidad de los modernos Estados de Bienestar.

:: En primer lugar, la longevidad más allá de los 60 años ha pasado de ser una excepción a ser la norma habitual. Desde principios del siglo XX, la esperanza de vida ha aumentado en los países desarrollados a razón de un año por cada lustro transcurrido, un ritmo que, lejos de decaer, se ha acelerado levemente durante los últimos años. Este fenómeno es, en el fondo, uno de los mayores avances sociales de nuestra época, al ser la vida el bien más valorado por toda sociedad. Pero su pleno disfrute implicará, si no se quiere perder capacidad adquisitiva al pasar de la actividad a la inactividad, un alargamiento de la vida laboral o un mayor nivel de ahorro. Vivimos más tiempo, disfrutamos más de nuestros seres queridos y ello nos hace más felices; a cambio, habremos de producir más o consumir menos (ahorrar) a lo largo de nuestra vida.

:: El segundo cambio fundamental sí supone, en cambio, un problema grave por la forma en que se han alineado los incentivos: la natalidad en España ha caído por debajo de la tasa de reposición, lo cual se debe en parte a la incorporación de la mujer al mercado laboral pero también a la desvinculación entre la cuantía de la pensión y la descendencia de quien la recibe. Hasta principios del siglo pasado, la posibilidad de una vejez digna dependía de la descendencia que cada trabajador tuviese. Los sistemas de pensiones de reparto nacieron como un seguro social para paliar la situación de aquellos ciudadanos que alcanzaban la vejez sin tener los descendientes necesarios para sobrevivir sus últimos días con dignidad. Pero el seguro social hizo a su vez posible una elección vital antes impensable: el tener solo uno o incluso ningún descendiente. La Seguridad Social ha supuesto, por lo tanto, la socialización del bienestar y el cuidado de los mayores de edad, con las ventajas e inconvenientes que ello conlleva.

La sostenibilidad de las pensiones no es, no obstante, el único problema que traerá el envejecimiento. El gasto sanitario depende también en gran medida de la edad de la población cubierta, hasta el punto de que el gasto de cada ciudadano jubilado triplica y cuadruplica el de un ciudadano adulto. La atención de ambas necesidades ejercerá una fuerte presión sobre el presupuesto público, e incluso puede llegar a crear una cierta tensión intergeneracional en una sociedad que ya de por sí proporciona pocas ayudas sociales a los más jóvenes.

La única solución: el ahorro

El descenso de adultos respecto al total de pensionistas obligará a reducir la generosidad de las prestaciones y a retrasar paulatinamente la edad de jubilación, dejando al ahorro como única solución posible para paliar la pérdida de poder adquisitivo. Las rentas altas y medias-altas, aquellas con más capacidad de ahorro, serán las menos afectadas por el problema. En cambio, el ahorro en las rentas más bajas de la sociedad es muy escaso más allá del pago de su hipoteca. ¿Cómo incrementar el ahorro de las rentas más bajas?

Parte de su bajo ahorro proviene de un justificado recelo hacia el sistema financiero. Los planes de pensiones privados han fallado sistemáticamente a la hora de ofrecer rentabilidades aceptables y, por otra parte, el escándalo de las participaciones preferentes, que no se ha limitado a Bankia, ha hecho un fuerte daño a la confianza en el sistema financiero. Además, el recurso a los fondos privados como solución parcial al problema de las pensiones suscitará siempre el rechazo de parte de la sociedad por motivos ideológicos.

No obstante, existe una solución intermedia que algunos países han adoptado ya: la creación de un fondo público de ahorro al que los trabajadores aportarían un pequeño porcentaje de su sueldo. El fondo podría ser gestionado con un coste razonable por un pequeño equipo de gestores de la Seguridad Social, e invertiría una parte en una cesta diversificada de bonos y otra parte en una cesta diversificada de acciones –siendo el Fondo de Pensiones de Noruega un excelente ejemplo a estudiar-. Los posibles beneficios de un fondo de estas características serían:

1. Los trabajadores estarían ahorrando para su propio futuro, lo cual evitaría un desincentivo al trabajo, al contrario del efecto que tendría una subida de las cuotas de cotización a la Seguridad Social. En la actualidad, los trabajadores saben que sus cotizaciones actuales sirven para pagar las pensiones actuales, y que un aumento de su cuota actual no tiene por qué repercutir en su pensión futura; una subida de las mismas reduciría aún más su renta disponible.
2. La ausencia de comisiones de gestión supondría un ahorro de entre un 0,5% y un 1% anual, una cantidad significativa en el largo plazo.
3. Permitiría el acceso de los trabajadores a ciertos productos financieros (como los TIPS, bonos protegidos contra inflación) generalmente reservados a los clientes institucionales.
4. Facilitaría la incentivación pública del ahorro más allá de las deducciones fiscales que ahora benefician casi exclusivamente a las rentas altas.

Este último punto merece una reflexión aparte. Varios países del mundo, con Gran Bretaña a la cabeza, están comenzando a aplicar los principios del Nudge en el diseño de políticas públicas. El Nudge (literalmente, “empujoncito”, término acuñado por Richard Thaler y Cass Sunstein) aplica los resultados de la economía conductual para ayudar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones. Si bien se trata de una forma de paternalismo, la diferencia fundamental respecto a las políticas tradicionales es que evita la imposición de ninguna medida, intentando en su lugar crear el entorno adecuado para que los agentes tomen mejores decisiones.

El ahorro individual es uno de los casos paradigmáticos del Nudge. La economía conductual ha identificado que las personas sufrimos un sesgo cognitivo conocido como “descuento hiperbólico”, al valorar excesivamente las gratificaciones actuales respecto a las futuras. Así, la baja tasa de ahorro de ciertos sectores de la sociedad evita que éstos perciban los beneficios que puede reportar incluso un pequeño ahorro en el corto plazo. En el caso de las pensiones, y respetando los principios del Nudge, el ahorro de los trabajadores podría ser sólo voluntario pero con un pequeño detalle sin importancia aparente: la opción por defecto sería “Sí ahorrar”. La economía conductual ha identificado una fuerte tendencia de las personas a aceptar las opciones por defecto, por lo que este pequeño detalle podría ayudar a ahorrar a muchas personas. Quien no quisiese ahorrar más (o prefiriese hacerlo mediante un fondo privado) sólo tendría que indicar a la Seguridad Social que no desea aportar dicho 2% de su sueldo al fondo y quedaría fuera de la acción del Estado.

¿Cuánto podría suponer un pequeño ahorro del 2% a lo largo de la vida de un trabajador? Otro sesgo bien conocido por la economía conductual es la dificultad del ciudadano medio para comprender el poder de la capitalización compuesta de los ahorros en el largo plazo. Por ejemplo, un pequeño ahorro del 2% sobre el sueldo medio en España, 22.790 euros en 2012, al cual se le aplicase una rentabilidad real del 3% -algo factible gracias a la mayor rentabilidad en el largo plazo de la renta variable-, supondrían a lo largo de una vida laboral unos 45.000 euros ahorrados en términos reales, es decir, a precios de hoy. La propia Seguridad Social podría así añadir a los pensionistas un aumento vitalicio de la pensión a cambio de la cantidad ahorrada, que para dicha cantidad supondrían alrededor de 300 euros mensuales, cantidad nada desdeñable en comparación con los 940 euros de la pensión media actual.

La pérdida de poder adquisitivo golpeará con más dureza a las rentas que no consigan ahorrar lo suficiente y nuestros representantes habrán de afrontar un problema que hasta ahora han evitado por su elevado coste electoral. Todavía existe margen de reacción frente al problema del envejecimiento, pero el tiempo para las soluciones poco traumáticas se acaba.